Miles de funcionarios de prisiones salen a la calle para reclamar también la equiparación salarial

Solo cuatro días después de que las negociaciones sobre la equiparación salarial de policías y guardias civiles con el Ministerio del Interior se tensaran hasta romperse, otro colectivo de trabajadores dependientes del departamento que encabeza Juan Ignacio Zoido ha salido a la calle para reclamar mejoras salariales. Miles de trabajadores penitenciarios -10.000, según la policía- han acudido este sábado a la convocatoria de los cuatro sindicatos mayoritarios en Prisiones (ACAIP, UGT, CCOO y CSIF) para manifestarse durante tres horas por el centro de Madrid bajo el lema 'Iguales en el trabajo, iguales en el salario'. Reclamaban que se eliminen las diferentes categorías en los que se dividen según criterios de supuesta peligrosidad las más de 70 cárceles que dependen de Interior —solo la Generalitat de Cataluña tiene actualmente transferidas las competencias penitenciarias—. También protestaban por los recortes salariales de los últimos años, la pérdida de derechos y la falta de personal.

La división que Interior hace de las prisiones en diferentes categorías determina el salario de los 25.000 trabajadores penitenciarios. Así, aquellos destinados en las tres prisiones del País Vasco y la de Navarra —todas ellas denominadas de "categoría especial"— tienen un salario que puede ser superior a los 600 euros mensuales respecto al que perciben los que desempeñan su labor en las cárceles de "categoría 2", entre las que se encuentran los centros penitenciarios de Cuenca, Teruel, Albacete, Alcalá de Guadaira y Alcázar de San Juan, además de once Centros de Inserción Social (CIS). Esto supone una brecha salarial cercana a los 7.000 euros anuales.

Los sindicatos consideran que este sistema —heredado de la etapa en la que ETA convirtió a los funcionarios de prisiones en objetivo de sus atentados— está superado en la actualidad y que la peligrosidad de las cárceles es similar en toda España a la vista de los datos de agresiones. Por ello, reclaman que todos los trabajadores penitenciarios perciban el mismo salario y que este debe ser el que actualmente reciben los funcionarios destinados en los centros del País Vasco y Navarra. A esta petición, los sindicatos suman mejoras en los complementos de destino que reciben actualmente. Según sus primeras estimaciones, el impacto de estas reivindicaciones salariales se situan cerca de los 120 millones de euros.

Al término de la manifestación —que ha concluido ante la sede de Instituciones Penitenciarias, en la calle Alcalá—, los líderes de los sindicatos han exigido a Interior que inicia un diálogo que, recalcan, el equipo de Zoido ha eludido hasta ahora. Los trabajadores dan de plazo hasta el 3 de abril —fecha límite que se ha fijado el Gobierno para presentar sus presupuestos— para sentarse a negociar sus reivindicaciones. En caso contrario, anunciaron la convocatoria de nuevas medidas de presión, entre ellas un “paro generalizado" en todos los centros penitenciarios.

En las últimas semanas los representantes sindicales se han reunido con los diferentes grupos parlamentarios para hacerles llegar estas reivindicaciones. El PSOE las ha respaldado y ha registrado en el Congreso una Proposición No de Ley para revisar la política de retribuciones de los trabajadores penitenciarios en favor de "una justa equiparación salarial, de tal forma que trabajadores de distintos centros que desarrollen funciones similares tengan las mismas retribuciones finales".