Una juez imputa a cuatro funcionarios de prisiones por apalear a un recluso

El caso de la supuesta paliza propinada el 10 de octubre por funcionarios de prisiones a un recluso en el Centro Penitenciario de Teixeiro (A Coruña) acumula ya cinco imputados. En las últimas semanas, la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Betanzos, Emma Mourenza, ha tomado declaración como investigados por un delito de lesiones a cuatro trabajadores penitenciarios que se vieron implicados en el suceso, según detallan fuentes judiciales. También ha interrogado al recluso, imputado por lesionar en la posterior refriega a dos de ellos.

La decisión de la magistrada se produce después de que el Ministerio del Interior le remitiera a comienzos de diciembre las imágenes grabadas por el circuito de vídeo vigilancia de la cárcel en las que supuestamente se observa cómo dos funcionarios golpeaban con porras al reo en presencia de los otros dos sin que, aparentemente, mediara provocación. El suceso se saldó con dos trabajadores penitenciarios hospitalizados después de que el preso respondiera a puñetazos. En la causa, tanto los trabajadores como el preso figuran en una doble condición de “investigados-perjudicados”, según recoge un documento judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS. La magistrada ha encargado informes forenses para determinar la entidad de las heridas de todos ellos.

La supuesta agresión se produjo en el módulo 13 de la prisión coruñesa, donde entonces estaba recluido H. B. B., un preso considerado como conflictivo por Instituciones Penitenciarias que cumple condena por robos con fuerza, usurpación y hurtos, entre otros delitos. Clasificado en primer grado —el más restrictivo— por su mal comportamiento, los funcionarios optaron aquel día porque fuera el último interno del módulo en bajar al patio tras el preceptivo cacheo y registro de la celda.

Según detallan fuentes que han visto las imágenes enviadas por Interior, en las mismas se observa cómo el recluso sale de su celda y se deja cachear sin ofrecer resistencia rodeado en todo momento por cuatro funcionarios, mientras un quinto registra su habitáculo. Tras unos minutos en los que todo parece desarrollarse con normalidad, uno de los trabajadores le coloca sobre el pecho la porra que porta y comienza a darle pequeños golpes de manera reiterada. Instantes después, ese mismo funcionario le golpea con fuerza dos veces en las piernas a la altura de las rodillas y, posteriormente, en el cuello.

Golpes y patadas

El vídeo muestra cómo, tras ese último golpe, H. B. consigue zafarse del cerco de los funcionarios y se refugia en el fondo del módulo. Una vez allí, repele los intentos de los funcionarios de acercarse para reducirlo y de un puñetazo derriba a uno de ellos. Tras unos minutos en los que se cruzan golpes y patadas, los cinco funcionarios abandonan el módulo para avisar de lo sucedido. Después de que la dirección del centro penitenciario enviase al juzgado el parte de las lesiones de los funcionarios, la magistrada abrió una investigación en la que en un primer momento el único imputado era el recluso. Se le acusaba de lesionar a los trabajadores, uno de los cuales sufrió fractura de mandíbula. Aquel incidente fue esgrimido entonces por los sindicatos para denunciar “la lamentable situación laboral” de los funcionarios de prisiones.

En paralelo, Instituciones Penitenciarias abrió un expediente interno y, tras visionar las imágenes que recogían el incidente, concluyó que los funcionarios que golpearon con sus porras al recluso habían hecho una utilización “desmedida” de la violencia sin justificación. El informe fue enviado, junto al vídeo, a la juez, que, tras visionarlo, imputó a ambos trabajadores y a otros dos que aparecían en las imágenes.