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El Defensor reclama a Prisiones más cámaras para prevenir los malos tratos a reclusos

Su último informe pide regular la conservación de las videograbaciones para certificar las denuncias y evitar acusaciones "espurias" contra funcionarios

Francisco Fernández Marugán, presenta el Informe Anual 2018 a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. En vídeo, el Defensor del Pueblo hablando sobre sanidad y vivienda.

El Defensor de Pueblo vuelve a dedicar un amplio espacio en su último informe a la situación de las cárceles españolas y, en concreto, a los suicidios de presos y a las denuncias de malos tratos denunciadas por reclusos. En el documento, presentado formalmente esta mañana, la institución reclama a Instituciones Penitenciarias la instalación de cámaras de videovigilancia allí donde se cachea a los internos y que se elabore con "urgencia" una norma para asegurar la conservación de las imágenes grabadas por los sistemas de videovigilancia interior de las prisiones como la mejor manera de prevenir los casos de malos tratos, de los que el año pasado el Defensor recibió 55 quejas. El documento detalla que esta última medida, ya reclamada en años anteriores, facilitaría "la defensa de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad" que dicen haber sido víctimas de episodios de maltrato y que carecen de un medio de prueba básico para "dar soporte y viabilidad" a la denuncia, pero también acabar con las denuncias "espurias" contra funcionarios.

El Defensor del Pueblo, que encabeza en funciones Francisco Fernández Marugán, destaca en este sentido la denuncia penal tramitada por la propia Administración contra funcionarios del Centro Penitenciario de Teixeiro (A Coruña) ante un juzgado de Betanzos por la supuesta agresión a un preso y que ha desembocado en la imputación de cuatro de ellos gracias, precisamente, a la remisión a la magistrada que instruye la causa de las imágenes grabadas por el circuito cerrado de videovigilancia, como adelantó EL PAÍS. El informe destaca que este caso "constituye un buen ejemplo de la utilidad de los sistemas de videovigilancia en el esclarecimiento en sede judicial de las quejas y denuncias por malos tratos que las personas privadas de libertad plantean contra funcionarios de prisiones" y recuerda que la conservación de estas imágenes en una antigua reclamación de la institución aún no atendida por Prisiones. Como ejemplo contrario, el Defensor del Pueblo pone otro suceso denunciado en la cárcel de Palma de Mallorca y en el que, la falta de conservación de esa grabación, impidió "conocer cómo se desarrollaron al menos parte de aquellos hechos", por lo que la denuncia fue archivada.

Además de la conservación de las imágenes, la recomendación del Defensor del Pueblo plantea extender los sistemas de videovigilancias, presentes en módulos y patios, a otros puntos de las cárceles. En concreto, a las zonas de tránsito entre dependencias para que queden registrados "los desplazamientos de los internos que están siendo o van a ser sometidos a medidas coercitivas" y a aquellos lugares donde se practican los cacheos a los internos, foco de buena parte de las denuncias. El documento destaca que esta última medida permitirá tanto avalar las denuncias de los internos como esclarecer las acusaciones "espurias contra funcionarios penitenciarios". El Defensor del Pueblo destaca que, si bien los responsables de Instituciones Penitenciarias comparten su visión sobre esta medida siguen sin desarrollar la normativa para ponerla en marcha y en algunas cárceles, que no concreta, los representantes de la institución han encontrado reticencias.

Sobre las medidas de prevención del suicidio, el informe recalca la necesidad de seguir trabajando tras alabar que en los últimos meses Prisiones haya aceptado su recomendación de revisar la figura del preso de apoyo que acompaña al interno que muestra síntomas de que pueda intentar matarse, y la modificación del material con el que se confeccionan las sábanas que se les entregan para evitar que sigan siendo el principal instrumento utilizado para quitarse la vida. No obstante, Fernández Marugán reclama que se tomen más medidas, después de detallar que en 2017, último año del que existen datos estadísticos, se produjeron 27 suicidios y 68 tentativas en las cárceles españolas. Entre ellas, reclama la toma sistemática de fotografías de la víctima y el lugar donde se produjo su fallecimiento, que hasta ahora solo se hace en algunos casos, para estudiar con profundidad cada caso y adoptar medidas que impidan otros casos. También reclama que se dé apoyo psicológico a los internos que hacen la función de preso de apoyo para prevenir el suicidio de otro compañero.

El informe alaba la decisión del Ministerio del Interior de flexibilizar los requisitos para proceder a la excarcelación de los presos gravemente enfermos -y que fue endurecida por el Gobierno del PP para impedir la salida de reclusos de ETA-, pero también critica la falta crónica de personal sanitario para atender a los internos. El documento destaca que están sin cubrir casi un tercio de las plazas y que las convocatorias que se realizan para subsanar esta grave carencia nunca se cubren en su totalidad. Además, recalca que el 75% de los actuales médicos penitenciarios tiene más de 55 años, por lo que augura que "es previsible que en los próximos años, si no se adoptan medidas vigorosas, este problema se agrave". "No se está ante un problema coyuntural -continúa el Defensor del Pueblo- sino que es de carácter estructural y desde esa perspectiva ha de ser abordado". Y recuerda que las condiciones que se ofrecen a posibles candidatos "no son atractivas".

También denuncia la situación de los funcionarios de prisiones, de los que recuerda que a lo largo de 2018 han protagonizado variadas medidas de protesta, incluida una huelga en todos los centros penitenciarios. Según el escrito, sus reivindicaciones tienen "su base en la paulatina disminución de efectivos de las plantillas" amparada en la progresiva disminución de la población penitenciaria (actualmente es de 59.094 internos, un 16% menos que en 2012). Sin embargo, el Defensor del Puelo considera que esta falta de funcionarios se ha traducido "en mayores dificultades para garantizar la seguridad" en el interior de las cárceles, lo que ha provocado "mayor estrés" tanto a los funcionaros como a los reclusos. También destacan que, como en el caso de los médicos, hay un progresivo envejecimiento de las plantillas, cuando determinados puestos, sobre todo los de vigilancia, requieren que los trabajadores "posean vitalidad, madurez y experiencia".

En este marco sitúa el Defensor del Pueblo las reclamaciones de los funcionarios de mejoras de los equipos de protección, una mayor formación y la consideración de agentes de la autoridad para hacer frente a las agresiones que sufren y que, según denuncian los trabajadores, van en aumento. Precisamente este martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidía la entrega de diplomas a los 832 nuevos funcionarios de Prisiones en el que se anunciaba que la convocatoria del próximo año será de 900 nuevas plazas para "paliar las vacantes generadas por años de congelación del empleo público". 

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