Europa abraza los centros de detención de extranjeros
La legislación va mejorando las condiciones de estos recursos, pero a la vez consolida su existencia
Los aviones vuelan muy bajo y a todas horas provocando un ruido ensordecedor. A un par de kilómetros de las pistas de aterrizaje del aeropuerto de París, Charles de Gaulle, se encuentra el gran centro de internamiento de extranjeros del país. Como en España, estos edificios están vedados al público y a la prensa salvo contadísimas excepciones. Sí se puede acceder —y solo a un ala del recinto— visitando a algún interno.
Tras los cacheos de rigor y después de pasar por varios controles y puertas blindadas, un policía dirige al visitante a una de las salas pequeñas con puertas automáticas, que se cierran una vez dentro y que solo pueden abrir los policías que circulan por el recinto cuando se golpea con los nudillos el cristal. Entonces entra un hombre negro, alto y muy musculoso. Lleva barba recortada sin bigote y un gorro de lana negra calada. Es Abdoulaye, que pide ocultar su verdadero nombre. En voz baja, cuenta que no hay nada que hacer en Le Mesnil-Amelot más que salir a estirar las piernas y esperar a las visitas. Esta mañana de finales de 2016 el termómetro no llega a los cinco grados y el patio, que se atisba desde el pasillo, está prácticamente vacío. “Esto es una cárcel. Nos meten, cierran y así hasta que salimos”. Dos personas duermen en cada habitación y comparten las duchas entre una veintena de internos. Las instalaciones sin embargo, están en buen estado comparadas al menos con algunos CIE españoles. También a diferencia de lo que sucede en España, organozaciones como La Cimade tienen un despecho en el ala de las visitas, al que pueden acudir los internos con sus problemas.
Oficialmente, no existe ún modelo único de estos centros en Europa. Unos tienen más denuncias que en otros; los hay más grandes y más pequeños; de gestión pública y también privada (por ejemplo, en Reino Unido); con y sin actividades de formación o esparcimiento... Pero, en esencia, estas instalaciones presentes en todos los países de la UE son lo mismo: centros custodiados en los que se encierra a personas inmigrantes que no han cometido delitos, pero carecen del permiso necesario de residencia y están a la espera de ser expulsados.
En Francia, estos centros de internamiento de extranjeros (CIE, como se les conoce en su versión española) existían mucho antes de que el Gobierno admitiera y legalizara su existencia a primeros de los años noventa del siglo pasado, asegura Virginie Guiraudon, investigadora del Centro de Estudios Europeos de París. Más o menos desde entonces, se han ido instalando en todo el continente —de Grecia a Portugal, pasando por Malta e Italia; de Reino Unido y Finlandia a Alemania, Estonia…— hasta asentarse por completo, primero en las políticas migratorias y luego en la legislación. Y lo han hecho a pesar de las permanentes denuncias de malas prácticas (con un buen número de sentencias de los tribunales) y de las campañas de decenas de asociaciones proderechos humanos que piden el cierre de este tipo de instalaciones.
La legislación comunitaria establece que la detención administrativa de ciudadanos extranjeros únicamente puede darse para evitar que un extranjero entre sin permiso en un Estado miembro, que se escape cuando se ha iniciado el procedimiento de expulsión y, únicamente en determinadas circunstancias, mientras se tramita su petición de asilo —solo en cinco países está terminantemente prohibido detenerles: Bulgaria, Francia, Malta, Portugal y España—. Pero ese confinamiento debe ser el último recurso, al menos sobre el papel. En la práctica solo a un pequeño porcentaje de extranjeros en situación irregular se le ofrecen alternativas al encierro: desde menos del 1% en Grecia, Francia o Eslovaquia hasta el 19% de Letonia, según las cifras recopiladas en un estudio de 2014 de la Comisión Europea. Las alternativas consisten, por ejemplo, en reportarse regularmente ante las autoridades, dejar una fianza, aceptar vivir en una determinada dirección o llevar consigo algún sistema de localización electrónica.
