El Defensor del Pueblo urge a los partidos a reformar la ‘ley mordaza’

La vigencia de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y conocida popularmente como ley mordaza, sigue ocupando este año un lugar destacado en el informe del Defensor del Pueblo. El documento entregado este martes por Francisco Fernández Marugán a los presidentes del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Manuel Cruz, urge a los partidos políticos a culminar antes de que acabe el año la reforma de la polémica norma, cuya tramitación se inició en la legislatura pasada pero que el adelanto de las elecciones generales ha impedido completar. El Defensor del Pueblo destaca que a lo largo de 2018 ha seguido haciendo recomendaciones a diferentes administraciones públicas para "mejorar" la aplicación de la ley mordaza y que, si bien todas ellas fueron aceptadas, su reforma sigue siendo inaplazable. En este sentido, la institución recuerda que ya en los informes de los años anteriores se instó a las formaciones a "encontrar los consensos suficientes para a bordar la reforma de los aspectos más polémicos buscando el adecuado equilibrio entre seguridad y libertad".

De este modo, el Defensor del Pueblo hace referencia implícita a la ponencia del Congreso que el pasado mes de noviembre comenzó a estudiar la reforma de la ley mordaza a partir de un texto elaborado por el PNV, al que el resto de grupos presentaron más de 200 enmiendas. En las tres reuniones que se celebraron, los grupos parlamentarios consiguieron alcanzar puntos de acuerdo para reformar los puntos de la norma que afectan, de manera concreta, al derecho de manifestación, al que la ley aprobada por los populares hace cuatro años imponía importantes limitaciones. Así, había un acuerdo de la mayoría de las fuerzas para que dejase de ser infracción la grabación o difusión de imágenes de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante sus actuaciones o la convocatoria exprés de manifestaciones. También había mayoría para que se dejase de penalizar la convocatoria y celebración de concentraciones pacíficas en los alrededores de las Cámaras parlamentarias. Sin embargo, la disolución de las Cortes impidió la aprobación de las modificaciones. El Defensor espera que la recién constituidas avancen rápidamente a partir de esa tramitación frustrada la reforma de la polémica ley.

Mientras tanto, el informe recoge diversas quejas de ciudadanos por la rigurosa aplicación de esta norma y que, en opinión de la institución, han puesto en riesgo algunos derechos fundamentales al provocar "un efecto disuasorio o desalentador de su ejercicio". En este sentido, el documento destaca que aún hay expedientes en los que se determina la sanción de los ciudadanos "atendiendo única y exclusivamente a la versión del denunciante", en este caso agentes de las Fuerzas de Seguridad, y se rechaza sin expresar el motivo las alegaciones de defensa de los denunciados. También critica que en algunos casos de expedientes incoados por varias presuntas infracciones de la ley no se especifique los subtipos infringidos y, por tanto, se haya impedido ejercitar a los ciudadanos afectados "adecuadamente su derecho a la defensa". El Defensor asegura que las recomendaciones por ambos hechos han sido aceptadas por las instituciones estatales y autonómicas que las habían cometido.

El documento también hace referencia a la polémica sobre la instalación de lazos amarillos y cartelería en favor de la excarcelación de los presos del procés en edificios públicos de la Generalitat de Cataluña, tanto en periodo electoral como fuera de él, y de las que la institución asegura haber recibido 58 quejas en 2018. Para el Defensor, los edificios públicos deben respetar la neutralidad política tanto en sus fachadas con en su interior al considerar que "las instituciones públicas no deben ser correlatos de los partidos políticos [...]. Representan a todos y, precisamente por ello, han de guardar una exquisita neutralidad, también el terreno de los símbolos", recalca tras recordar que la Junta Electoral se manifestó en idéntico sentido tras recibir quejas en este sentido durante los procesos electorales de abril y mayo pasados.

Finalmente, el Defensor del Pueblo se congratula de que se aprobase el pasado diciembre una ley para modificar el Régimen Electoral General y garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. El documento de la institución recuerda que en su informe de 2017 había insistido precisamente "en la procedencia y urgencia de esta reforma" para que pudiera aplicarse en las ya entonces previstas elecciones municipales, autonómicas y europeas del pasado mes de mayo, como finalmente ha sido.