Las 19 cárceles más violentas de España

El pasado 1 de agosto se registró en la cárcel de Cáceres la última agresión conocida hasta ahora de un recluso a un funcionario de prisiones. Según el relato de los hechos, realizado por el sindicato Acaip, el mayoritario en Instituciones Penitenciarias, aquel día un preso que responde a las iniciales de J. P. C. comenzó a insultar y amenazar a los trabajadores de la cárcel al conocer que le habían abierto un expediente disciplinario. Su nivel de agresividad alcanzó tal nivel que los funcionarios tuvieron que emplear la fuerza para reducirlo. En el altercado, un trabajador penitenciario sufrió heridas que obligaron a trasladarlo a la enfermería de la cárcel.

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Con esta ya son una treintena los incidentes violentos graves registrados en las cárceles españolas en lo que va de año, con medio centenar de trabajadores penitenciarios afectados, según el recuento realizado por este sindicato. Hay golpes, mordiscos, agresiones con pinchos carcelarios e, incluso, ataques con golpes de artes marciales. A ellos se suman muchos más de carácter leve o sin lesiones en lo que desde Acaip califican de “escalada” de la violencia provocada por una escasez de funcionarios. Desde el Ministerio del Interior declinan comentar estos datos y se remiten sistemáticamente a las intervenciones parlamentarias de Juan Ignacio Zoido en las que este niega cualquier repunte de la conflictividad.

Los datos oficiales remitidos al Congreso de los Diputados recogen que, entre 2011 y 2016, los cerca de cien centros penitenciarios dependientes de Interior (los de Cataluña son competencia de la Generalitat) han registrado 2.208 agresiones a trabajadores por parte de internos. El 57,5% de todos ellos, 1.269, se concentraron en 19 cárceles, cada una de las cuales ha acumulado en esos seis años más de 50 incidentes. La situada en la localidad madrileña de Estremera tiene el récord, con 124. Le sigue otra cárcel de la región, la de Soto del Real, conocida por ser donde acaban buena parte de los reclusos más célebres. En ella se registraron 98. Les siguen la zaragozana de Zuera (79), Valencia y Sevilla II (ambas con 75) y la gaditana de Puerto I (68).

La lista de las más violentas la completan las de Albolote (Granada), Botafuegos (Algeciras), Málaga, Córdoba, Puerto III, Villabona (Asturias), Palma de Mallorca, Las Palmas II, Dueñas (Palencia), A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña), Madrid IV y el Hospital Psiquiátrico de Alicante. En el extremo opuesto están el centro de Cuenca —con muy baja ocupación— y varios Centros de Inserción Social (CIS, donde cumplen condena los reclusos en régimen abierto), en los que no constan que se haya producido ataques a sus trabajadores en este periodo.

El número total de agresiones a funcionarios ha sufrido en los últimos años descensos y repuntes. De las 427 contabilizadas en 2011 (10 de ellas graves, otras 190 leves y 227 sin lesiones) se pasó a las 406 del año siguiente (una de ellas muy grave) y las 314 del 2013, los 12 meses con menos incidentes en este periodo. La cifra aumentó a 359 en 2014; se redujo a 342 al año siguiente, y llegó a 360 en 2016. Todo ello, mientras el número total de presos descendía de manera significativa: de cerca de 60.000 en 2011 a poco más de 51.000 del último año.

Desde Acaip aseguran que en este rebrote tiene mucho que ver el recorte que ha sufrido la plantilla de funcionarios por la falta de oferta de empleo público durante la crisis y que ha provocado un déficit de 2.100 trabajadores. Según las cifras que manejan, el número de funcionarios destinados en las áreas de vigilancia ha pasado en este periodo de 15.574 a 14.991. La plantilla total se ha reducido de 22.919 a 21.838. Un número que el portavoz del sindicato, Nacho Gutiérrez, considera “claramente insuficiente” y la causa de que “haya cerca de medio centenar de módulos penitenciarios cerrados”. “Nuestro trabajo no es solo vigilar y contar, sino también reinsertar, y con el actual número de funcionarios es imposible”, recalca.

Recientemente, Instituciones Penitenciarias aprobó un protocolo antiagresiones a funcionarios que contempla un endurecimiento de las sanciones a los reos. Sin embargo, solo ha contado con el respaldo de dos de los sindicatos representativos, CSIF y UGT. Acaip y CC OO lo rechazaron de plano “por no cubrir las expectativas” y “por dejar impune el insulto, la vejación y el golpe que no deja huella. Los internos perciben que pegar a un funcionario sale barato, cuando no gratis”, resalta el portavoz del sindicato.

El protocolo recogía la futura puesta en marcha del Programa de Intervención en Conductas Violentas (Picovi), para ayudar a los presos condenados por delitos graves o que se comportan de modo agresivo en la cárcel “a reconocer su conducta y motivarles hacia el cambio desarrollando habilidades cognitivas, emocionales y conductuales”. Los funcionarios dudan de su eficacia, precisamente, por la falta de trabajadores para aplicarlo.