La ‘hucha’ de los reclusos deja de ser gratuita

Tener dinero en metálico dentro de la prisión está prohibido. Gastarlo, no. Esta aparente contradicción se salva con las llamadas cuentas de peculio, depósitos bancarios abiertos a nombre de los diferentes centros penitenciarios en los que los familiares de los reclusos ingresan fondos para que éstos puedan hacer frente a pequeñas compras en el economato de la cárcel a través de una tarjeta monedero con un límite semanal de 80 euros o encargar al demandadero adquirir en el exterior libros, un televisor o cualquier otro tipo de artículo no vetado. Los pequeños gastos multiplicados por los más de 51.000 internos actuales de las 84 cárceles y Centros de Inserción Social (CIS) que gestiona el Ministerio del Interior significan en 2015, último año del que se tienen datos completos, que estos depósitos penitenciarios recibieran ingresos por un valor superior a los 111 millones de euros.

Este dinero llegaba hasta hace poco a los reclusos sin coste para sus familias y amigos. Sólo tenían que hacer una transferencia o ir a cualquier oficina de la entidad financiera que gestionaba las mismas y ordenar el ingreso. Sin embargo, el pasado 4 de abril, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias remitía a todas las cárceles una instrucción interna en la que informaba de que esto ya no volvería a ser así y que estos envíos gratuitos desaparecían para dar paso a los giros tramitados por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos por 1,95 euros. Un precio fijo que será igual tanto para aquel que quiera ingresar 5 euros (cantidad mínima) ó 2.499 euros (máxima), según confirman fuentes de Correos, que recalcan que el precio es inferior al del resto de usuarios, que es de 2,25 euros más un 1,25% del importe transferido. Interior y esta entidad firmaron el contrato el pasado 11 de abril.

Más información

Manual carcelario para presos VIP

La discrecional potestad del Gobierno a la hora de conceder indultos

El origen de la decisión se encuentra en el concurso iniciado el año pasado para licitar la gestión de todas las cuentas bancarias de Instituciones Penitenciarias, desde las que sirven para recoger el peculio de los presos a aquellas que el Ministerio del Interior utiliza para abonar su nómina a los funcionarios de prisiones o hacer los pagos a proveedores. Ninguna entidad financiera se presentó. En el pliego, Prisiones había fijado, entre otras condiciones, que el banco que resultase adjudicatario del contrato debía seguir tramitando sin coste alguno para las familias de los presos las transferencias que desde sus sucursales se hicieran a las cuentas que deben cubrir los pequeños gastos de los internos. Todo ello, además, con un plus de medidas de seguridad, ya que los empleados bancarios no sólo debían recoger el nombre y apellidos del destinatario, la cárcel donde estuviera recluido y el NIS (número de identificación de cada preso), sino también identificar al remitente de la cantidad. Datos que Interior quería poder consultar en cualquier momento a través del sistema de banca electrónica de la entidad financiera. Ningún banco las aceptó y hubo que repetir el concurso ya sin la gratuidad de dichas transferencias e ingresos en ventanilla. Se lo llevó el Banco Santander.

Para compensar el fin de éstas, Instituciones Penitenciarias se ha visto obligado a poner en marcha en los últimos meses dos nuevas formas de hacer llegar el dinero a las huchas de los presos. Para ello, ha emitido sendas instrucciones internas. La primera, fechada el pasado 2 de enero, ponía de nuevo en funcionamiento las llamadas ventanillas de los centros penitenciarios, para que los familiares que acudan a visitar a los presos puedan ingresar en metálico cantidades en su peculio. Aquel escrito reconocía que la medida tenía como objetivo “evitar que los justificados vaivenes del sector privado influyan en la capacidad de realizar aportaciones al fondo de peculio”.

Sin medidas de seguridad

Esta decisión provocó la respuesta airada de los funcionarios de prisiones. Desde ACAIP, el sindicato mayoritario, estiman que la medida va a suponer que, al menos, 300 trabajadores penitenciarios tengan que abandonar sus funciones “para acabar de cajeros”.

Portavoces de este sindicato añaden a EL PAÍS que la medida les somete, además, a un riesgo legal: “Interior no puede poner de nuevo en marcha estas ventanillas sin establecer antes un procedimiento de actuación de los funcionarios que evite que se nos pueda hacer responsables penales si se detectan casos de blanqueo en estos movimientos”.

También recalcan que las dependencias penitenciarias donde se van a recoger dichos fondos “no cuentan con ningún tipo de medida especial de seguridad pese a que el dinero que se puede acumular los fines de semana, días de máxima afluencia de visitas, será elevado y puede propiciar algún intento de robo”.

La segunda instrucción interna de Instituciones Penitenciarias ha sido la del 4 de abril, que detalla el acuerdo con Correos. Por primera vez, ingresar dinero en la hucha de los reclusos tendrá un precio.