La investigación del 'caso Bravo' en las Juntas será secreta

Los siete grupos con representación en las Juntas Generales de Guipúzcoa acordaron ayer poner en marcha en septiembre la comisión que investigará el caso Bravo y, al mismo tiempo, solicitar que la institución se persone como acusación particular en las diligencias penales abiertas en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián.

Los partidos decidieron dar la máxima urgencia a la constitución del grupo de trabajo sobre el fraude presuntamente cometido por la empresa catalana Glass Costa Este Salou, de la que es socio el ex director de Hacienda Víctor Bravo y que recibió importantes beneficios fiscales de forma ilegal. Para ello tienen previsto solicitar a la Presidencia de la Cámara que convoque a comienzos de septiembre un pleno extraordinario para aprobar la creación de la citada comisión. La Diputación también solicitó la creación de este órgano. Tras una reunión informal de los portavoces junteros -julio y agosto son meses inhábiles en la Cámara provincial-, acordaron por unanimidad investigar las posibles responsabilidades políticas del caso Bravo a partir de la denuncia formulada por la Fiscalía contra, entre otros, altos cargos y funcionarios de la Diputación guipuzcoana. El ministerio público imputa al ex director de la Hacienda guipuzcoana y ex senador del PNV cinco delitos contra la Hacienda Pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos. Además de Bravo, otras cinco personas están presuntamente implicadas en una trama que causó unos perjuicios económicos de 2,15 millones de euros a la Hacienda estatal.

Deliberaciones abiertas

El socialista Julio Astudillo, que presidió la comisión de investigación sobre el fraude de la Hacienda de Irún, informó de que los grupos políticos proponen darse seis meses de plazo para analizar los hechos. Este periodo podría ampliarse, previa solicitud al pleno. Antes de elaborar el listado de las personas a las que se llamará declarar, la comisión solicitará que los actuales responsables del Departamento de Hacienda aporten información sobre este caso.

Los integrantes de la comisión guardarán secreto sobre el contenido de las comparecencias, explicó Astudillo. Se desestima así la propuesta del PP de que todas las sesiones sean abiertas. A diferencia de lo ocurrido con la investigación de la estafa millonaria en la Hacienda de Irún, que sólo hizo públicas las conclusiones definitivas, en esta ocasión los partidos han aceptado que durante la fase de debate y elaboración del informe final, los miembros de la comisión no estarán vinculados por el deber de guardar secreto de las deliberaciones.