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Las dos negaciones del “procesado rebelde”

La jefatura de los Mossos intentó sin éxito el 26 y el 28 de septiembre que Puigdemont desconvocara la consulta ilegal

La abogada del Estado Rosa María Seoane en el juicio. En vídeo, parte de las declaraciones de Emili Quevedo. Foto: EFE | Vídeo: EPV

Hasta el 28 de septiembre de 2017, el comisario Emili Quevedo, un pez gordo de los Mossos d’Esquadra, nunca había estado en una reunión de tú a tú con el president Carles Puigdemont, ni siquiera cuando, un mes antes, se produjeron los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils. Pero aquel jueves, el entonces jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, le había pedido a Quevedo y al también comisario Manel Castellví que lo acompañaran hasta el Palau de la Generalitat para intentar convencer a Puigdemont, a Oriol Junqueras y a Joaquim Forn de que, ante el clima de tensión creciente que se vivía en Cataluña, lo más prudente era desconvocar el referéndum ilegal. Trapero ya lo había intentado dos días antes, pero Puigdemont le había dicho que la convocatoria seguiría adelante. Lo que pretendía ahora, al acudir acompañado de la plana mayor, era demostrarle al president que la cúpula de los Mossos al completo estaba de acuerdo en que el referéndum no se debía celebrar. Se trataba de un último intento a la desesperada.

—¿Y qué les dijeron?, pregunta el fiscal.

—Forn no intervino. Junqueras dijo que él creía que no habría ningún tipo de resistencia, que cuando los agentes intervinieran, la gente iba a dejar pacíficamente que actuaran; y el señor Puigdemont dijo que el Govern tenía un mandato que cumplir.

A preguntas del fiscal Javier Zaragoza, el comisario Quevedo va contándolo todo. Dice que durante aquella “reunión excepcional” su colega Castellví explicó con detalle su preocupación ante lo que podía suceder dada la tensión creciente que se percibía en las calles. También recuerda que expresaron ante Puigdemont su “absoluta disconformidad” con determinadas expresiones públicas que habían hecho los miembros del Govern y que los dejaban a los pies de los caballos ante la ciudadanía. “Era obvio”, admite el comisario Quevedo, “que ellos sabían que celebrar el referéndum y a la vez cumplir el mandato judicial era incompatible, y de sus manifestaciones quedaba claro que ponían en prevalencia una cosa sobre otra…”.

—¿Y qué cree usted que ponían por delante?, intenta saber el fiscal.

Cuando más interesante está el interrogatorio, el juez Marchena interrumpe al fiscal Zaragoza, que pone cara de “qué paciencia hay que tener con usted, señoría”. Lo que ha dicho el testigo está claro y no deja en buen lugar a Puigdemont, pero Zaragoza quería un titular redondo, de esos que abren un periódico al día siguiente y que al fiscal —que se notaba que se estaba gustando en el interrogatorio— le hubiera permitido quitarse la montera y saludar. Pero si algo ha quedado claro en el juicio, más allá de la versión de unos y otros o de quién va ganando más batallas con vistas a la sentencia, es que aquí solo hay una plaza para el papel protagonista, y el juez Marchena no va a permitir que se la quiten.

Cuando el fiscal termina su interrogatorio, dejando constancia de que “el procesado rebelde” —así llama Zaragoza a Puigdemont cada vez que puede— desoyó en dos ocasiones la petición de los Mossos para que desconvocara el referéndum, toma la palabra la abogada del Estado Rosa María Seoane. No tiene un papel fácil. En primer lugar, porque siempre le toca interrogar después de los fiscales. Y sobre todo porque no estaba previsto que acudiera al juicio. Solo pudo acceder después de que, a finales de noviembre, el Gobierno decidiera destituir a Edmundo Bal como abogado jefe del departamento de penal y, por consiguiente, responsable de defender la posición del Estado. Bal, que conocía las investigaciones al dedillo, pretendía acusar a los líderes independentistas de rebelión, mientras que la abogada general del Estado, Consuelo Castro, se inclinaba —a instancias del Gobierno— por el delito de sedición, que conlleva penas menores. El caso es que Seoane, menos bregada que Bal, ha ido de menos a más y logra apuntarse un tanto importante. Cuando Quevedo está relatando los incidentes relacionados con el registro, el día 20 de septiembre, de la Consejería de Economía, la abogada del Estado pregunta:

—¿Es común que el pasillo lo hagan los Mossos o los voluntarios?

—Lo normal es que este tipo de actuaciones las realicen las fuerzas policiales. Si se trata de garantizar la salida de la comitiva judicial esa responsabilidad no podía recaer en personas que no fueran policías.

—¿Esa responsabilidad debía recaer en la Policía?, insiste.

—Sí.

Durante los primeros compases del juicio quedó claro que quien durante toda aquella jornada se convirtió en la auténtica autoridad de las calles, aquel con quien negociaba hasta el teniente de Guardia Civil, había sido Jordi Sànchez, entonces presidente de la ANC, y no los Mossos, cuyas unidades antidisturbios permanecieron impasibles a cierta distancia. En la declaración del comisario a preguntas de la abogada, Quevedo acaba de poner en evidencia a las defensas, que hasta ahora han querido hacer ver que la actitud de Sànchez fue una prueba del pacifismo que rodeó aquel día la Consejería de Economía, de donde la comisión judicial no pudo salir hasta la madrugada.

Durante la sesión de la tarde, el juicio vuelve a sumergirse en el absurdo que, de vez en cuando, visita las peripecias del procés. Uno de los directivos de Unipost, la empresa que debía repartir más de cinco millones de tarjetas censales y 56.000 cartas certificadas para el referéndum del 1 de octubre, dice que fue avisado por “un tal Toni” que llamaba por teléfono. Nadie sabía quién era y concertó la entrega de las cartas de tapadillo, quedando a escondidas frente a un bar de Hospitalet. Por supuesto, Unipost, que ya no existe, ni envió las cartas ni cobró el encargo. Así será más difícil probar el supuesto delito de malversación.

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