Una juez imputa por prevaricación a tres altos cargos de Interior

Una juez de Madrid ha citado a declarar como investigados a tres altos cargos del Ministerio del Interior por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa. Son el subsecretario del departamento, Luis Aguilera; el máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste; y la subdirectora de Recursos Humanos de Prisiones, Ana María Velasco. Deberán comparecer el 20 de febrero acusados de adjudicar a dedo puestos de trabajo en las cárceles.

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La imputación de los tres altos cargos se ha producido a raíz de la querella presentada en noviembre por el sindicato mayoritario entre los trabajadores penitenciarios, ACAIP. Los acusaba de prevaricación y malversación de caudales públicos por las supuestas irregularidades existentes en el concurso para el traslado de cientos de funcionarios. La titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid, Raquel Robles, la admitió el 8 de enero, aunque solo por el primero de los delitos. La primera diligencia acordada ha sido, precisamente, la toma de declaración en calidad de investigados de Aguilera, Yuste y la responsable de recursos humanos de las cárceles. Portavoces del Ministerio del Interior mostraron este viernes a EL PAÍS su convencimiento de que “la actuación de los tres se ha ajustado a la legalidad” y negaron “rotundamente” la existencia de “ningún tipo de irregularidades”.

En su querella, ACAIP acusaba a los altos cargos de colocar de manera “arbitraria” a funcionarios “que no reunían los requisitos legalmente establecidos” para ocupar puestos de trabajo presuntamente creados ad hoc. En la denuncia, el sindicato ponía como ejemplo la plaza de jefe de gabinete del Centro Penitenciario de Arrecife (Lanzarote), la de jefe de servicios de la cárcel de Martutene, en San Sebastián, y los puestos de coordinador de servicios en la prisión de Villabona (Asturias) y en el Centro de Inserción Social de Algeciras (Cádiz). También denunciaba la dotación de puestos de trabajos en dos nuevos centros, los de Ceuta y Archidona (Málaga). El primero fue inaugurado en noviembre. El segundo lo será en febrero después de que haya acogido durante más de 50 días a 570 inmigrantes argelinos llegados de manera irregular a las costas españolas.

Siempre según la denuncia, la actuación de Interior desde la convocatoria del concurso —en marzo del año pasado—, hasta la resolución del mismo en octubre fue “anormal”. Y destacaba “la falta de transparencia” por la supuesta ocultación de las actas a los propios integrantes de la comisión de valoración, la “opacidad” en las puntuaciones que recibieron los candidatos y la falta de respuesta a las alegaciones que presentaron los aspirantes.

Interior niega “tajantemente” estas irregularidades e insiste en que el ministerio no tiene “competencias para crear o suprimir puestos de trabajo”. El departamento de Juan Ignacio Zoido recalca que la comisión de valoración del concurso aprobó los traslados y que en este órgano, además de la Administración, estaban representados los sindicatos, entre ellos ACAIP.