La Fiscalía niega que Puigdemont tenga inmunidad y se opone a levantar su orden de arresto

La Fiscalía rechaza la idea de que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, fugados en Bruselas, hayan accedido a la inmunidad parlamentaria tras ser proclamados eurodiputados electos el pasado jueves por la Junta Electoral Central. El ministerio público, en un escrito presentado este viernes en el Tribunal Supremo, se opone a que se levante la orden nacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión vigente contra ambos políticos catalanes, como habían solicitado sus abogados. Dejar sin efecto esta orden de arresto, como pretenden los huidos, les permitiría regresar a España sin ser detenidos, tomar posesión del acta y acceder a la condición plena de eurodiputados.

La causa contra los fugados se encuentra en la actualidad “suspendida” por su situación de rebeldía. Para dejar sin efecto la orden de arresto, el fiscal Javier Zaragoza plantea dos únicas opciones: que Puigdemont y Comín “se presenten voluntariamente” ante las autoridades españolas o que “sean capturados y puestos a disposición del órgano judicial competente”.

Zaragoza considera que la petición, que los letrados basaban en el Protocolo número 7 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sobre privilegios e inmunidades de las instituciones comunitarias, “debe ser rechazada”. El acusador público recuerda que la inmunidad solo entra en vigor cuando se adquiere la condición plena de eurodiputado, para lo que es necesario prestar juramento o promesa de acatamiento de la Constitución ante la Junta Electoral Central, un acto fijado para el próximo lunes en Madrid. Además, recuerda que estos privilegios del cargo de eurodiputado solo se aplican cuando la Eurocámara se encuentra ya en periodo de sesiones.

El ministerio público se apoya además en el informe “vinculante” del pasado 15 de abril que los servicios jurídicos del Parlamento Europeo presentaron al presidente de la Cámara, Antonio Tajani, sobre el alcance temporal de las inmunidades parlamentarias. Este documento señalaba que al contrario que los diputados nacionales españoles, cuya inmunidad se inicia de manera retroactiva en el momento en que son proclamados electos, y no en el momento en que toman posesión del escaño, los eurodiputados españoles comienzan a estar protegidos tras recoger el acta e iniciarse el periodo de sesiones.

Además, el informe comunitario, firmado por el jurisconsulto Freddy Drexler, atribuía de manera exclusiva a los jueces españoles la competencia para autorizar a parlamentarios electos bajo orden de arresto nacional –como estarían Puigdemont y Comín- la prestación del juramento o promesa que les convierte en europarlamentarios de pleno derecho.

El fiscal Zaragoza recuerda que para actuar penalmente contra diputados nacionales es “inexcusable” el suplicatorio y la autorización del Congreso en las fases previas al procesamiento. En el caso de Puigdemont y Comín, recuerda la Fiscalía, ya son procesados firmes, “se encuentran en situación de rebeldía” y “en principio no sería necesaria la autorización parlamentaria” para proceder penalmente contra ellos.