Los catalanes de siempre visitan el juicio

Era julio y aquel tren empezaba a coger velocidad. Al percatarse de que el rumbo era de colisión, cada uno buscó una excusa, más o menos creíble, y se quedó en tierra, de forma discreta, sin aspavientos. Meritxell Ruiz dijo que tenía dos hijos muy pequeños y que el trabajo de consejera de Educación apenas le dejaba tiempo libre. Jordi Jané explicó que ya había hecho en dos años el trabajo que tenía previsto hacer al frente de Interior y que añoraba las clases en la universidad. Jordi Baiget, el consejero de Empresa, tal vez fue el más explícito. Lo pillaron con la guardia baja en una entrevista y aseguró que estaba dispuesto a ir a la cárcel, pero que no podía jugarse el patrimonio de su familia. Así que desde un andén en medio del verano vieron partir a sus compañeros con destino a un otoño explosivo.

–Ante la eventualidad de que en el futuro no primara el acuerdo –reconoce Jané–, comuniqué mi deseo de no continuar.

Ahora están aquí. Han llegado al Supremo como los políticos catalanes de siempre venían a Madrid. En el puente aéreo, muy temprano, elegantes en sus trajes oscuros casi negros, dispuestos a discutir, a regatear, a cambiar las competencias de allí por la estabilidad de aquí, sabiéndose parte del Estado aun sintiéndose diferentes, conscientes de que el truco estaba en tensar la cuerda sin llegar nunca a romperla. Los que viajaban en aquel tren y ni se apearon ni lo pararon a tiempo –a pesar de las advertencias del Constitucional, de los propios letrados del Parlament, de la cúpula de los Mossos d’Esquadra– también están aquí, pero en el banquillo de los acusados, desde donde día tras día –“¡es la guerra, traed madera!”, gritaba Groucho Marx– contemplan el triste destino de su disparatada aventura.

 El ejemplo es la jornada del martes. El día de transición entre el aluvión de testigos que trajo la fiscalía y los primeros de la defensa se convierte en un regreso a territorios ya transitados. Testigos redundantes, sin mayor interés. Un repertorio de tallas sueltas olvidadas en la sección de oportunidades. Un policía de la UIP que dijo más o menos lo mismo que los 186 agentes que habían venido antes. Un empleado de la Generalitat, más nervioso que un flan, que habló de las facturas que mandaba Unipost –aquella empresa que con la que el tal Toni contrató la distribución de la papelería electoral– y que no se pagaban y que nadie reclamaba. Un señor que estaba colgando carteles del referéndum con unos amigos por las calles de Badalona cuando llegaron tres agentes de la policía municipal y le dijeron que no, y luego apareció Jordi Cuixart y dijo que cómo que no, y se armó una trifulca sin demasiado interés que además ya se juzgó en Barcelona. Un sargento de los Mossos que el 20 de septiembre acudió a la consejería de Economía para hacer labores de mediación y que cuando se entera de que el tribunal, al igual que hace con todos los agentes de orden público, no va a difundir su cara, le dice a la agente judicial: “Yo prefiero que se me vea”. Y lo que pasa a continuación es indescriptible. El agente con afán de notoriedad pertenece a esas personas con tendencia a contar las cosas, incluso las más intrascendentes, en tiempo real. Durante una hora que parece un día, y aprovechando las preguntas inocuas de un joven abogado de Vox llamado Juan Cremades –Javier Ortega Smith estaba a su lado, pero en silencio, abstraído, calculando tal vez la altura del muro que quiere construir en Ceuta–, el mediador habla y habla y no dice nada hasta que el juez Marchena, con mucha retranca, le pide al letrado:

—Dada la locuacidad del testigo, haga preguntas concretas.

Tal es el tostón, que cuando el mosso dice al abogado Javier Melero que eso que le pregunta ya lo ha contado antes, pero que si quiere lo puede repetir, al defensor de Joaquim Forn le sale del alma un “¡no, no, no!” que desata las risas del público independentista, que al amarillo habitual une hoy el rojo de las rosas de Sant Jordi.