El 75% de los migrantes ahogados en la frontera Sur nunca son encontrados

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Entre enero de 2018 y junio de 2019 se ahogaron al menos 1.020 personas en 70 naufragios mientras intentaban cruzar la frontera Sur desde Marruecos para entrar en España. De ellas, solo se ha recuperado el 25% de los cuerpos, mientras que del resto, 816 migrantes, no se ha vuelto a saber nada. Este es uno de los principales hallazgos que ha revelado este martes una nueva investigación del colectivo Caminando Fronteras.

Titulado Vida en la necrofrontera, el documento analiza el impacto del control migratorio y acusa de este balance de víctimas mortales a unas "prácticas políticas orientadas a causar la muerte de quienes se mueven por la frontera". Los datos han sido obtenidos mediante su propio monitoreo de naufragios en la zona y también a partir de entrevistas con familiares de desaparecidos y supervivientes. De unos y otros incluyen numerosos testimonios en la investigación. "Seguro que serán más, pero esas [víctimas] seguro que son, porque nuestro trabajo es investigar junto a las familias, poner nombre a cada una de ellas y constatar cómo han ocurrido esos naufragios", ha defendido la activista y miembro del colectivo Helena Maleno.

En una rueda de prensa celebrada en el Consejo de la Abogacía de Madrid, Maleno ha denunciado las políticas del Estado que se están implementando en aguas españolas desde verano de 2018. "No solo hacemos morir, sino que dejamos morir", ha indicado. La activista hace referencia a algunas de las nuevas medidas adoptadas en el último año, desde que España registrara una cifra récord de llegadas en patera: más de 57.000 en 12 meses según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). "Es posible parar esas muertes si hay voluntad política y estamos pidiendo que esto suceda", ha reclamado.

La organización utiliza la palabra "necropoder" para aludir a las políticas que violan los derechos de las personas migrantes y que provocan muertes, que supuestamente se han creado para reducir la entrada de pateras. Los últimos datos del Ministerio de Interior, a 16 de junio, revelan un descenso del 18% de las llegadas en patera respecto a 2018.

Entre las decisiones más perjudiciales, el informe señala la instrumentalización de Salvamento Marítimo, un ente público creado para salvar vidas y que ahora se ha visto "forzado" a convertirse en un organismo de control migratorio. "Los medios que se ponen en marcha para proteger la vida de quienes vienen patera no son los mismos que cuando se ha perdido un europeo o un yate tiene algún problema", ha acusado Maleno, que ha calificado este tipo de medidas como un ejemplo más de "racismo institucional". "Esto es posible porque hemos construido un discurso durante 30 años de que ese control migratorio estaba por encima del derecho a la vida". Esa instrumentalización se refiere a los cambios en el funcionamiento interno de Salvamento Marítimo, que desde agosto de 2018 es supervisado por un Mando Único Operativo que gestiona la migración irregular en el Estrecho.

Decisiones como esta han contribuido a que Marruecos haya dado un paso atrás en sus políticas de integración de la población migrante que había puesto en marcha en los últimos años para pasar a una política impuesta desde Europa y dictada por España. "Los migrantes cuentan que este [desde verano de 2018 a ahora] ha sido el peor año en Marruecos, cuando los derechos humanos se han violado más, cuando han perdido la dignidad y la humanidad para convertirse en un objeto que se coge y se tira según las necesidades de los Estados", ha añadido el psicólogo y trabajador psicosocial de Caminando Fronteras Oussama Chakkor, presente en el lanzamiento del informe.

Maleno asegura que el número de desaparecidos cuadruplica al del año anterior y señala como una de las causas la deficiente atención de los servicios de salvamento marroquíes. Tal y como reveló EL PAÍS en marzo de 2019, un tercio de los casi 50.000 rescatados por Salvamento Marítimo el año pasado fue localizado en aguas de búsqueda y rescate marroquíes porque Marruecos no asumía su responsabilidad. Otras causas de los naufragios están relacionadas con la mala gestión de las alertas (información errónea o que llega demasiado tarde, demoras en la activación de dispositivos de rescate), falta de coordinación y medios insuficientes tanto por parte de España como de Marruecos. En cuanto a los primeros, Maleno ha recordado que, entre otras deficiencias, el servicio aéreo lleva meses trabajando sin radares porque están rotos. "Ellos salían y veían todas las pateras en el agua, y ahora están trabajando a ojo". De los segundos, la falta de recursos para el rescate en el agua. "En Marruecos se encarga la Marina Real marroquí y no tienen embarcaciones adecuadas para el rescate".

Las deficiencias en la atención a las víctimas

Tanto en la atención a las personas, las muertas y las vivas, como en la que se dispensa a los familiares de desaparecidos o rescatados, el informe encuentra numerosos puntos negros. Para quienes sobreviven a un naufragio y son trasladados a España, Marruecos y Argelia, la plataforma activista detectó falta de asistencia sanitaria y psicológica y la incorrecta aplicación de las leyes de Extranjería.

Después de una tragedia, lo que un migrante rescatado vive tampoco es mejor. "Que personas que han salvado vidas o que han visto ahogarse a compañeros tengan que dormir en un calabozo o en una comisaría es una vergüenza", ha criticado Maleno, en referencia a la patera a la deriva encontrada con 27 personas a bordo la semana pasada. En ella habían iniciado travesía 22 más que fallecieron durante el camino y fueron arrojadas al mar por los supervivientes. "Hablamos de personas que no tienen a dónde llamar para saber quiénes están vivos", ha completado en alusión a las familias de los migrantes. "Si retienes a un superviviente 72 horas, son 72 horas más en los que los familiares no saben si [sus seres queridos] están vivos o muertos". Salvo cuando se requiere asistencia hospitalaria previa, en España, la Ley de Extranjería ordena el traslado a comisaría de quienes entran en el país de manera irregular durante un máximo de tres días para que sean identificados y se inicien los trámites de expulsión si es el caso.

Caminando Fronteras ha recordado que las familias de los 1.020 desaparecidos en el Mediterráneo no pueden vivir su duelo porque ni siquiera saben dónde han acabado sus seres queridos debido al vacío informativo existente. Por eso, la ONG ha explicado que centra su trabajo en buscar a las personas desaparecidas y muertas, apoyar a las familias en los procesos de identificación y en reconstruir la memoria colectiva.