El conflicto de Interior con los sindicatos de prisiones llega a los juzgados

El enconado conflicto laboral que desde hace casi un año enfrenta al Ministerio del Interior con los funcionarios de Prisiones ha llegado a la justicia penal. El titular del Juzgado de Instrucción 33 de Madrid, Tomás Martín, acordó el pasado 8 de diciembre la apertura de diligencias previas después de que la organización mayoritaria, el sindicato ACAIP, presentase una denuncia por prevaricación, malversación y contra los derechos de los trabajadores contra el actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, al considerar irregular el reciente reparto de más de un millón de euros en complemento de productividad entre trabajadores.

El magistrado destaca en el auto con el que abre la causa que los hechos recogidos en la denuncia del sindicato "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", aunque evita dirigir de momento la investigación contra nadie en concreto a la espera de "practicar aquellas [diligencias] esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado". El juez Martín pide a la fiscalía, como es preceptivo, que emita un informe sobre los hechos contenidos en la denuncia.

La denuncia se presentó el pasado 29 de noviembre, solo dos días después de que Ortiz firmase una resolución administrativa para repartir una "productividad extraordinaria" a los cargos directivos de las cárceles y a los trabajadores sanitarios de las mismas, así como al personal de los servicios centrales de Instituciones Penitenciarias. El sindicato considera que este reparto fue "malversador, arbitrario, ilegal, atentatorio y coaccionador" ya que considera que con su distribución se penalizó a aquellos funcionarios secundaron los paros de finales de octubre y mediados de noviembre. El propio Ortiz negó el jueves, durante una comparecencia parlamentaria, esta acusación y recalcó que el complemento se había repartido entre los funcionarios que en aquellas jornadas de huelga vieron prolongada su jornada para cubrir los servicios mínimos fijados.

Recientemente, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional anuló otro reparto de la productividad de Instituciones Penitenciarias. En concreto el que hizo a finales de 2017, con el popular Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior. El fallo consideró que este reparto —que benefició a un millar de directivos de una plantilla de 23.500 trabajadores— debió negociarse con los representantes sindicales. La decisión ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por Instituciones Penitenciarias.

Última manifestación 

La decisión del juez de abrir diligencias previas se conoce unos días después de que cerca de 7.000 funcionarios de prisiones convocados por las cuatro organizaciones mayoritarias -ACAIP, CSIF, UGT y CC OO- recorrieran las calles del centro de Madrid para exigir al ministro Fernando Grande-Marlaska la reapertura de las negociaciones sobre la subida salarial del colectivo. Estas se habían roto el pasado mes de septiembre, después de que el máximo responsable de prisiones planteara en una reunión con los representantes de los trabajadores una propuesta de subida y la retirase tres días más tarde tras asegurar que era solo un "estudio técnico" y no había partida presupuestaria para afrontarla.

Desde entonces, los funcionarios de prisiones han protagonizado seis días de huelga en las cárceles y un encierro en la sede de Interior, además de reclamar de manera insistente el cese de Ortiz al frente de Prisiones. Este insistió el pasado jueves en el Congreso que está dispuesto a sentarse a negociar y planteó su disposición a aceptar una de las reclamaciones de los sindicatos: la reclasificación de los centros penitenciarios dependientes de Interior (todos excepto de los de Cataluña) "en cuanto el marco presupuestario lo permita". Esta medida, aseguró, tendría "efectos retributivos" que permitirían disminuir las diferencias salariales de hasta 737,27 euros que existen actualmente entre trabajadores de una y otra prisión que realizan el mismo trabajo.