El sindicato de prisiones Acaip denuncia seis agresiones o intentos a funcionarios en Picassent

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El sindicato de funcionarios de prisiones Acaip ha denunciado este jueves un total de 644 incidentes graves o muy graves en el establecimiento penitenciario de Picassent (Valencia) en el primer semestre del año, entre ellos, seis agresiones o intentos de agresión a funcionarios, en un centro que es uno de los que mayor número de internos "muy peligrosos" reúne de todo el Estado.

Acaip considera que faltan más de 100 trabajadores en la prisión sobre el número mínimo que debería tener, de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo del centro, según ha denunciado el sindicato en un comunicado.

De los 644 incidentes, 94 han sido amenazas graves y coacciones a funcionarios; 201 casos de resistencia pasiva; 142 de posesión de objetos prohibidos; 74 agresiones a entre reclusos, con lesiones; 31 casos de inutilización de mobiliario del centro; 20 autolesiones y cuatro huelgas de hambre; 40 casos de amenazas y coacciones a otros internos; ocho intoxicaciones por drogas, siete sustracciones de objetos; cinco quebrantamientos de condena al no regresar del permiso y una fuga durante una salida al Hospital Extrapenitenciario, entre otros.

De acuerdo con el sindicato, las agresiones a funcionarios han consistido principalmente en "puñetazos en la cara, patadas, mordiscos y arañazos" y, en algún caso, el funcionario afectado tuvo que permanecer de baja médica. Entre estos supuestos, el sindicato describe una agresión ocurrida el 21 de febrero en el Módulo 20 de internas muy conflictivas, donde una reclusa se negó a un cacheo reglamentario e intentó morder y escupió a las trabajadoras, una de las cuales sufrió una lesión en una mano de la que tuvo que ser operada.

Acaip ha subrayado que la administración penitenciaria solo considera que hay agresión si hay un daño. "Si un interno le pone un pincho en el cuello a un trabajador, solo sería reflejado como agresión si se lo clava", ha explicado el sindicato que, para evitar estas situaciones, reclama que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias conceda a los funcionarios la condición de Agente de la Autoridad, pues consideran que así tendrían una mayor protección jurídica y podrían lidiar mejor con los presos.

En cuanto al personal, Acaip ha criticado que en cuatro años se haya perdido más de un 15% de la plantilla, que no se estén cubriendo las vacantes por muerte o jubilación y que actualmente falten más de 100 trabajadores sobre el número mínimo que estipula la RPT, lo que supone que en períodos vacacionales "hay menos gente trabajando que en una huelga" y que cada funcionario deba hacerse cargo de más de 100 reclusos todos los días.