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La juez archiva la causa contra los tres altos cargos de Interior acusados de prevaricación

La magistrada concluye, tras tomarles declaración, que no hay indicios de que adjudicaran 'a dedo' puestos de trabajo en Instituciones Penitenciarias

Juan Ignacio Zoido, ministro de Interior, en la sesión de control en el Congreso de este miércoles.
Juan Ignacio Zoido, ministro de Interior, en la sesión de control en el Congreso de este miércoles.

La titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid, Raquel Robles, ha dictado este miércoles un auto por el que archiva las diligencias previas en las que había imputado por un supuesto delito de prevaricación a tres altos cargos del Ministerio del Interior. La decisión de la magistrada se produce solo 24 horas después de que tomara declaración a los tres encausados: el subsecretario de Interior, Luis Aguilera; el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y la responsable de Recursos Humanos de las cárceles, Ana María Velasco. Todos ellos habían sido acusados por el sindicato mayoritario en Prisiones, ACAIP, de haber adjudicado 'a dedo' puestos de trabajo en el último concurso convocado para asignar cientos de puestos de trabajo en los centros penitenciarios. El sindicato ya ha anunciado que recurrirá la decisión de la juez.

En su resolución, la magistrada destaca "la ausencia de indicios con relevancia penal" de los delitos de prevaricación y malversación de los que la querella de ACAIP acusaba a los tres altos cargos. En el auto, la magistrada critica las "manifestaciones genéricas, inconcretas y faltas de soporte indiciario alguno" en los que el sindicato sustentaba sus acusaciones en la denuncia y destaca que de la misma no se desprende "ni un mínimo dato [...] que permita continuar la instrucción penal". Una falta de indicios que, añade, se ha visto corroborada por las pruebas practicadas durante las semanas que ha durado la instrucción de la causa, entre las que destaca la documentación remitida y, sobre todo, las declaraciones de los tres imputadas celebradas el martes. En este sentido, cita el testimonio de la responsable de Recursos Humanos de Prisiones, de la que llega a asegurar que da "una respuesta detallada, coherente y clara" sobre algunos de los aspectos del concurso puestos en duda en la querella.

Por todo ello, el auto de la juez Robles concluye que no existe "ninguna infracción de carácter penal" en ninguno de los pasos del concurso, desde la redacción de las bases del mismo hasta la adjudicación de las plazas que, en su opinión, se produjo "siguiendo la puntuación obtenida con la baremación establecida en el concurso". En el mismo documento, la magistrada rechaza reclamar nueva documentación sobre la adjudicación de las plazas, como le reclamaba ACAIP, al considerar que el contenido de la misma "en ningún caso podría tener influencia en el contenido de la resolución". Por todo ello, acuerda el archivo de las diligencias en la vía penal, aunque deja abierta la posibilidad de los denunciantes a que inicien acciones "en otros ámbitos jurídicos".

Imputados en enero

La imputación de los tres altos cargos se produjo en enero y una de las primeras diligencias acordada por la juez fue, precisamente, la toma de declaración en calidad de investigados de los tres altos cargos. En su querella, ACAIP los acusaba de colocar de manera “arbitraria” a funcionarios “que no reunían los requisitos legalmente establecidos” para ocupar puestos de trabajo presuntamente creados ad hoc. En la denuncia, el sindicato ponía como ejemplo la plaza de jefe de gabinete del Centro Penitenciario de Arrecife (Lanzarote), la de jefe de servicios de la cárcel de Martutene, en San Sebastián, y los puestos de coordinador de servicios en la prisión de Villabona (Asturias) y en el Centro de Inserción Social de Algeciras (Cádiz). También denunciaba la dotación de puestos de trabajos en dos nuevos centros, los de Ceuta y Archidona (Málaga). El primero fue inaugurado en noviembre. El segundo lo será en breve después de que haya acogido durante más de 50 días a 570 inmigrantes argelinos llegados de manera irregular a las costas españolas. En ninguna de estos casos la juez Robles ha encontrado ahora indicios de infracciones penales. Interior siempre había negado “tajantemente” estas irregularidades.

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