El Defensor del Pueblo critica la descoordinación entre ministerios con competencias migratorias

El último informe del Defensor del Pueblo, presentado hoy en el Congreso, llega en varios de sus apartados del capítulo de migraciones a la misma conclusión: falta coordinación entre departamentos con competencias en materia migratoria. La queja está dirigida, sobre todo, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, cuyas competencias se reparten con frecuencia en la atención a determinados colectivos como los solicitantes de asilo. En este asunto la tramitación del expediente recae en el Ministerio del Interior, pero la acogida depende de la Secretaría de Estado de Migraciones. La falta de coordinación lleva a que solicitantes a los que se retrasa su cita para iniciar el proceso no tengan dónde dormir. “Este reparto de competencias necesitaría de una revisión orgánica y funcional profunda”, demanda el defensor, que también exige "sin demora" una política migratoria "que contemple todo el fenómeno en su totalidad".

La incapacidad del sistema para atender un incremento sin precedentes de las solicitudes de protección internacional es, precisamente, uno de los tres temas para los que el defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, reclama “una intervención urgente”. El año pasado más de 54.000 personas solicitaron asilo y los cajones de la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior se llenaron con casi 80.000 expedientes por resolver. “El sistema no ha sido capaz de adaptarse, con la agilidad necesaria, al fuerte incremento de solicitudes”, destaca el documento. El defensor reconoce los esfuerzos para dotar de medios a la Oficina de Asilo, pero no ve avances en materia de acogida. “No se han adoptado las medidas de choque necesarias para evitar que, en varios momentos del año, un número significativo de estas personas, no haya podido acceder a un recurso residencial adecuado a su situación”, mantiene el informe.

La atención de los migrantes, casi 65.000 personas en 2018, tras su llegada es también motivo de preocupación. El aumento de entradas de manera irregular, así como el de solicitantes de asilo, batió récords el año pasado, sin que se hayan resuelto, según el informe, las carencias estructurales del sistema de acogida. “En ambos casos, la Administración, en el ejercicio de su potestad auto organizativa, ha optado por no aumentar la red de plazas públicas mediante la construcción de nuevos centros de acogida para refugiados o nuevos centros de estancia temporal para inmigrantes”, señala el defensor aludiendo a la Secretaría de Estado de Migraciones.

En su lugar, mantiene Marugán, "se ha delegado en distintas entidades sociales la acogida y atención de las personas que llegan a las costas españolas así como de las que solicitan protección internacional”. No le corresponde al defensor juzgar la estrategia, pero sí advierte: “En una primera valoración, no parece que la opción elegida haya sido capaz de generar las plazas de acogida suficientes que permitan ofrecer de manera inmediata la asistencia necesaria a estas personas”.

Requiere de actuación inmediata también la gestión del Ministerio de Justicia de las solicitudes de nacionalidad española. El defensor destaca la cifra de extranjeros que adquirieron la nacionalidad por residencia en 2017, apenas 25.924, el número más bajo desde 2008. La caída de las concesiones no se debe a una menor demanda, sino al colapso en el sistema que acumula más de 300.000 solicitudes debido a la falta de personal y el mal funcionamiento del sistema informático con el que se gestionan los expedientes. “La situación ha empeorado notablemente respecto a 2017, nuevamente se acumulan cientos de miles de expedientes de nacionalidad por residencia pendientes de resolver”, señala el defensor.