Los acusados se enganchan al móvil

No hay día sin que pase algo nuevo en el juicio. Y eso que ya van 35 jornadas y han desfilado por aquí 260 testigos, muchos de ellos repetidos, como en los álbumes de cromos, que para que salga un Trapero, con ese porte y esa voz, hay que asistir a las declaraciones prácticamente idénticas de decenas de agentes de los antidisturbios. O a los interrogatorios que hacen los abogados de Vox a sus propios testigos, sin una pregunta de provecho para los intereses de la acusación y sí muchos minutos de publicidad para las defensas. Cómo será el cuestionario que le hace el abogado Juan Cremades al portavoz del Pacto Nacional por el Referéndum, que cuando llega el turno de Jordi Pina, el abogado de Rull y Turull dice:

–Para no ser reiterativo, esta defensa renuncia a interrogar.

Y aun así, a pesar de que aparentemente el día no tenga ningún provecho para la causa, siempre hay algo, una imagen, una historia humana, un acusado pecando a hurtadillas, un testigo estrafalario.

La imagen se produce a las diez en punto. Cuando el público y la prensa entran en el Salón de Plenos ya suelen estar todos en sus puestos. Al frente, los siete magistrados del tribunal. En medio, los acusados en sus banquillos. A la izquierda, los abogados de la defensa, y a la derecha, las acusaciones. Pero hoy, en medio de tan solemne coreografía, está Jordi Cuixart de pie, riéndose de buena gana y conversando animadamente con la abogada del Estado Rosa María Seoane, la misma que en su escrito de acusación pide para él ocho años de prisión por el delito de sedición. La imagen no es extraña por lo que respecta al presidente de Òmnium Cultural, que a cada tanto se gira en el banquillo y envía su sonrisa a la búsqueda de cómplices entre el público.

Una historia humana. La de los antiguos empleados de Unipost contando aquellos días angustiosos de septiembre de 2017, cuando su empresa postal se encontraba agonizando, en concurso de acreedores, sin dinero ya para pagar las nóminas, y de pronto alguien de la Generalitat –uno de sus principales clientes– les advierte de que va a llegar un encargo de casi un millón de euros para que distribuyan los sobres y papeletas del referéndum ilegal. Todos son sospechas, rumores. “Era vox pópuli que nosotros íbamos a repartir lo que íbamos a repartir”, reconoce Rafael Ramírez, el responsable de la delegación de Unipost en Sant Joan. Lo cierto es que, aquel día de septiembre que tenían que llegar los envíos, Rafael abre la puerta de su almacén y se encuentra de frente a seis agentes de la Guardia Civil.

Y, de pronto, en la sala se escucha un sonido inconfundible. El de un teléfono al caer desde un metro de altura. El trabajador de Unipost sigue declarando y nadie se da cuenta de que a quien se le ha caído el móvil es a Jordi Turull, agazapado detrás de una de sus abogadas, Ana Bernaola. El exconsejero de Presidencia pone cara de circunstancias y, al rato, de forma sigilosa, lo recoge del suelo y sigue escribiendo. A su lado, Jordi Sánchez hace lo mismo. Los dos adoptan ese gesto tan característico –y tan delator– de cualquier cincuentón con gafas cuando mira su móvil.

El testigo estrafalario entra en la sala con un pantalón amarillo y toda la quincalla típica del independentismo radical colocada en la camiseta. Camina con desparpajo y se sienta como si estuviera en su casa. El juez Marchena, que ya sabe lo que se le viene encima, le dice que se ponga en pie. Se trata de un mosso d’esquadra que se dedicaba a poner en Twitter: “Hay que abrir las puertas de la cárcel para sacar a los líderes independentistas”. El abogado de Vox Ortega Smith, que durante toda la mañana ha seguido en su letargo preelectoral, se despierta y empieza a interrogarlo:

–¿Qué funciones tiene usted en los Mossos d’Esquadra?

– Era agent dels Mossos –contesta en catalán.

– "¿Y eso qué quiere decir?", –pregunta el abogado.