El oscuro negocio en Rusia del senador Granados

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue desenredando la compleja maraña societaria creada por el presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, en el intento de localizar la supuesta fortuna oculta de este en el extranjero. El último paso de esta investigación se ha reflejado en un informe de cerca de un centenar de páginas, incorporado recientemente al sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, en el que los agentes concluyen que el político participó en 2012, cuando era senador, en el accionariado de la empresa de ingeniería Bustren PM SL, con oficinas en Rusia, Ecuador y Perú, como instrumento "para la operativa de introducción y alejamiento de activos en España".

El documento apunta que esta sociedad -en la que también participaba de manera encubierta el empresario Javier López Madrid y figuraba como titular un ex alto cargo de la Comunidad de Madrid, Jesús Trabada, ambos imputados igualmente en la causa- fue el vehículo utilizado por el político para recibir presuntamente 800.000 euros de una comisión por la antigua adjudicación de una obra en su etapa como consejero del Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre. Granados siempre ha negado en sus declaraciones ante el juez cualquier irregularidad en su actuación o poseer fondos ocultos en el extranjero. Los investigadores sospechan que su estrecha vinculación con esta empresa revela lo contrario.

El informe de la UCO sitúa como origen de la trama empresarial a Trabada, quien había abandonado la Administración pública en 2011 después de que el gobierno autónomo madrileño disolviera la empresa pública de la que era consejero delegado, Mintra, dedicada a la infraestructura de transporte. Ese mismo año, el alto cargo creó junto a su esposa Bustren, una mercantil cuyo objeto social era idéntico al de la entidad pública en la que había trabajado. Poco después, entró en el accionariado de la compañía Ignacio Palacios, imputado en la causa como presunto testaferro de Granados, y la empresa Noyer Proyectos SL, administrada por la hermana de Javier López Madrid, Myriam. Los investigadores aseguran en el informe que estos eran, en realidad, los testaferros de los auténticos propietarios de las participaciones, Granados y su amigo empresario.

Los agentes recuperan como prueba de ello una conversación telefónica entre el político y su presunto testaferro intervenida durante la investigación en la que este último afirmaba que "lo de Javier [López Madrid] lo va a poner a nombre de su hermana [...] y que lo tuyo ponerlo a mi nombre no hay ningún problema". En este sentido, la Guardia Civil destaca que a lo largo de los más de cinco años que investigación del caso Púnica "se ha podido evidenciar el uso sistemático de testaferros y personas interpuestas por parte de Francisco Granados para ocultar su identidad en la tenencia de activos financieros y participación en operaciones de blanqueo de capitales".

Los agentes añaden que el análisis de la documentación intervenida -facturas y correos electrónicos, sobre todo- revela otras irregularidades más allá de la titularidad de las acciones. Así, el documento policial destaca que "los ingresos de la mercantil durante los primeros años proceden de facturación con otras ingenierías de las que no se tiene constancia documental que avale el pago de las facturas". De esos pagos, la UCO destaca los elevados ingresos recibidos por la sociedad bajo sospecha desde KV Consultores de Ingeniería Proyectos y Obras SL, una mercantil con la que no tenía firmado ningún contrato que justificase esa facturación.

Para los investigadores, esta última compañía "sería el vehículo corporativo para desviar fondos de manera encubierta" a Bustren desde la constructora OHL, en la que entonces estaba Javier López Madrid y que había recibido adjudicaciones de la Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid cuando Granados era su titular. Se trata de 800.000 euros que, según recalca el informe policial, "sería la verdadera participación económica en Bustren de [...] Francisco Granados aportada por Javier López Madrid como pago por la adjudicación del contrato del tren de Navalcarnero", una licitación que está siendo investigada en el sumario del caso Lezo.

La Guardia Civil también destaca que Bustren, pese a tener su sede en Madrid, centró su negocio en la licitación de obras públicas en el extranjero para las que, pese a su condición de senador, Granados realizó supuestamente gestiones. La compañía cuenta, de hecho, con "tres sucursales" repartidas en Rusia, Ecuador y Perú. "Se desconoce la procedencia de los fondos utilizados para crear las tres sucursales, al no tener constancia documental de que esos fondos salieron de las arcas de Bustren", se lee en el informe policial, que a continuación destaca que en opinión de los investigadores "esta aportación monetaria [...] pudiera haber salido de cuentas tituladas" por los imputados en terceros países.

La UCO también destaca que la investigación ha detectado la repatriación de dinero a España desde las cuentas de Bustren y sus sucursales en Rusia, Ecuador y Perú en una cuantía que no ha podido ser concretada. Los agentes sospechan que estos movimientos de dinero entre las sociedades del entramado puede haber permitido al presunto cabecilla de la trama Púnica "regresar a España los fondos blanqueados alejados de su origen ilícito y de su verdadera titularidad". La Guardia Civil considera que todos estos hechos son constitutivos de delitos de blanqueo, cohecho y malversación de caudales públicos.