Interior bate récords de expulsiones desde los CIE

El perfil de los internos de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ha cambiado con Pedro Sánchez en el Gobierno. Entre julio y agosto pasados las autoridades dejaron de internar a subsaharianos y dieron prioridad al encierro de marroquíes y argelinos, que pueden ser expulsados con más facilidad gracias a los acuerdos de readmisión con sus países de origen. El cambio de política ha elevado la cifra de marroquíes y argelinos a dos tercios de los 7.855 inmigrantes que pasaron por un CIE en 2018. En 2017 no llegaban a ser la mitad del total de los internos. Las cifras oficiales las recoge el último informe del Servicio Jesuita al Migrante (SJM), elaborado, en parte, con datos obtenidos por EL PAÍS mediante la Ley de Transparencia. El Ministerio del Interior, que ya confirmó el cambio de perfil del interno el pasado verano, no ha querido hacer ahora declaraciones sobre el asunto.

La estrategia de dar prioridad al encierro de estas dos nacionalidades, en un año en el que se batió un récord de entradas irregulares (casi 65.000), se ha traducido en un aumento significativo de las repatriaciones forzosas desde los centros de internamiento. Cerca de seis de cada diez internos fue, efectivamente, expulsado o devuelto a su país de origen el año pasado, la cifra más alta de los últimos nueve años. Los CIE se acercarían así a la función para la que fueron concebidos, ser una medida cautelar previa a la devolución o expulsión de inmigrantes en situación irregular.

La nueva política supone para el SJM evitar el “sufrimiento inútil” de un colectivo de migrantes, los subsaharianos, que pasaba una media de 26 días encerrado en un CIE a pesar de la certeza de que no iba a ser posible devolverlos a sus países de origen. “Esta práctica [de internar subsaharianos] cesó en julio o agosto de 2018, lo cual es de alabar, aunque quepa la duda sobre la motivación”, mantiene el informe. A pesar del aumento de las repatriaciones, aún hubo un 30% de los internos que acabó en libertad por la imposibilidad de documentarlos.

En una segunda lectura, la organización denuncia la discriminación que supone ahora decretar el internamiento según la nacionalidad. A los subsaharianos, ante la evidencia de que su retorno es generalmente inviable, se les destina a recursos humanitarios, mientras que un buen porcentaje de marroquíes y argelinos pasa sus primeras horas en España en un calabozo para, después, ser devueltos o trasladados a un CIE.

Esta es una denuncia que ya elevó el Defensor del Pueblo a las secretarías de Estado de Seguridad y de Migraciones en julio. En ella señalaba que las plazas de acogida humanitaria “han de ir destinadas a personas migrantes, con independencia de su nacionalidad, que se encuentren en situación de vulnerabilidad”.

De la patera al CIE

La llegada en patera a continúa siendo la causa de encierro del 70% de los internos, aunque ha disminuido ligeramente desde 2017 cuando supuso un 80,52%. Ese porcentaje aumenta, una vez más, al observar los expedientes de dos nacionalidades. Así el 79% de los marroquíes y el 92% de los argelinos internados están en los CIE por haber entrado irregularmente en España a bordo de una patera.

Estos datos no reflejan, sin embargo, que se haya trasladado al CIE a la inmensa mayoría de los marroquíes y argelinos que entraron de manera irregular en España en 2018. Al contrario. Según los datos del informe apenas un 16,5% de los 13.316 marroquíes llegados el año pasado, la nacionalidad más numerosa en el ranking de llegadas, acabó en el CIE por un expediente de devolución por entrada irregular. Buena parte de ellos, un número que el Ministerio del Interior se niega a divulgar, son devueltos en las 72 horas posteriores de su llegada. Otros, una minoría, solicitan asilo en Ceuta y Melilla, mientras los menores, una cifra que rondó los 4.000, pasan a ser tutelados por las comunidades. Otro número también indeterminado queda en libertad en un limbo de irregularidad. En el caso de los argelinos internados tras su entrada irregular, el porcentaje aumenta hasta el 38,43% de los 5.990 que se interceptaron. "Los datos nos muestran que el internamiento tiene un alto componente de azar", denuncia Pep Buades, autor del informe. "Si una medida como esta depende de la suerte, algo no está funcionado".

La cifra de internos en 2018, por otro lado, es la más baja desde 2009. Entre las causas, más allá de evitar el encierro de subsaharianos, se encuentra el estado de las instalaciones de los CIE: en verano de 2018 se cerró el de Las Palmas y también se clausuraron módulos de varios centros.

El SJM considera los CIE una “herramienta de las políticas de control de fronteras” y demanda que se planteen alternativas al internamiento de personas que acaban de entrar irregularmente en España mientras se tramita su documentación.

Encierro de los más vulnerables

Un año más se ha comprobado la llegada a los CIE de personas vulnerables que por ley nunca deberían pisar un centro de internamiento. El Ministerio del Interior reconoce, según el informe, haber detectado a 89 menores encerrados. El número es bastante más alto que el registrado en 2017 (48) o 2016 (51). Aumenta también el número de solicitantes de asilo en los centros, que creció de los 1.381 solicitantes en 2017 a los 1.776 internos en 2018. Se admitieron a trámite 543 solicitudes, un 30,57%, un porcentaje ligeramente más alto que en 2017 y bastante más elevado que en 2016.

A pesar de las quejas recurrentes de las organizaciones humanitarias, de los abogados de los internos y del Defensor del Pueblo, los problemas observados en estos centros de internamiento se repiten año tras año. El informe incide en las deficiencias estructurales de los CIE, la identificación de menores de edad internados, el trato dispensado a personas con problemas de salud y las trabas para solicitar asilo o acceder a asistencia jurídica. “A pesar de tantas deficiencias y malas prácticas denunciadas por los juzgados de control, el Defensor del Pueblo y las organizaciones sociales, podría decirse que en 2018 no se observan grandes cambios en la vida dentro de los CIE”, lamenta el documento.