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Más cámaras de seguridad para frenar la violencia en las cárceles

Interior remite a las prisiones la instrucción con nuevas medidas para reducir las agresiones a funcionarios

Ángel Yuste, el secretario general de Instituciones Penitenciarias.
Ángel Yuste, el secretario general de Instituciones Penitenciarias.

Instituciones Penitenciarias remitió el martes una circular a todas las prisiones dependientes del Ministerio del Interior con las nuevas medidas a implantar para reducir las agresiones de reclusos a funcionarios. Según la información remitida por Interior al Congreso, estas fueron 2.208 entre 2011 y 2016, y en lo que va de año la media se acerca a una diaria. Entre las decisiones recogidas en el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sobresale la de “ampliar el número de cámaras de vigilancia” en aquellas zonas de las cárceles donde ya existían y dotar con ellas a otros departamentos que ahora carecen de este instrumento.

El documento, de diez folios de extensión, detalla que con el mismo se pretende implementar el contenido del protocolo de actuación frente a las agresiones en las cárceles que fue firmado por Interior con dos de los sindicatos de funcionarios de prisiones el 8 de junio. Este texto fue rechazado entonces por Acaip, el sindicato mayoritario, que este verano lanzó una campaña de protestas al considerar que las medidas de seguridad recogidas en el mismo no cubren las expectativas del colectivo.

Prisiones anuncia ahora la puesta en marcha de nuevas medidas con las que intenta “minimizar” las consecuencias de la violencia de los presos. Entre ellas, incluye mejorar “el conocimiento” que los funcionarios tienen de los reclusos a su cargo, para lo que propone revisar los procedimientos de actuación en las áreas de vigilancia “estimulando la observación directa” de los reos por parte de los trabajadores penitenciarios.

Un nuevo fichero para presos agresivos

Historial de agresiones. La instrucción de Interior contempla la creación de un nuevo fichero de presos. En concreto, uno en el que se incluya a “todos aquellos internos que por su historial, antecedentes o circunstancias pudieran resultar peligrosos para la integridad de los trabajadores penitenciarios y la seguridad del centro”.

Situación penal. Dicho documento incluirá una fotografía del recluso, los detalles de su situación penal y penitenciaria, y aquellos antecedentes que hubieran justificado su apertura, así como “cualquier otro dato que pudiera resultar de interés”. La ficha deberá ser actualizada con la información que aporten los funcionarios sobre la observación diaria de su comportamiento.

De cárcel a cárcel. En el caso de traslado del recluso a otra prisión, esta ficha deberá llegar con antelación a la cárcel de destino e, incluso, a aquellas por las que el reo pase en su camino hacia esta.

Para ello, además de la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia, Interior ordena la presencia permanente de funcionarios “en actividades y dependencias comunes”. También obliga a que cuando haya que notificar “hechos gravosos” a los reclusos —como un endurecimiento de su régimen penitenciario o una sanción— se haga “en las celdas cuando se encuentren solos. Nunca en actos comunes donde puedan, en caso de incidente, recabar la ayuda de otros internos”, añade.

Sobre el material de seguridad, Interior realizará una revisión del estado y número de cascos, protecciones, guantes, escudos, defensas de goma y esposas que componen “el equipamiento” básico de los funcionarios, y que hace unos meses provocó protestas sindicales porque parte de los chalecos de seguridad estaban caducados.

“Mantener la calma”

El documento también incluye indicaciones sobre cómo debe actuar un funcionario “ante una situación conflictiva”. Insiste en que “debe mantener la calma e intentar reconducir la situación, persuadir al interno para que deponga su actitud y evitar caer en provocaciones de este”. Para ello, contempla que en el incidente intervengan “otros profesionales penitenciarios de los que se conozca que pueden tener sobre el interno un especial ascendente”. El documento de Prisiones también anuncia la futura puesta en marcha de un programa de reeducación de los presos violentos que complemente los tres protocolos existentes desde 2011.

Finalmente, Interior detalla el procedimiento que se debe seguir cuando se produzca una agresión a un funcionario, desde la recogida de los datos de la misma hasta la investigación del “antes, durante y después”. El objetivo, recalca la circular, es “identificar la causa que ha originado la agresión”. Todas ellas serán consideradas como accidentes de trabajo y está previsto que Prisiones facilite apoyo médico y jurídico al trabajador que las sufra.

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