Interior recluye en una cárcel a más de 460 inmigrantes pese a que la ley lo impide

Las celdas del Centro Penitenciario de Archidona (Málaga), a punto de ser inauguradas, acogen desde este lunes a 464 inmigrantes llegados en patera en los últimos días a la costa murciana. El Ministerio del Interior ha decidido, con el visto bueno de los siete jueces que tramitan las órdenes de expulsión, su traslado al mismo pese a que la ley impide expresamente que se recluya a sin papeles en cárceles. El departamento de Zoido justifica la medida en lo excepcional de la situación y recalca que es provisional.

La decisión de enviar a los inmigrantes a la nueva prisión malagueña se tomó el domingo después de que a lo largo del fin de semana llegaran a las costas murcianas 519 inmigrantes, en su mayoría de origen argelino. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia se vio obligado a montar un dispositivo especial con siete jueces para que se pudiera terminar lo antes posible la toma de declaración de todos ellos e iniciar los trámites para su expulsión.

Mientras se cumplimentan todos los pasos y, ante la actual saturación de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), los magistrados aceptaron la propuesta de Interior de recluir a 464 de ellos en la nueva cárcel de Archidona —de los restantes, 37 tienen menos de 18 años y permanecerán en el centro de menores de Mazarrón y nueve mujeres están ingresadas en centros hospitalarios—. Sin embargo, en los autos dictados para ello, —a uno de los cuales ha tenido acceso EL PAÍS— los magistrados recuerdan que la ley impide el ingreso de los inmigrantes en prisiones y se refieren a ella como "centro de internamiento de extranjeros de Archidona".

Para ello, se remiten a la legislación española. Tanto las diferentes leyes de Extranjería aprobadas desde los años ochenta así como el reglamento de funcionamiento de los CIE —aprobado en 2014 por el Gobierno del PP— repite insistentemente que los centros donde se interne a los inmigrantes en situación irregular "no tendrán carácter penitenciario" y que los extranjeros internados en ellos "estarán privados únicamente del derecho ambulatorio". Los CIE se crearon en 1985 con el único objetivo de “detener y custodiar” a inmigrantes para "garantizar su expulsión". Pero ni siquiera cumplen su finalidad. En 2016, según los datos de Interior, solo se echó de España al 29% de los sin papeles recluidos.

Este lunes, el departamento de Zoido se ha esforzado en una nota de prensa por mostrar la cárcel de Archidona como un "centro", sin el adjetivo "penitenciario", e, incluso, hablaba de 1.008 habitaciones en lugar de celdas. Sin embargo, el edificio tiene oficialmente la consideración de centro penitenciario desde el pasado 18 de marzo, según oficializaba una orden ministerial recogida en el BOE.

Desde entonces, el centro está bajo dependencia directa de Instituciones Penitenciarias, que estaba a punto de inaugurarlo en las próximas semanas, para lo que iba a incorporar en los próximos días una plantilla de cerca de 300 funcionarios. Fuentes oficiales de Interior han insistido este lunes en que la medida es provisional y que la medida estaba amparada por la ley ya que, aunque reconocían que el centro estaba ya considerado como cárcel, "aún no ha entrado en funcionamiento como tal". En este sentido, recalcaban que el previsto traslado de presos desde otras cárceles se retrasará el tiempo que haga falta para que en ningún momento coincidan reclusos con los sin papeles.

Desde el sindicato ACAIP, el mayoritario entre los funcionarios de prisiones, se insistía en la irregularidad de la medida y recalcaban que iba "contra los derechos humanos". Además, denunciaban que el centro no cuenta aún con agua corriente potable por la falta de un convenio para el suministro con el Ayuntamiento de la localidad malacitana en cuyo término se levanta la cárcel. Interior negaba este extremo, aunque reconocía que este lunes había enviado más de 5.000 botellas de agua "para garantizar que no haya ningún problema".

La ONG Málaga Acoge también ha arremetido contra la decisión de Interior: "La ley y el Tribunal Constitucional establecen que los CIE no pueden tener carácter penitenciario y el centro de Archidona lo tiene. Nos oponemos radicalmente a que estas personas sean trasladadas a una cárcel y consideramos que se están vulnerando sus derechos fundamentales".