Cárceles (casi) a prueba de fugas

El pasado miércoles, Juan Carlos Gámez, condenado a 17 años por la muerte de un hombre en Tenerife, no volvió a la cárcel tras disfrutar un permiso. Aún en paradero desconocido, su evasión ha sido la última de media docena de fugas que en los últimos meses ha atraído la atención de los medios de comunicación. Sin embargo, la visión de las cárceles españolas que traslada estos sucesos no se corresponde con la que recogen las estadísticas oficiales.

Según detalla el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaria al senador de EH-Bildu Jon Iñarritu, entre 2005 y noviembre de 2018 —único periodo del que existen estadísticas detalladas— se produjeron 9.520 quebrantamiento de condena. De ellas, únicamente 18 fueron evasiones desde el interior de una cárcel. “El diseño de las prisiones españolas, sobre todo el de aquellas de reciente construcción, hace muy difícil que un recluso pueda escapar de su interior”, señala un veterano funcionario de prisiones. Para él, una evasión como la cinematográfica de la cárcel de Alcatraz “es prácticamente imposible en las cárceles españolas”. En este sentido, destaca que la mayor parte de esas 18 fugas han sido protagonizadas por presos catalogados como “de confianza” que aprovecharon sus salidas del recinto para hacer encargos o colaborar en labores de mantenimiento del perímetro para escapar.

Ese es, de hecho, el perfil del protagonista de la última fuga desde el interior de una cárcel. El pasado julio, un interno que realizaba trabajos de jardinería y limpieza en el aparcamiento del Centro Penitenciario de Puerto II (Cádiz) aprovechó un descuido para escapar. Fue detenido poco después. Javier Nistal, director general de Ejecución Penal y Reinserción, considera que en España las evasiones tienen unas características muy diferentes de las que se registran en las cárceles de nuestro entorno: “En Francia se han dado casos de fugas con ayuda exterior, incluso con uso de helicópteros, o tras secuestrar a funcionarios; aquí lo habitual es que la quiebra no sea de las medidas de seguridad del centro, sino de la confianza que se deposita sobre algunos reclusos”. La mayoría son poco después detenidos.

“No reingresos”

Esa quiebra de confianza explica también que el grueso de los quebrantamientos de condena sigue siendo protagonizado por reclusos que aprovecharon el disfrute de un permiso para huir, lo que en la terminología penitenciaria se conoce como “no reingresos”. Así, de las 9.520 huidas contabilizadas desde 2005, alrededor de 7.300 (más del 76%) corresponden a reclusos que se habían beneficiado de estas salidas que buscan facilitar su reinserción cuando recobren la libertad. Desde Instituciones Penitenciarias se insiste en que este número representa una cifra mínima respecto al número de permisos que se conceden.

En 2016 —último año en el que el Ministerio del Interior ha publicado el Informe General sobre Prisiones—, las Juntas de Tratamiento de las cárceles y los jueces de vigilancia penitenciaria concedieron 109.634 permisos ordinarios y 4.741 extraordinarios de los que se beneficiaron cerca de 27.000 internos. De estos últimos, solo 434 no retornaron a prisión. “Estamos hablando de porcentajes de fracaso del 0,4% o, lo que es lo mismo, de un 99,6% de éxito de la medida”, recalca Nistal, quien añade que ese porcentaje va, incluso, en descenso, y que en 2018 se acercará al 0,3%. “Hace seis o siete años el porcentaje estaba por encima del 1%”, añade el director general de Ejecución Penal.

Las estadísticas también reflejan una reducción en el número total de “evasiones” y “no reingresos” en los últimos años y, sobre todo, en 2018. Hasta el pasado 15 de noviembre se habían registrado 475 de estos incidentes, una cifra que apunta a que al final del año el número de quebrantamientos de condena será sensiblemente inferior al del año anterior (678), al de 2016 (754) y al de 2015 (677). En el periodo 2005-2018, solo el primer año, con 491 fugitivos, se acerca a las actuales cifras.

En el extremo opuesto se situó 2010, con 801 huidas registradas. Aquel año, por ejemplo, una sola cárcel, la de A Lama (Pontevedra), vio cómo 72 de sus presos se fugaban. Fuentes penitenciarias destacan que en aquel elevado número de evasiones —y que tuvo continuidad los cuatro años siguientes con cifras superiores a los 700 quebrantamientos de condena anuales— influyó la alta cifra de reclusos que había entonces: cerca de 63.400 internos frente a los 50.600 de la actualidad.