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Los funcionarios de prisiones convocan seis días de huelga en las cárceles

Los cinco sindicatos acusan a Interior de echarse atrás en su oferta de equiparar en tres años el salario de todos los trabajadores penitenciarios

Huelga funcionarios de prisiones
Funcionarios de prisiones se manifiestan ante la sede en Madrid de Instituciones Penitenciarias el pasado enero

Las cinco principales organizaciones sindicales de Instituciones Penitenciarias, —Acaip, CCOO, CIG, UGT y CSIF— anunciarán este martes la convocatoria de una huelga general en todas las prisiones dependientes del Ministerio del Interior para los días 24 y 26 de octubre, y 6, 8, 13 y 15 de noviembre. Los paros tendrán, en principio, escasa incidencia en las prisiones, ya que en casos anteriores la Administración fijó servicios mínimos del 100%. No obstante, fuentes sindicales insisten en que su objetivo es paralizar el funcionamiento ordinario de todos los centros.

El anuncio de huelga se produce después de que los representantes de los trabajadores penitenciarios hayan considerado rotas las negociaciones que mantenían con el Ministerio del Interior tras la decisión del departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska de retirar de la mesa una propuesta económica para subir el sueldo una media de 365 euros lineales al conjunto de la plantilla. Instituciones Penitenciarias insiste en que dicha oferta estuvo siempre supeditada a una aprobación presupuestaria hasta ahora no cerrada. La huelga es la última de las medidas de presión puestas en marcha por los sindicatos a principios de año y que tuvo su arranque en una manifestación en Madrid celebrada el pasado 24 de febrero, con el PP aún el Gobierno, para reclamar la equiparación salarial que entonces ya se había aceptado para Policía Nacional y Guardia Civil.

En el caso de los sindicatos de Prisiones la equiparación no es con ningún otro cuerpo autonómico —solo la Generalitat de Cataluña tiene actualmente transferidas las competencias penitenciarias—, sino entre los propios funcionarios dependientes del Ministerio del Interior. En la actualidad Instituciones Penitenciarias divide las más de 70 cárceles según criterios de supuesta peligrosidad. Es esa clasificación la que, a la postre, determina el salario de los funcionarios que trabajan en ellos. De este modo, los funcionarios destinados en las tres prisiones del País Vasco y la de Navarra —todas ellas denominadas de "categoría especial"— tienen un salario que puede ser superior hasta los 600 euros mensuales con el que perciben los que desempeñan su labor en las cárceles de "categoria 2", entre las que se encuentran los centros penitenciarios de Cuenca, Teruel, Albacete, Alcalá de Guadaira y Alcázar de San Juan, además de once Centros de Inserción Social (CIS).

Los sindicatos consideran que este sistema heredado de la etapa en la que ETA convirtió a los funcionarios de prisiones en objetivo de sus atentados está superado en la actualidad y que la peligrosidad de las cárceles es similar en toda España a la vista de los datos de agresiones. Por ello, reclaman que todos los trabajadores penitenciarios perciban el mismo salario que reciben en la actualidad los destinados en los centros del País Vasco. En la postura conjunta acordada por los cuatro sindicatos, se recoge también la reclamación de que todos los funcionarios pasen al grupo B, además de mejorar los complementos de destino que reciben actualmente. Según sus primeras estimaciones, el impacto de estas reclamaciones salariales salarial se situaría cerca de los 155 millones de euros.

Según fuentes sindicales, las negociaciones iban por buen camino. El 25 de septiembre, Interior puso sobre la mesa propuesta -un "estudio técnico" según Instituciones Penitenciarias- que recogía una subida media de 365 euros lineales que se haría efectiva a lo largo del trienio 2019-2021. El coste total de la medida fue cuantificada en cerca de 123 millones de euros por el ministerio. Según denuncian los sindicatos, esta oferta fue retirada tres días después por el secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, con el argumento que la partida económica necesaria para hacer frente a ella no había sido autorizada por Administraciones Públicas.

El anuncio de las seis jornadas de huelga se produce solo unos días después de que Grande-Marlaska se reuniera con los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil para anunciarles que el acuerdo que habían firmado con su antecesor en el cargo, el popular Juan Ignacio Zoido, para conseguir la equiparación salarial con los Mossos d'Esquadra se haría efectivo a partir de la nómina de octubre. Los sindicatos de prisiones reclaman ahora una reunión con el propio Grande-Marlaska al considerarle el único interlocutor válido para desbloquear la situación.

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