España sigue sin protocolos para evitar muertes como la de Samba Martine

El Gobierno continúa sin formalizar un protocolo para compartir información entre departamentos sobre el estado de salud de los inmigrantes que llegan de forma irregular. Esta cuestión fue clave en el caso de la muerte en 2011 de la congoleña Samba Martine, portadora de VIH, tras pasar 38 días en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Además de la supuesta negligencia de los sanitarios que la atendieron, que fue a juicio la semana pasada, la información sobre su enfermedad nunca se compartió con el centro.

A raíz de la muerte de Martine, el Defensor del Pueblo comenzó a demandar con urgencia y sin éxito un protocolo que garantice que los médicos de los CIE conozcan el historial médico y el tratamiento que requieren las personas que acaban allí internadas. El desconocimiento, defiende la institución, supone un riesgo para la salud del inmigrante y, en algunas situaciones, para la salud pública. Con más razón si se da el caso de que el recién llegado padece alguna enfermedad contagiosa.

La primera recomendación de la institución data de 2012 y hasta hoy no ha sido acatada. El Defensor continúa evidenciando en sus informes anuales la ausencia de un protocolo formal de derivación de inmigrantes que asegure que la información sobre su estado de salud no se pierda por el camino de un centro a otro.

El Defensor se refiere específicamente a los traslados desde los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla hasta los CIE de la Península. Para estas situaciones no existe un procedimiento formalizado y no es posible consultar, en soporte electrónico, los historiales médicos desde cualquiera de las instituciones por las que pasará el migrante. Ante la ausencia de un soporte digital, se opta por la fórmula más rudimentaria: el centro entrega a los inmigrantes y a los policías que los custodian un sobre con el certificado médico.

El sistema no convence al Defensor del Pueblo, que asegura todos los años que tiene evidencias de que el sistema de los sobres falla. Para la Secretaría de Estado de Migraciones, que administra los CETI, este “conjunto de pautas” funciona “satisfactoriamente”, pero es el mismo sistema que se utilizaba cuando Martine murió.

Martine falleció de una infección que afecta principalmente a personas con VIH, pero los médicos del CIE solo supieron de su enfermedad tras la autopsia. Durante el juicio quedó claro que, aunque la atendieron más de diez veces por síntomas que no remitían, los doctores no contemplaron ni hacerle pruebas ni enviarla a un hospital, pero también que si hubo un sobre con el expediente de Martine, este nunca llegó.

En los CIE, y este es otro motivo de reclamación de las organizaciones humanitarias, no se realizan, con carácter general, pruebas para la detección de enfermedades infectocontagiosas. El reglamento de los centros, donde los inmigrantes pueden permanecer encerrados hasta 60 días, no incluye la obligatoriedad de realizar una analítica a los internos.

Especialistas en materia de extranjería defienden que el sistema actual no es lo suficientemente exigente y que la comunicación debe ser obligatoria y sistematizada. “A nivel sanitario el protocolo debería asimilarse al de las prisiones”, una vez que los inmigrantes que llegan a los CIE están privados de libertad, defiende Olga Hernández, presidenta de la Asociación Catalana de Profesionales de Extranjería. “Las enfermedades que no pueden ser identificadas y tratadas en el centro de internamiento deben ser derivadas de la misma forma que en las cárceles”, completa. El reglamento penitenciario sí refleja la entrega del informe médico del interno donde tiene que constar la atención sanitaria que debe recibir.

En el transfondo de este tema, además de la cuestión estrictamente sanitaria, reside un problema mayor: la falta de coordinación entre los diversos departamentos que se reparten las competencias en materia migratoria, especialmente el Ministerio del Interior y el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. “El deber esencial de la Administración de velar por la vida y la salud del recluido no puede quedar sin efecto práctico por el hecho de que sean dos organismos dependientes de ministerios diferentes quienes comparten competencias”, alerta el Defensor en un informe.

La Secretaría de Estado de Migraciones, que involucró a su vez a la Secretaría General de Sanidad para poner en marcha el protocolo, que pasa por informatizar los expedientes, se ha escudado todos estos años en la “complejidad de los detalles técnicos”.

Carencias en la consulta del CIE

La asistencia médica en los CIE, subcontratada a una empresa privada, lleva años en la lista de reivindicaciones de las entidades sociales que velan por los derechos de los inmigrantes. La organización Algeciras Acoge, con presencia en los CIE de Tarifa y Algeciras, lleva años reclamando sin éxito más médicos, una asistencia que cubra tardes, noches y fines de semana y un intérprete en plantilla que ayude en la comunicación entre médico y paciente. También exige que un médico de la Administración General del Estado ocupe una plaza en cada uno de los siete CIE, tal y como recoge desde 2014 el propio reglamento de los centros. Actualmente solo una de esas plazas, la de Madrid, está cubierta.

La ausencia de un servicio de asistencia psicológica “es igualmente grave”, mantiene la organización, “debido al perfil de alta vulnerabilidad de los internos”. En los últimos siete años ha habido al menos tres suicidios dentro de las instalaciones de los CIE.