Interior pide a la fiscalía que investigue las bajas masivas de funcionarios en 11 cárceles

El Ministerio del Interior remitió este viernes a la fiscalía un escrito en el que solicita investigar la “inusual ausencia” de funcionarios penitenciarios en 11 cárceles después de que en los últimos siete días se dieran de baja laboral por enfermedad un media de 400 trabajadores al día. El departamento de Fernando Grande-Marlaska considera que esta avalancha de ausencias generó “problemas muy graves” en las prisiones y acusó a los sindicatos de promoverla. Estos lo niegan.

Instituciones Penitenciarias pide investigar a funcionarios de las cárceles de Puerto I y Puerto III (ambas en Cádiz), Albolote (Granada), Picassent (Valencia), Villena y Fontcalent (las dos en Alicante), Campos del Río (Murcia), A Lama (Pontevedra) Dueñas (Palencia) y las zaragozanas de Zuera y Daroca. Para ello, ha remitido a la fiscalía una “relación nominal del personal que, alegando razones de salud, no se ha incorporado al servicio desde el pasado 14 de diciembre”, fecha en la que se inició el aluvión de bajas. A todos ellos los acusa de “un abandono colectivo del servicio”, castigado en el artículo 409 del Código Penal con pena de multa.

Interior también pide que se investigue a los dirigentes de los cinco principales sindicatos de prisiones —ACAIP, CSIF, UGT, CC OO y CIG—, a los que acusa de promover lo que desde el Ministerio se tilda de “huelga encubierta” a través de un comunicado que hicieron público el pasado 29 de noviembre. En aquel texto —en el que los sindicatos informaban a sus afiliados de diferentes medidas de protesta para reclamar una subida salarial— se planteaba “generar la semana de la salud de los trabajadores penitenciarios porque muchos compañeros están trabajando en unas condiciones poco aconsejables”.

Interior considera que dicho texto es suficiente para acusar a los sindicalistas de “promover, dirigir u organizar el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público”, penado con multa y suspensión de empleo de seis meses a dos años. Dirigentes de los sindicatos negaron este viernes tajantemente la acusación e insistieron en que el elevado número de bajas es fruto de las “pésimas condiciones” en las que trabajan a diario desde hace años por la falta de personal, agravada durante la crisis.

35 prisiones afectadas

El aluvión de bajas se inició en unos pocos centros el viernes de la semana pasada, aunque se hizo especialmente intenso tres días después y alcanzó su máxima incidencia el pasado jueves, según las cifras que maneja Instituciones Penitenciarias. A lo largo de esos siete días, 35 de las 70 prisiones dependientes de Interior —Cataluña tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria— vieron cómo decenas de los funcionarios de los servicios de vigilancia no acudían a trabajar tras alegar enfermedad. La falta de trabajadores llevó a los directores de las cárceles más afectadas a obligar a los funcionarios que terminaban su turno a continuar trabajando para garantizar la seguridad del recinto. Los sindicatos denuncian que en algunos casos llegaron a hacer más de 48 horas de servicio continuado.

En las prisiones de Alhaurín de la Torre (Málaga) y Campos del Río (Murcia), los directores optaron por suspender los permisos navideños para cubrir las ausencias. Los casos más extremos se produjeron en las cárceles de Puerto I y Picassent. En la primera, ninguno de los 28 funcionarios del turno de la noche del jueves acudió a trabajar. Los servicios fueron atendidos por el director y los otros cargos del centro. En Picassent, la de mayor número de presos de España, el jueves no se incorporaron 75 de los 134 trabajadores que debían hacerlo.