Cae una red de radicalización en las cárceles con 25 presos yihadistas implicados

La Guardia Civil y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han lanzado este lunes una amplia operación antiyihadista en 17 de cárceles españoles. La Operación Escribano -bautizada así porque los implicados se transmitían por carta mensajes e instrucciones- ha permitido desmantelar una red de radicalización en la que participaban 25 reclusos musulmanes, la mayoría encarcelados por actividades terroristas, aunque también los hay presos por delitos comunes que habían adoptado posiciones extremistas dentro de la cárcel precisamente por la actividad del grupo. Entre los arrestados hay varios ciudadanos españoles conversos o en proceso de conversión.

La operación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha sido posible después de que los Grupos de Seguimiento y Control de las cárceles, integrados por funcionarios penitenciarios destinados a controlar a los presos más peligrosos, detectase la actividad de proselitismo de un reo y sus contactos con otros presos a los que intentaba atraer a las posiciones radicales del Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés). El seguimiento del mismo permitió identificar a todos los integrantes de esa red, formada por un grupo de 25 presos musulmanes que mantenían una fluida comunicación entre ellos mediante correo postal -dentro de prisión están prohibidos los teléfonos móviles y el acceso a internet-.

Entre ellos, había numerosos reclusos encarcelados por terrorismo yihadista y, por tanto, catalogados como presos FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) que, en ocasiones, utilizaban a otros reclusos ajenos a la red para hacer llegar sus mensajes a otros presidios y, así, evitar el control al que se encuentran sometidas todas sus comunicaciones. En el grupo había "dinamizadores" que, además de captar a internos, buscaban cohesionar a los presos encarcelados por yihadismo. Para los expertos antiterroristas, eran el embrión de un futuro "frente de cárceles" a semejanza de lo que ha habido entre los presos de ETA para mantener cohesionado el colectivo.

Los funcionarios de prisiones trasladaron la información recopilada a los expertos antiterroristas de la Guardia Civil que este lunes procedió al registro de las celdas de todos ellos en busca de documentación incriminatoria y a tomarlos declaración como investigados por actividades de radicalización. El Ministerio del Interior señala que es la primera operación de estas características que se realiza en Europa.

Fuentes de la lucha antiterrorista recalcan la importancia de este tipo de operaciones en lo ocurrido en otros países de nuestro interno y, en concreto, en Francia y Bélgica. En 2016, en la prisión gala de Osny un interno atacó a varios funcionarios de prisiones. Este mismo año, en Lieja (Bélgica) un preso de permiso que se había radicalizado en prisión asesinó a dos policías y un civil. Interior destaca en una nota que estos hechos convertían la existencia del grupo ahora desarticulado en "un potencial riesgo para la seguridad" sobre todo porque varios de los investigados iban a ser puestos en libertad próximamente.

El control estricto sobre los presos yihadistas se puso en marcha en julio de 2014 con un primer programa para “la prevención de la radicalización en los establecimientos penitenciarios”, seis meses después de que detectara que ya había 59 presos comunes que habían abrazado la yihad durante su estancia en la cárcel. Entonces, los expertos penitenciarios dividieron a los presos islamistas en tres grupos, bautizados con las letras A, B y C, en función de si habían sido encarcelados por actividades terroristas, si se dedicaban al proselitismo con otros reclusos musulmanes o si habían sido captados, respectivamente. El programa fue ampliado en octubre de 2016 con un plan en el que, además de detectar la radicalización, se fijaron instrumentos para intentar desvincular a los internos de los postulados yihadistas.

El pasado mes de febrero, Instituciones Penitenciarias puso en marcha un nuevo instrumento para frenar el fenómeno que denominó “instrumento de evaluación del riesgo de radicalismo violento”. Se trata de un programa que pretende analizar la información que los funcionarios de Prisiones recopilen en el día a día tanto de los internos encarcelados por delitos de terrorismos como de aquellos que han mostrado signos de estar dando pasos hacia la radicalización. Con esa información, Prisiones cuantifica semestralmente el riesgo de que el recluso islamista “reincida delictivamente o repita los comportamientos que le han llevado a prisión”.

El número de presos yihadistas ha registrado un fuerte aumento en los últimos años. Así, de los 51 yihadistas que estaban encarcelados a finales de 2014 (42 de Al Qaeda y el resto de otros grupos islamistas, pero ninguno del ISIS) se pasó al año siguiente a 93, tras el ingreso en prisión de 51 miembros de este último grupo terrorista. Una cifra que siguió creciendo en los años siguientes hasta alcanzar en octubre de 2017 los 151 reclusos. Sin embargo, los doce meses transcurridos desde entonces han supuesto un ligero descenso. Así, el pasado marzo eran 146, y a mediados del pasado mes de agosto, 134, última cifra disponible. De ellos, 93 (85 hombres y 8 mujeres) estaban vinculados de algún modo al Estado Islámico. Otros 40, todos ellos varones, pertenecían a Al Qaeda y uno más, al Grupo Islámico Armado (GIA), organización del origen argelino.

A ellos hay que sumar el número de presos comunes que se consideran radicalizados y a los que Instituciones Penitenciarias también ha puesto bajo estrecho control. Son otros 118 reclusos, de los cuales 35 realizan labores de proselitismo, mientras que los 83 restantes han mostrado signos de radicalización. El plan de reinserción puesto en marcha por Interior estos últimos años solo ha conseguido a 23 de estos presos.