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Las quejas sobre sanidad al Defensor del Pueblo crecen un 60% en un año

El organismo recoge también críticas sobre medioambiente, educación y dependencia

Manifestación contra los recortes y por la situación de la sanidad pública en Sabadell en 2017. En vídeo, declaraciones del Defensor del Pueblo sobre sanidad y vivienda.Vídeo: ALBERT GARCÍA
Jessica Mouzo

Las quejas ciudadanas vinculadas a la sanidad pública copan buena parte de los expedientes abiertos por el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en 2018. Si bien el cómputo global de reclamaciones gestionado por la institución ha descendido (17.697 frente a 25.776 en 2017), las demandas por cuestiones sanitarias han crecido un 60% en un año. Las listas de espera, la falta de profesionales y el copago farmacéutico acumulan el grueso de las quejas, que el año pasado ascendió a 824. El Defensor del Pueblo abrió, además, otras 25 actuaciones de oficio relacionadas con este ámbito.

"El Defensor del Pueblo considera que los datos que muestran importantes carencias en el nivel de atención primaria del sistema público de salud, en forma de precarización y falta de medios, exigen una reacción efectiva de todos los poderes públicos", zanja Fernández Marugán en el informe anual de 2018 entregado este martes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al presidente del Senado, Manuel Cruz. El defensor del pueblo ha advertido que las quejas ciudadanas por la falta de recursos en la sanidad pública y la "preocupación de los profesionales sanitarios por las condiciones en las que desarrollan su trabajo", no cesan y sugiere que las administraciones públicas "no estarían ofreciendo la debida respuesta". Fernández Marugán mantiene abierto un expediente para seguir las actuaciones del ministerio de Sanidad, que está estudiando las especialidades menos cubiertas.

Las listas de espera vuelven a ser otro de los temas recurrentes y que generan más demandas ciudadanas en el Defensor del Pueblo. Por ejemplo, un paciente que se quejaba de que le habían diagnosticado un tumor y, dos meses después de la detección, el servicio de salud asturiano, todavía no le había aplicado ninguno de los tratamientos de quimio y radioterapia indicados. La persona afectada inició la terapia días después de que interviniese el Defensor del Pueblo.

En este ámbito, Fernández Marugán mantiene abiertos varios expedientes sobre las demoras en los implantes de prótesis de mama tras una mastectomía. Según consta en el informe, el defensor del pueblo recomendó incorporar esta intervención entre aquellas operaciones que tienen un tiempo máximo de espera establecido por ley. Aragón todavía no se ha posicionado al respecto, pero Cataluña y Castilla y León han rechazado esta recomendación al considerar que las pacientes en espera son pocas y son intervenidas pronto. Con todo, Cataluña ha anunciado recientemente que prepara un decreto en el que prevé garantizar este tipo de intervención en 180 días.

Las quejas por el copago farmacéutico han obligado también al defensor del pueblo a reclamar, de nuevo, una modificación de la legislación (revisar los tramos de renta en el copago o eximir a varios colectivos vulnerables de la aportación farmacéutica, entre otras medidas) que garantice el acceso a los tratamientos a los grupos más desfavorecidos. Fernández Marugán puntualiza en este informe que, si bien el anterior Gobierno no había aceptado esta recomendación, el cambio de Ejecutivo precipitó un nuevo informe del ministerio de Sanidad en el que sí se contemplaba la eliminación de barreras económicas en el acceso a los fármacos.

Problemas en el transporte sanitario, desabastecimiento de algunos fármacos y dificultades para conseguir la tarjeta sanitaria con el nombre elegido por las personas transexuales son otras de las quejas presentadas en el informe anual del defensor del pueblo. Fernández Marugán tuvo que intervenir, por ejemplo, ante la Comunidad de Madrid, que condicionaba el cambio de nombre en la tarjeta sanitaria a la rectificación en la inscripción registral. Esto significaba acreditar el diagnóstico de disforia de género y estar bajo tratamiento hormonal de cambio de sexo durante, al menos, dos años, una situación que no todas las personas transexuales podían probar. Tras las quejas ciudadanas, el gobierno autonómico reculó y eliminó la exigencia de la inscripción registral para cambiar el nombre en la tarjeta sanitaria.

Con todo, si bien las demandas por cuestiones sanitarias han aumentado, el grueso de las quejas recogidas por el Defensor del Pueblo están vinculadas a la Administración de Justicia (2.319) y la función pública (1.611). En cifras globales, Fernández Marugán recibió el año pasado 17.697 quejas y 327 solicitudes de recursos de inconstitucionalidad. Además, el defensor del pueblo abrió 372 actuaciones de oficio y formuló 1.152 resoluciones a las administraciones, entre recomendaciones, sugerencias, recordatorios de deberes legales y advertencias.

Mayores

El informe destaca la "insuficiencia" de plazas públicas y concertadas en residencias para mayores. Para ello, pide más esfuerzo presupuestario, mejorar la calidad asistencial y actualizar y armonizar la normativa, entre otros aspectos. El defensor se ha referido, también, a las personas mayores para denunciar que se trata el envejecimiento de la población como "una catástrofe", una visión que, dice, hay que cambiar.

Despoblación

El envejecimiento de la población, junto con la migración, es uno de los dos flujos que, según ha explicado Fernández, están cambiando la sociedad actual y que influyen en el fenómeno de la despoblación, un tema al que, en este informe anual, se le ha dedicado un estudio especial. Marugán ha llamado a "hacer reformas" que "satisfagan a las generaciones presentes", sin "poner en riesgo a las futuras".

Educación

El defensor insta al acuerdo entre fuerzas políticas para alcanzar un pacto de Estado que dé estabilidad al sistema educativo. Y se ha referido a las quejas relativas a la neutralidad ideológica de los centros en cuanto a espacios públicos en los que, según el Defensor, "no debe tener cabida ninguna forma de adoctrinamiento político". Marugán considera que el término "adoctrinamiento" "no debe acompañar y ni siquiera estar cerca de otras voces como educación, enseñanza o docencia" y censura en su informe el uso de instalaciones educativas para actos de reivindicación política.

Natalidad

El Defensor llamó la atención sobre el descenso de la fecundidad en España y alertó de que, si bien se ha avanzado en medidas que permitan conciliar la vida laboral y la familiar, todavía hoy son las mujeres las que cargan con la mayor parte de las labores del hogar.

Violencia de género

La violencia de género es otro de los asuntos destacados de este documento anual, en el que Fernández Marugán insiste en que "un maltratador nunca puede ser un buen padre" y que, para proteger a las niñas y niños, es necesario que cuando se dicte una orden de alejamiento a un hombre respecto de una mujer, se suspenda también el régimen de visitas a los hijos e hijas.

Contaminación atmosférica

La contaminación atmosférica, junto con el ruido del transporte, de los locales de ocio, la hostelería o los espectáculos públicos protagonizaron un año más las principales quejas medioambientales. A juicio de la institución, "las medidas aplicadas para combatir la contaminación no siempre son bien entendidas o suficientemente explicadas a la población".

Contaminación acústica

Por otra parte, "los ciudadanos consideran que la Administración no actúa de manera ágil y decidida" ante la contaminación acústica. "El ruido no solo afecta al medioambiente, sino también a la salud", por lo que el Defensor del Pueblo urge a "Ayuntamientos, comunidades y ministerios a eliminar o reducir dicha contaminación creciente".

Otros ámbitos

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Sobre la firma

Jessica Mouzo
Jessica Mouzo es redactora de sanidad en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster de Periodismo BCN-NY de la Universitat de Barcelona.

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