Hacienda investiga a las empresas con domicilio fiscal en Cialt Asesores

El caso [Víctor] Bravo ha encendido las alertas en los servicios de inspección de las haciendas estatal y de Guipúzcoa. El fraude cometido por la empresa catalana Glass Costa Este Salou, que aparentó tener su sede fiscal en San Sebastián para dejar de ingresar al menos 2,15 millones de euros en la Agencia Tributaria del Estado, podría haber sido replicado por otras sociedades mercantiles que también tenían su sede social en las oficinas de Alt Norte (ahora Cialt Asesores) en San Sebastián. Éstas podrían haber empleado el mismo modus operandi para acogerse ilícitamente a los beneficios fiscales, lo que aumentaría la cantidad evadida.

La Hacienda foral y la estatal han abierto una línea de investigación específica a las más de 81 empresas que tienen notificado su domicilio fiscal en las oficinas de Cialt Asesores, el bufete que la Fiscalía de Guipúzcoa cita como un "nicho de empresas" y uno de cuyos administradores, Jesús Jiménez Oruna, ha sido acusado ante el juez por cinco delitos contra la Hacienda Pública.

El bufete tiene domiciliadas en su sede de Donostia a más de 81 empresas

Entre las sociedades figuran compañías de Víctor Bravo y Rufino Eizagirre

Aunque la investigación está lejos de concluir, las primeras pesquisas apuntan a que existen varias de estas empresas acogidas al régimen especial. Las averiguaciones tratan de verificar ahora si todas estas firmas mercantiles, como en el caso de Glass Costa Este Salou, tampoco desarrollan su actividad de negocio en Guipúzcoa, uno de los requisitos indispensables para acogerse a la tributación especial contemplada por la normativa foral, que emana del Concierto Económico.

Según datos de la Diputación guipuzcoana, en el número 11 de la Avenida de Tolosa de San Sebastián, sede de Alt Norte -cambió su denominación por Cialt Asesores y se trasladó en enero de 2009 a la Avenida de la Libertad, 17-, se encontraban domiciliadas las empresas Baltics-Burguera SL y Ekialde 4021 SL, ambas con participación de Víctor Bravo, ex director general de la Hacienda guipuzcoana y ex senador del PNV, imputado en esta causa por cinco delitos contra la Hacienda, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos. También figura Burguera-Mestral SL, administrada por el ex alto cargo foral Rufino Eizagirre, socio de Víctor Bravo en Ekialde 4021 y acusado de los mismos delitos que el anterior.

El propio fiscal, en su escrito de denuncia tramitado ya al juzgado de instrucción correspondiente, requiere que, entre las diligencias de investigación que deberían llevarse a cabo, se identifiquen los vínculos existentes entre Alt Norte y Cialt Asesores con respecto a Ekialde 4021. Esta mercantil también figura en el sumario del fraude de Irún, la trama dirigida desde la oficina de Hacienda de esa localidad por José María Bravo, hermano del ex senador del PNV, y que presuntamente defraudó 8,1 millones de euros al fisco guipuzcoano. Ekialde está considerada como una de las empresas que utilizó la trama de Irún para dar encubrir el dinero cobrado a contribuyentes morosos y no ingresado en Hacienda.

La Fiscalía también ha solicitado que se realice una tasación de las participaciones de Víctor Bravo y Eizagirre en Glass Costa Este Salou y Ekialde, así como del primero en Baltics-Burguera y del segundo en Burguera-Mestral. Todas estas compañías figuraban ante Hacienda con su domicilio fiscal en las oficinas de Alt Norte. Por el momento, las investigaciones practicadas sólo han podido determinar que hay indicios motivados de delito en Glass Costa Este Salou, cuyo administrador único es González Enfedaque y su cónyugue, Yolanda Zuinaga, ambos imputados en esta causa por cinco delitos contra la Hacienda. Enfedaque también carga con otro de cohecho.

La lista de acusados se completa con Arantza Arbelaitz, la esposa de Víctor Bravo, quien ocupó el cargo de presidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Diputación (el órgano que dirime en primera instancia las reclamaciones de los contribuyentes contra la Hacienda foral) entre 1993 y 2003. Durante todo ese periodo, el máximo responsable de la Hacienda guipuzcoana era su marido. Tras cesar Bravo, Arbelaitz fue nombrada directora de Servicios del Departamento de Industria del Gobierno vasco, cargo en el que se ha mantenido hasta que fue relevada al entrar el PSE en el Ejecutivo autonómico. Arbelaitz está imputada de cinco delitos fiscales.

El procedimiento empleado por esta trama arrancó a comienzos de esta década, cuando los acusados, con distintos grados de implicación, urdieron una fórmula para escapar del control fiscal de la Agencia Tributaria del Estado. El dueño de Glass Costa Este Salou, González Enfedaque, entró en contacto con Víctor Bravo, entonces director de Hacienda; Rufino Eizagirre, alto cargo de la Diputación, y Jiménez Oruna, administrador de Alt Norte, para simular que la citada empresa tenía su domicilio social en San Sebastián. Bravo y Eizagirre se prestaron a cooperar en este engaño fiscal a cambio de recibir el 7% del capital social de Glass Costa Este Salou (1,4 millones de euros para cada uno). Tres meses después de adquirir la condición de socios de la empresa catalana, dictaron la orden foral que otorgaba a Glass el régimen fiscal especial.