Hallado muerto un inmigrante en la cárcel de Archidona

Uno de los inmigrantes internados en la cárcel de Archidona, acondicionada como improvisado Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) desde el pasado 20 de noviembre, ha sido hallado muerto en su celda en la mañana de este viernes. Los primeros indicios apuntan a que se trataría de un suicidio y que el hombre, de 36 años, podría haberse ahorcado en el habitáculo individual en el que dormía, según confirman fuentes policiales. La policía investiga las circunstancias de la muerte y se ha dado aviso a la comitiva judicial para el levantamiento del cadáver. El hombre llegó a las instalaciones por orden de un juzgado de Lorca (Murcia), que en un auto fechado el pasado 20 noviembre, autorizaba su internamiento hasta el próximo 18 de enero.

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El cadáver ha sido hallado por un funcionario encargado de su custodia. Pero a pese a las prácticas de reanimación del personal, que dio aviso a los servicios sanitarios, no se pudo hacer nada por salvar su vida. La Policía, que ha dado aviso a la comitiva judicial para el levantamiento del cadáver, está a la espera de los resultados forenses y trabaja para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Las reacciones no han tardado en llegar. El PSOE ha anunciado que pedirá la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Y por su lado, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha reclamado directamente la dimisión del ministro y de toda la cúpula de Interior, como responsables del internamiento de los inmigrantes en el penal malagueño.

En la cárcel han llegado a estar internados hasta 600 inmigrantes de origen argelino tras la llegada masiva a las costas de Murcia y Almería a finales de noviembre. Aunque las entidades no gubernamentales que los asisten han informado de que en las últimas semanas han salido varios internos deportados a su país, un dato que no puede ser contrastado porque el Ministerio de Interior no revela cuántas personas quedan en la prisión.

Sí ha trascendido que Interior encerró en la cárcel a siete menores, de entre 14 y 17 años, que ahora se encuentran tutelados por la Junta de Andalucía en un centro de la Consejería de Bienestar Social. Numerosos colectivos y entidades sociales han protestado por la decisión de Gobierno de improvisar la prisión como CIE a pesar de que la Ley de Extranjería indica que estos internamientos, solo permitidos para mayores de edad, deben realizarse en instalaciones de carácter "no penitenciario".