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La Fiscalía no ve delito en las bajas masivas de funcionarios de prisiones

Interior denunció que la ausencia de más de 1.000 trabajadores durante la semana previa a la Navidades "generó problemas graves" en 11 cárceles

Manifestación de funcionarios de prisiones ante la sede del PSOE. Ver fotogalería
Manifestación de funcionarios de prisiones ante la sede del PSOE.

La decisión del Ministerio del Interior de denunciar las bajas masivas de funcionarios de prisiones en 11 cárceles durante la semana previa a las pasadas Navidades ha recibido un primer jarro de agua fría. La Fiscalía de Zaragoza ha comunicado a Instituciones Penitenciarias que en la actuación de los cerca de cien trabajadores que durante aquellos días no acudieron a sus puestos de trabajo en una de estas prisiones, el Centro Penitenciario de Zuera, no hay indicios de delito y que, por tanto, archiva las diligencias de investigación abiertas, según se refleja en su resolución a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El resto de fiscalías provinciales que recibieron denuncias aún no se han pronunciado, según fuentes penitenciarias y sindicales consultadas.

En total, del departamento de Fernando Grande-Marlaska pidió el pasado 22 de diciembre investigar a más de un millar de funcionarios de prisiones a los que acusaba de “un abandono colectivo del servicio”, castigado en el artículo 409 del Código Penal con pena de multa. Consideraba que el número de bajas por motivos médicos que se presentaron entonces era "inusual" y que la avalancha de ausencias había generado “problemas muy graves” en, al menos, 11 prisiones. Para ello, remitió a la Fiscalía una relación nominal de todos los trabajadores que se habían ausentado aquellos días.

Instituciones Penitenciarias también pidió que se actuara contra los dirigentes sindicales que, a través de un comunicado hecho público un mes antes, habían planteado iniciar el 14 de diciembre "una semana de la salud". Interior consideró este texto era un llamamiento a "una huelga encubierta". En aquel momento, el enfrentamiento entre el ministerio y los funcionarios de prisiones vivía sus momentos de mayor tensión con manifestaciones multitudinarias tras la ruptura dos meses antes de las negociaciones abiertas para la equiparación salarial que reclamaban.

Ahora la fiscalía considera que de la lectura de aquel comunicado de los sindicatos "no se desprende la incitación a los trabajadores para que abandonen su servicio alegando motivos de salud", sino simplemente una información sobre "las medidas que van a adoptar para defender sus reivindicaciones". Por tanto, concluye que los dirigentes sindicales no promovieron, dirigieron ni organizaron "un abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público".

Sobre la actitud individual de los funcionarios, la resolución de archivo señala que se desconoce si estaban o no justificadas sus ausencias por motivos de salud, además de recalcar que Interior tampoco ha aportado pruebas sobre "el grave perjuicio" que las bajas supuestamente provocaron en la cárcel de Zuera. Por todo ello, la Fiscalía concluye que los hechos denunciados por Interior "no revisten caracteres de un delito ni que se pueda exigir responsabilidades penales". No obstante, deja abierta la puerta a que Instituciones Penitenciaria realice una "investigación interna a efectos administrativos o disciplinarios".

El aluvión de bajas se inició de manera tímida el 14 de diciembre, aunque se hizo especialmente intenso tres días después, según las cifras que manejó entonces Prisiones. A lo largo de siete días, 35 de las 70 prisiones dependientes de Interior —Cataluña tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria— vieron cómo decenas de los funcionarios de los servicios de vigilancia no acudían a trabajar tras alegar enfermedad. La falta de trabajadores llevó a los directores de las cárceles más afectadas a obligar a los funcionarios que terminaban su turno a continuar trabajando para garantizar la seguridad del recinto. Los sindicatos denunciaron que en algunos casos llegaron a hacer más de 48 horas de servicio continuado. 

Finalmente, de todas las cárceles afectadas por las bajas masivas, Interior dio instrucciones a los directores de las cárceles de Puerto I y Puerto III (ambas en Cádiz), Albolote (Granada), Picassent (Valencia), Villena y Fontcalent (las dos en Alicante), Campos del Río (Murcia), A Lama (Pontevedra) Dueñas (Palencia) y las zaragozanas de Zuera y Daroca, para que presentaran denuncias ante la Fiscalía. Según fuentes penitenciarias, finalmente lo hicieron diez, entre ellas la de Zuera, que es la que acaba de ser archivada.

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