Detenido un funcionario de prisiones por ayudar a una célula de reclusos yihadistas

La Policía Nacional ha detenido este lunes en su domicilio de Pinto (Madrid) a un funcionario de prisiones, Miguel S. M., acusado de colaborar con una célula yihadista que operaba dentro de los centros penitenciarios de Madrid III, en Valdemoro (Madrid), y Mansilla de la Mulas (León), según han informado a EL PAÍS fuentes policiales y penitenciarias. En la bautizada como Operación Kafig han sido arrestadas otras siete personas, entre ellas cinco reclusos de origen marroquí que, si bien habían ingresado en prisión por delitos de tráfico de drogas, se habían radicalizado dentro de la cárcel, detallan fuentes cercanas a la investigación. Uno de ellos ejercía de "jefe" y había llegado a ofrecer dinero a otros reclusos que abandonaban la prisión a cambio de que atentaran. El trabajador de la cárcel está acusado de entregar a los internos dispositivos móviles -principalmente pendrives- con material yihadista prohibido a cambio de dinero, señalan varias fuentes penitenciarias consultadas.

La investigación —en la que ha participado Instituciones Penitenciarias y dirige el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata— permitió identificar a Suleimán E. M., preso en Valdemoro, como presunto cabecilla del grupo. El resto de integrantes le llamaban “jefe” y ejercía un gran dominio sobre todos ellos. Presuntamente ordenaba amenazar e, incluso, agredir a todos aquellos presos musulmanes que se alejaban de la disciplina de la célula o que no cumplían estrictamente con los preceptos de la religión musulmana en su interpretación más rigorista. Junto a él fueron arrestados en la misma prisión Omar B., Charik A. y Kamla A. En el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas lo fue Mohamed E. K.

Suleimán mantenía ese estricto control, incluso, cuando los reclusos abandonaban la prisión. Durante las pesquisas, los agentes pudieron comprobar cómo los integrantes de la célula proponían a otros internos a punto de abandonar la cárcel cometer atentados una vez fuera. Para convencerlos les aseguran que contaban con un contacto en el Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés) que haría llegar a sus familias una recompensa económica una vez perpetraran el atentado.

En sus labores de captación, la célula utilizaba vídeos yihadistas que habían conseguido colar en prisión. De hecho, en los registros de la celda del cabecilla se intervino un pendrive electrónico con abundante material en el que se ensalzaban la yihad y los atentados suicidas oculto entre vídeos pornográficos. El principal objetivo de su labor de adoctrinamiento eran reclusos musulmanes que mostraban un marcado desarraigo, una personalidad extremadamente influenciable o pasaban por apuros económicos tanto ellos como sus familias. En la operación también ha sido detenida una pareja residente en Alcorcón (Madrid), Mohamed Ch. y Fátima L., por ayudar a la célula y que seguía las instrucciones del jefe del grupo. La mujer era la responsable de pagar al funcionario de prisiones por introducir en prisión el material yihadista.

Otra operación en octubre

No es la primera vez que las Fuerzas de Seguridad del Estado actúan contra grupos de reclusos radicalizados en prisión. El pasado mes de octubre la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias desmantelaron una red de radicalización presente en 17 cárceles en la que participaban 26 reclusos musulmanes, la mayoría encarcelados por actividades terroristas, aunque también había presos por delitos comunes que habían adoptado posiciones extremistas dentro de la cárcel precisamente por la actividad del grupo.

Entre los arrestados estaban dos de los condenados por los atentados del 11-M: Jamal Zougam (al que la investigación adjudicó la autoría de una pintada yihadista en una cárcel) y Hassan El Haski. Al frente del grupo estaba Abderrahmane Tahiri, alias Mohamed Achraf (que ya lideró una red de captación yihadista en la cárcel de Topas), Mohamed El Gharbi (detenido como integrante de un grupo que planeaba atentar contra el Parlament de Cataluña), Karim Abdeselam Mohamed (condenado por el envío de terroristas a Siria) y Abdelghani Zarrouri (condenado por violencia de género y que se había radicalizado en prisión).

El grupo fue detectado gracias a la labor de los Grupos de Seguimiento y Control de las cárceles, integrados por funcionarios penitenciarios destinados a controlar a los presos más peligrosos, que detectaron la actividad de proselitismo de un reo y sus contactos con otros reclusos a los que intentaba atraer a las posiciones radicales del Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés). El seguimiento del mismo permitió identificar a todos los integrantes de esa red, que mantenían una fluida comunicación entre ellos mediante correo postal -dentro de prisión están prohibidos los teléfonos móviles y el acceso a internet-.

Entre ellos, había numerosos reclusos encarcelados por terrorismo yihadista y, por tanto, catalogados como presos F IES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) que, en ocasiones, utilizaban a otros reclusos ajenos a la red para hacer llegar sus mensajes a otros presidios y, así, evitar el control al que se encuentran sometidas todas sus comunicaciones. En el grupo había "dinamizadores" que, además de captar a internos, buscaban cohesionar a los presos encarcelados por yihadismo. Para los expertos antiterroristas, eran el embrión de un futuro "frente de cárceles" a semejanza de lo que ha habido entre los presos de ETA para mantener cohesionado el colectivo.