Un juez investiga el encierro de cuatro presos durante días en una celda sin agua corriente

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Palencia, Jesús Manuel González Villar, está investigando las condiciones en las que entre abril y mayo del año pasado fueron recluidos cuatro presos en una celda sin agua corriente de la cárcel de Dueñas (Palencia). El magistrado abrió diligencias previas el pasado 25 de septiembre y envió un exhorto a su compañera del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para que le remita las pesquisas que ella hubiera realizado por estos mismos hechos tras recibir la queja de la familia de uno de los internos afectados.

También ha enviado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, un requerimiento de información para que aporte los expedientes de los cuatro reclusos así como los libros de servicios de la cárcel de aquellos días, donde se anotan las incidencias. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castillo y León, pese a tiempo transcurrido, esta última documentación aún no ha llegado al juzgado. En el auto de apertura de diligencias, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado no especificaba el delito que investiga ni concreta "las personas que en ellos han intervenido".

El origen de la investigación está en la denuncia que el pasado 11 de julio presentó el sindicato ACAIP -el mayoritario entre los funcionarios de prisiones- sobre las supuestas irregularidades en la utilización como "celda de observación" de la número 61 del módulo de ingresos de la prisión palentina. En el escrito, el sindicato detallaba que en la misma eran recluidos aquellos presos de los que se sospechaba que, tras mantener un vis a vis con familiares o volver de un permiso, podían portan droga en su organismo. El objetivo era que la expulsasen para incautársela y evitar que traficasen con ella o la consumieran. Para ello, la celda había sufrido importantes modificaciones en su mobiliario. Así, los desagües de la ducha y el lavabo están cegados; no cuenta con agua corriente; tiene dos cámaras de vigilancia; la ventana está cubierta con una rejilla para impedir que se pueda lanzar ningún objeto al exterior; y permanece iluminada incluso durante las horas nocturnas.

Todo ello, para evitar que el recluso que sea ingresado en ella se pueda desprender o intente ocultar de nuevo la droga una vez que la haya expulsado de su organismo. De hecho, el inodoro de la celda está comunicado con el de otra celda para que las heces puedan ser recogidas y así detectar la posible presencia del estupefaciente. Siempre según la denuncia del sindicato, cuatro presos fueron internados de manera individual en esta celda sin agua corriente durante seis días cada uno en la primera mitad de este año.

El primero, Nasri Z., entre el 1 y 6 de marzo. Los tres primeros días, destaca el escrito de ACAIP, este recluso estuvo en aislamiento en total, sin poder salir al patio ni ducharse. A partir del cuarto día, se le autorizó a pasear en el exterior sin la compañía de otros presos durante una hora y a asearse. El segundo reo, Samy S., fue alojado en la celda 61 entre los días 5 y 11 de abril, tiempo en el que protagonizó "conductas auto lesivas" al propinarse un cabezazo contra la pared. El tercer interno, Jesús H., pasó en la misma celda entre el 21 y el 26 del mismo mes. El último día, supuestamente intentó ahorcarse. El último preso, Aritz S. S., permaneció en el habitáculo entre el 18 y 23 de mayo. En ese tiempo, tuvo que ser asistido en dos ocasiones de urgencia por los servicios médicos del centro. En la primera ocasión por "un fuerte dolor en el pecho". La segunda, por un intento de autolesión "supuestamente tragándose unas cuchillas", según un escrito interno del centro que la denuncia aportó como documentación.

El sindicato considera que las condiciones en las que todos estos presos estuvieron recluidos en dicha celda suponen "un rigor innecesario" ya que se les sometió a "sufrimiento físico o mental" que "vulnera gravemente los derechos básicos" de lo interno. La denuncia cataloga todo ello como delitos de torturas. De todo ello, ACAIP considera responsables tanto al director de la prisión —que fue quien dictó en 2015 una nota interna en la que se ordenaban dichos encierros— como al máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste.

Cuando se conoció las características de la celda el pasado mes de junio, fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias aseguraron a EL PAÍS que había otras similares en todas las cárceles desde hace tiempo con idéntico fin. Estas mismas fuentes recalcaron que la situación vivida en la prisión palentina había sido fruto de la actitud de los presos y aseguraron que "si hubieran colaborado y se hubieran sometido al examen radiográfico para localizar o descartar la presencia de sustancias estupefacientes en su organismo, no hubieran pasado por la celda". También añadieron que, tras la queja de uno de los reclusos —el que había permanecido recluido entre el 18 y el 23 de mayo— un juez había avalado la decisión de la dirección del centro. "Es la mejor manera de evitar la entrada de droga en la cárcel", defienden desde entonces.