Miles de inmigrantes ‘encarcelados’ para nada

Dentro, Prakash no era Prakash. "22-13. Con esos números me llamaban por megafonía. Era mi nombre allí", afirma este nepalí de 33 años, antes de darle un breve sorbo a la cocacola y volver a rememorar cómo acabó 58 días encerrado en el Centro de Internamientos de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid). "Me detuvieron el 28 de noviembre de 2014. Iba andando al polígono de Parla donde trabajaba. Recuerdo que era un día lluvioso y que, al cruzar la autovía, unos policías de paisano me pararon y me pidieron los papeles". A partir de entonces vivió dos meses de reclusión, "miedo" y "sufrimiento" para nada. Porque, finalmente, quedó en libertad. Como ocurrió con el 71% de los 7.597 inmigrantes que pasaron por este tipo de instalaciones en 2016, según los datos de Interior, a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Serie de reportajes

Son 60 días de reclusión y miedo para nada: por los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) pasaron 7.597 sin papeles en 2016. El 71% de ellos quedó en libertad, la prueba de que estos complejos, creados en 1985, incumplen su objetivo: "Detener y custodiar" a los inmigrantes para "garantizar" su expulsión. EL PAÍS inicia este martes una serie de reportajes sobre estos polémicos centros, que enfrentan al Gobierno, ONG y partidos.
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 Dos años después de ese encuentro, sentado ya en una cafetería de la capital, este nepalí, casado y con un bebé de meses, subraya resignado que aquella mañana también fue víctima de la "mala suerte". "Porque, ¿y si hubiera pasado por allí una hora antes?", se pregunta. "Tal vez, no habría acabado encarcelado". Como les ocurrió, por ejemplo, al centenar de inmigrantes que el pasado octubre deambulaban por la estación de autobuses de Motril (Granada). Tras alcanzar en patera la Península, la policía los detuvo, pero después de 72 horas los dejó en libertad porque los CIE se encontraban completos. Sin más.

En cambio, apenas un mes antes, un grupo de 45 extranjeros llegado a la isla de Tabarca (Alicante) acabó en el centro de internamiento de Barcelona. "De hecho, lo habitual es que los encierren", explica un miembro de Cruz Roja sobre estas escenas, a las que recurren las ONG para ejemplificar la "aleatoriedad" que domina el sistema diseñado en España para recluir cada año a miles de sin papeles en este tipo de instalaciones. Un procedimiento dominado por automatismos policiales y jurídicos.

El objetivo no se cumple: el 71% de los internos no son expulsados

Los centros de internamiento se crearon en 1985, como recoge la legislación, con el objeto de "detener y custodiar" a extranjeros para "garantizar su expulsión". Pero los propios datos del Ministerio del Interior evidencian cómo estos complejos incumplen su finalidad y cómo esta disfunción ha ido en aumento en la última década: de los 7.597 sin papeles que pasaron en 2016 por los siete centros que hay abiertos, solo se deportó al 29%. Frente al 41% de 2015, el 47% de 2014 y el 52% de 2013 —un porcentaje que en 2009 era del 70%—. Por este motivo, las ONG denuncian que estas instalaciones se han convertido en la práctica en un instrumento "abusivo" para recluir inmigrantes aunque muchas veces se sabe que no podrán ser expulsados.

"Por ejemplo, el centro de Barranco Seco (Las Palmas de Gran Canaria) se usa como instrumento de distribución; se mete allí a los inmigrantes que llegan a la islas hasta decidir qué hacer con ellos", recalca Andrés García Berrio, abogado de la Campaña Estatal para el cierre de los CIE. Barranco Seco solo expulsa al 0,6% de los internados. Un porcentaje que apenas se eleva en las instalaciones de Algeciras (15%), Tenerife (12%) y Barcelona (21,4%), según los datos del Gobierno. Y solo los CIE de Madrid, Murcia y Valencia superan la media, con una cifra del 46%, 58% y 59%, respectivamente.

Ocho de cada diez son africanos

Distintas prácticas policiales y judiciales —como el internamiento automatizado de los extranjeros arribados en patera a la Península— han convertido los CIE en auténticas cárceles de africanos. Según los datos de Interior a los que ha tenido acceso EL PAÍS, el 89,9% de los recluidos en estas instalaciones en 2016 procedían de dicho continente —el 57,2%, de países subsaharianos—; frente al 4,3% de América; un 3,3% de Europa y un 2,5% de Asia.

"Además, las identificaciones étnicas siguen siendo una realidad en España", denuncia Karibu, una organización que atiende a los subsaharianos encerrados en el CIE de Madrid. "Hemos detectado, claramente, que a muchos de los encerrados allí se les paró en la calle por su color de piel", afirma Carmen Echevarría, coordinadora de visitas de este colectivo, que vuelve a remarcar la aleatoriedad del internamiento en estas instalaciones que, pese a que la legislación española subraya que los CIE no tienen un "carácter penitenciario", funcionan como cárceles. Algunas, incluso, son antiguas prisiones: como el centro de Algeciras, que dejó de acoger a reclusos a principios de siglo "debido al estado del edificio", como denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Demasiadas peticiones de internamiento y poco control

Al analizar los datos, la pregunta surge de inmediato: si no se expulsa ni a la mitad de los recluidos, ¿qué falla? Una primera respuesta se encuentra en una circular interna que emitió la Dirección General de la Policía en 2014. En ella se reconocía la existencia de un "número considerable de peticiones de internamiento, cuya situación no siempre aconsejaba adoptar dicha medida". A ese factor se suma que, según los datos de la Fiscalía General del Estado, los jueces y fiscales apenas frenan el 20% de los ingresos solicitados por los agentes.