“El Gobierno argumenta que son necesarios para una gestión ordenada de las migraciones, aunque está demostrado por muchos académicos que son costosos e ineficaces en la lucha contra la migración irregular”, sostiene el profesor de la Universidad de Bari Giuseppe Campesi. Habla del caso concreto de Italia, pero su explicación puede extenderse, asegura, a cualquier otro país europeo.
En el CIE parisino Le Mesnil-Amelot, hay unas 80 personas retenidas. Marroquíes, argelinos, rumanos y senegaleses son los más numerosos. La estancia máxima en estos centros es de 45 días; en los españoles son hasta 60 y en la mayoría de Estados son muchos más, la cifra más común, a veces sumando varios periodos de estancia en los centros, es 540 (18 meses), el máximo que permite la normativa comunitaria en los casos más extremos. La Comisión Europea recomendó a principios de marzo a los Estados Miembros que amplíen y apuren los plazos de detención para lograr el mayor número de readmisiones posible. La UE deporta una media del 36% de los migrantes con orden de expulsión, según cifras oficiales correspondientes a 2015. Pasado ese mes y medio establecido en la legislación francesa, los extranjeros detenidos a deben ser expulsados o liberados.
Abdoulaye, de profesión karateka, lleva en el centro 26 días. Desde que aterrizó hace cuatro años en Francia, ha trabajado, siempre sin papeles, como profesor de artes marciales y mecánico de motos, asegura. Y así fue tirando hasta que un día como otro cualquiera la policía le paró en la carretera, le pidió la documentación y acabó en el centro de internamiento.
“Esto es una cárcel. Nos meten y cierran”, cuenta un interno en París
El día que EL PAÍS entró en Le Mesnil-Amelot, la mujer de Abdoulaye estaba a punto de dar a luz y a él le tortura la idea de qué pasará cuando nazca la niña. Sin sus ingresos, su compañera está perdida. “No he hecho nada malo. Yo solo peleo por sacar a mi familia adelante”. Si aguanta sin que le expulsen a Senegal 19 días más, habrá triunfado. Como el 62,7% de los internos de este centro, que salen en libertad, según las cifras del informe anual que publican cinco ONG que trabajan dentro de CIE en Francia. El documento indica que 3.749 personas fueron encerradas en Le Mesnil-Amelot en 2015. Entre ellas, 22 menores han pasado por el centro, según las ONG.
“En algunos países, las autoridades recurren rutinariamente a la detención administrativa de migrantes irregulares en espera de deportación, a veces sin limitación de tiempo ni revisión judicial; solo debería recurrirse a la detención después de un cuidadoso examen de cada caso individual”, opina el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, Mykola Gnatovskyy. En la mayoría de países, son las autoridades civiles (funcionarios de inmigración o fuerzas de seguridad) los que toman la decisión de encerrar a un extranjero en un centro; sin embargo, en Alemania, Estonia, España, Finlandia, Lituania, Polonia, Portugal y Suecia son los jueces quienes lo hacen.
En cualquier caso, Gnatovskyy, jurista de origen ucraniano, insiste en la necesidad de que los detenidos vayan siempre a centros específicos donde se aseguren derechos básicos como el de poder informar a una persona de su elección de su situación, tener acceso a un abogado y a un médico —algo que no siempre se garantiza, admite—, en lugar de mantenerlos durante semanas en comisarías de policía o llevarlos a la cárcel; en Irlanda, por ejemplo, los migrantes en detención administrativa están en módulos específicos de nueve prisiones.
Aunque llevarlos a este tipo de centros especializados, donde la escasez de medios es tónica general, tampoco garantiza que se cumplan los derechos de los detenidos. Así lo han puesto de manifiesto sucesivos escándalos, con motines, suicidios de internos o evidencias de malos tratos como el vídeo difundido en 2013 en el que se veía a los guardias fumigar a un grupo de inmigrantes en una instalación de la isla italiana de Lampedusa.
También se han sucedido informes críticos, tanto de ONG como de organismos oficiales como el del Parlamento británico que en 2015 señaló que 400 inmigrantes llevaban detenidos más de seis meses y otro centenar más de un año; la media de tiempo que los extranjeros pasan detenidos en los CIE europeos está entre los cinco días de Suecia y los seis meses de Malta, según el informe de 2014 de la Comisión. En algunos casos, la atención médica era tan pobre, según aquel estudio británico, que algunos detenidos no recibieron tratamiento incluso después de haber intentado suicidarse.
