Interior se incautó de 1.383 móviles a presos en 2017

Algunos de los objetos más comunes de la vida cotidiana se convierten en auténticos tesoros dentro de una cárcel si su tenencia está prohibida. Uno de los más cotizados es el teléfono móvil, cuyo tráfico y uso se ha convertido en un auténtico problema de seguridad dentro de las prisiones al convertirse en el origen de numerosas peleas y extorsiones. Desde el año 2000, el primero del que hay estadísticas, Instituciones Penitenciarias se ha incautado de 17.140 de estos ingenios a reclusos. En 2017 fueron 1.383. Casi cuatro al día.

Así lo detalla la información facilitada por el Ministerio del Interior al senador de EH Bildu Jon Iñarritu en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En la misma, el Gobierno destaca que para impedir su uso a partir del año 2008 inició la instalación de inhibidores de frecuencias en las cárceles. Una medida que alcanza ya a 39 de los 69 centros penitenciarios, pero que, sin embargo, no ha conseguido reducir de manera significativa los terminales intervenidos. Presos célebres como Zakhar Kalashov, jefe de la mafia georgiana, y el narcotraficante gallego José Ramon Prado Bugallo, Sito Miñanco, han sido sorprendidos alguna vez llamando con móviles desde sus celdas supuestamente para dar instrucciones a sus organizaciones.

Interior destaca que los teléfonos móviles “son objetos prohibidos y, como tales, su tenencia es susceptible de ser tipificada como una falta grave” que acarrea sanciones a los reclusos que los posean. Estos castigos van desde la prohibición de salir al patio durante un mes al ingreso temporal en una celda de aislamiento.

Según las estadísticas, entre 2000 y 2005 sólo se intervinieron unos pocos cientos de teléfonos (de los 16 del primer año a los 169 del último). Sin embargo, es a partir de 2006 —con 500 terminales— y, sobre todo, de 2007 —con 1.244— cuando el hallazgo de estos aparatos registró un fuerte incremento que se mantiene hasta hoy con fluctuaciones, pero siempre alrededor de los 1.350 móviles por año. Los años 2009 y 2010, con 1.784 y 1.779 aparatos requisados respectivamente, encabezan el ranking. En 2017, fueron 1.383, lo que supuso un repunte respecto a los tres años anteriores.

Instituciones Penitenciarias asegura en su respuesta que los Centros Penitenciarios “disponen de medios técnicos apropiados para evitar la entrada de teléfonos móviles” y señala el uso de “escáneres, arcos y raquetas de detección de metales”. Sin embargo, destaca que “el medio más eficaz para evitar la entrada y detectar el uso de móviles en los Centros Penitenciarios es la actuación del personal que, a través de la observación de los internos, los registros, cacheos y requisas que realizan impiden su entrada o consiguen su incautación”.

Los representantes sindicales de los trabajadores no son, sin embargo, tan optimistas. Un portavoz de ACAIP, el sindicato mayoritario en las cárceles españolas, asegura que los funcionarios carecen de “medios humanos y materiales” para impedir el uso de los móviles dentro de la cárcel. “Los medios tecnológicos e inhibidores requieren de una inversión constante que la Administración ha detraído en beneficio de las empresas de seguridad privada. ¿Cómo explicar si no que en un recinto dotado de inhibidores de frecuencia los presos sigan dando uso a la telefonía móvil?”, denuncian.

Buena parte de las terminales son introducidos en las cárceles por familiares durante las visitas vis a vis (íntimas) o por reclusos que vuelven de permiso, y que los esconden en sus cavidades corporales o en objetos —uno fue hallado en el interior de un tubo de pasta de dientes— para burlar los controles.

Las estadísticas también revelan que no en todas las cárceles se trafica en igual medida con móviles. Frente a la de Soria, donde en 18 años sólo se han localizado 15 móviles, media docena de cárceles acumulan cerca de 1.000 terminales intervenidos cada una. La lista la encabeza la prisión de Topas (Salamanca), con 1.242 teléfonos localizados. En esta cárcel, solo en 2009 los funcionarios requisaron 170 aparatos.

Le siguen las de Ceuta (890), Santa Cruz de Tenerife (852), Melilla (839), Valencia (805) y la de Valdemoro (728). De ellas, tres aún no tienen instalados inhibidores para evitar su uso. El Gobierno detalla que entre 2010 y 2016 ha sancionado a ocho funcionarios “por introducir o vender teléfonos a los internos”.