Además, en ese escrito, la cúpula de las fuerzas de seguridad insistía a los policías en que, antes de proponer el encierro en un CIE de un detenido, analizaran exhaustivamente el arraigo personal, los hijos menores a su cargo, las consecuencias que iba a tener la expulsión para él y su familia; y las posibilidades reales que tenía la repatriación de ser ejecutada. "Pero el arraigo no ha sido óbice para que la policía solicite la privación de libertad y los jueces de instrucción la decidan", expone un estudio del Servicio Jesuita de Migrantes (SJM). "Ello puede responder a un déficit de control judicial, que se limita a revisar los requisitos formales".

El 58% son recién llegados en patera

En este informe, titulado Vulnerables, vulnerabilizados, se ofrecen más detalles sobre el automatismo que domina el sistema. El 58% de los internados en 2015 llegó en patera y, tras su detención por la policía, fueron trasladados a estos centros. A los CIE también arribaron, hace dos años, 214 personas desde los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, centros en los que los inmigrantes mantienen la libertad. "En estos casos, cuando se traslada a sin papeles desde ambas ciudades a la Península, se mete en los CIE a aquellos que se piensa que podrán ser expulsados", explican fuentes policiales. "Y depende mucho de las nacionalidades".

Miles de inmigrantes ‘encarcelados’ para nada

A su vez, según los datos recopilados por el Servicio Jesuita de Migrantes en base a sus visitas a más de 500 recluidos en 2015, más del 36% fue arrestado en la vía pública. "Solamente el 7% está ingresado por una expulsión penal, dictada por un juzgado en sustitución de la prisión", destaca el estudio. Aunque estos datos son solo estimaciones estadísticas. Porque EL PAÍS ha solicitado a Interior las cifras sobre el origen y el motivo del internamiento y el ministerio no las ha facilitado. A esto se suma que las autoridades no permiten el acceso de la prensa a los CIE y limitan la entrada de las ONG. Dánae García, integrante de SOS Racismo, denuncia el "oscurantismo" del Gobierno.

Resoluciones judiciales colectivas y menores internos

Agrippine (nombre ficticio), de 16 años, llegó en patera a las costas andaluzas. Según relata el SJM, pese a que se detectó que había sido víctima de trata, un juez decretó su ingreso en un CIE a través de un auto colectivo. "Hemos visto dictámenes donde se resuelven internamientos de hasta 50 personas de golpe, con nula individualización de cada caso", apostilla otro informe del Servicio Jesuita de Migrantes.

Hay autos judiciales que dictan el internamiento de 50 personas de golpe

En uno de esos autos, al que ha tenido acceso EL PAÍS y firmado por un magistrado de Motril en diciembre de 2015, se acuerda el ingreso de 39 personas interceptadas en una embarcación y que fueron defendidas por un único abogado de oficio. "Estas resoluciones son una auténtica burla al derecho de defensa", sentencia Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). "Además, se ha detectado falta de información a los letrados que los asisten así como dificultades para acceder al expediente personal de los internos", denuncia por su parte el Consejo General de la Abogacía

Todos estos factores han influido en los desajustes de los supuestos filtros, lo que se traduce en que por los CIE hayan pasado víctimas de trata; 19 menores en 2015, según ha reconocido Interior a las ONG; y casi 200 solicitantes de asilo a los que ha admitido a trámite su petición de protección internacional, según la memoria de este ministerio. Y, por supuesto, en que se haya internado a cientos de extranjeros que finalmente quedan libres y no son expulsados.

"Centros de castigo"

En los CIE conviven personas que tienen antecedentes penales con otras que no los tienen. El segundo grupo es mayoría. Aunque, cada vez que estos centros saltan a primera página, Interior se esfuerza en recalcar que la mitad de los recluidos tiene antecedentes policiales, ese dato es muy matizable. "Porque, para el ministerio [que no facilita datos al respecto], la mera tenencia de un decreto de expulsión es calificado como un antecedente policial", subraya un informe sobre estas instalaciones elaborado por cuatro universidades españolas —las de Valencia, Barcelona, Valladolid y la Pontificia Comillas—. Sobre esa idea incide el SJM, que apunta cómo el 54% de los internos a los que atendieron en 2015 "carecían de antecedentes penales": "Y el 93% estaba allí por razones puramente administrativas" —dato que avala el hecho de que el 58% acabe de llegar a España en patera; sin tiempo, por tanto, a cometer ningún delito ni falta—.

Creados en 1985, debían "garantizar la expulsión" de extranjeros

"Al final, estos complejos se están usando para lanzar un mensaje de castigo a los que entran: un aviso de que no les vamos a recibir tan fácilmente", asegura el abogado García Berrio. "Desde luego, en los CIE existe siempre la sensación de que se está por mala suerte: de que se pasó por una calle cuando no se tenía que pasar, de que se cruzó una plaza que no se debía…". "Cuando preguntamos a los internos cómo los detuvieron, muchos nos dicen que iban por las calle y los pararon al grito de 'tú, negro", continúa Echevarría.

Al nepalí Prakash lo detuvieron en noviembre de 2014, cuando llevaba casi tres años en España. En enero de 2015 puso de nuevo un pie en la calle. "No había cometido ningún delito. Y cuando salí había perdido mi trabajo y tardé casi 10 meses en encontrar otro. Vivíamos de lo que ganaba mi mujer limpiando casas", relata al recordar aquellos días de "cárcel" que a él le parecieron años.