“Allí vives al día. Yo he visto cómo la gente se rajaba el cuerpo. No sabes qué va a ser de ti al día siguiente”, cuenta Abdul Bao en un bar africano en el norte de París. Ha pasado ya tres veces por estos centros (incluido el de Le Mesnil-Amelot) después de que hace dos años comprara papeles falsos para acreditar su residencia. A diferencia de lo que ocurre en otros países, entre ellos España, los extranjeros pueden volver a ser internados una y otra vez en los CIE pasados siete días de su liberación (ocurre lo mismo en República Checa, Finlandia, Países Bajos, Polonia o Eslovaquia).
En Suecia la detención media dura cinco días. En Malta seis meses
Todavía en el centro Le Mesnil-Amelot, Abdoulaye cuenta que la desesperación hace que sean relativamente frecuentes los casos de autolesiones. Lo confirma una trabajadora humanitaria. Lo más común es gente que, como relataba Bao, se corta el cuerpo con cuchillas de afeitar. Hace poco, un chico se tragó un cortaúñas. Saben que en cualquier momento del día o de la noche pueden venir a buscarles y subirles al avión. El sonido continuo de los aviones no ayuda a mantener la calma. Por el pasillo da vueltas desnortado un hombre con cazadora y gorra de lana. Es rumano y llegó ayer. “Está un poco perdido”, informa Abdoulaye.
Las autoridades comunitarias y muchos Estados han ido reaccionando a las denuncias y, por supuesto, a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Justicia. Por ejemplo, en Alemania, los cambios legislativos que han reducido drásticamente en número de extranjeros detenidos —desde 5.475 en 2012 a 627 a mediados de 2015— tuvieron su punto de partida en una sentencia que le dijo al Gobierno que los inmigrantes detenidos no podían estar en prisiones. En Italia, una comisión investigación parlamentaria lleva varios años estudiando cómo mejorar el sistema de acogimiento y detención de inmigrantes.
La creciente, y muchas veces mejorada regulación en la UE, ha dado sin duda lugar “a una mayor protección de los inmigrantes detenidos”, admite en un reciente trabajo la investigadora de la Universidad Libre de Ámsterdam Galina Cornelisse. Pero lo cierto es que también ha terminado de institucionalizar este tipo de medidas como una herramienta más, muchas veces utilizada con entusiasmo, dentro de la política migratoria de los países europeos.
Un mecanismo al que los Estados ya muy difícilmente estarán dispuestos a renunciar, incluso aquellos que, como Alemania, han reducido enormemente en número de detenciones. “Se está pensando seriamente, por razones de coste, en la cooperación a largo plazo entre varios Estados. Por desgracia, solo tres de ellos (Bremen, Renania-Palatinado y Schleswig-Holstein) se muestran abiertos a la abolición de la detención y el desarrollo de alternativas”, aseguraba hace unos meses un portavoz de La Izquierda el Bundestag tras un debate en la cámara sobre la cuestión.
El negocio fronterizo
De la preocupación se pasa a la decisión política; de ahí a las acciones que ponen en movimiento grandes catidades de dinero y, con ellas, llega la oportunidad de negocio. El proceso se ha vivido en multitud de sectores (empezando por la educación o la sanidad) y ha llegado al control de las fronteras, un mercado que movió 15.000 millones de euros en 2015, según el think tank Transnational Institute de Ámsterdam. Aunque para muchos la colaboración público privada no tiene por qué ser problemática en ningún area, a la ONG Migreurop (que reúne asociaciones de Europa, África y Asia) le preocupa la creciente privatización de los centros de internamiento. Tanto en su forma más directa (en Reino Unido, la mayoría de CIE están subcontratados a empresas), como mixta, en la que privados gestionan servicios auxiliares como el cátering, el mantenimiento, e incluso servicios médicos y administrativos; en Italia lo llevan a cabo “cooperativas sociales”.
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