La condición humana desembarca en el juicio del ‘procés’
Una secretaria judicial que tiene miedo, un marino mercante que quiere evitar una injusticia, pequeños empresarios a la sombra sospechosa de la Generalitat
Hace un año y medio, una mujer tuvo miedo. Estaba practicando un registro judicial en unas oficinas de la Generalitat en Barcelona y, cuando terminó, se dio cuenta de que no podía salir si no era entre los miles de manifestantes que rodeaban el edificio. Tal era su agobio que, después de llamar al juez para suplicarle que la sacara de allí, terminó huyendo por una azotea. Mientras cuenta eso y otros detalles delante del tribunal —que le ha permitido que su rostro no sea difundido por las cámaras— por las redes circula un vídeo sarcástico donde se cuestiona la proeza de saltar un muro de un metro de altura. Es la condición humana. La del miedo y la de quienes lo ridiculizan en nombre de la causa.
La jornada 12 del juicio no tiene a priori un gran cartel. Ya han hablado todas las primeras figuras. Los fiscales, las abogadas del Estado, los políticos acusados, los políticos que acusan y hasta un coronel de la Guardia Civil que aprovecha el final de su declaración para ajustar viejas rencillas con el antiguo jefe de los Mossos, el major Josep Lluís Trapero. También se han pronunciado las grandes palabras que sostienen las acusaciones —rebelión, sedición— y las que se alegan desde las defensa —democracia, autodeterminación-—. Todas las piezas principales están, por tanto, colocadas para que empiece la función. La siguiente escena se parece al drama en cinco cuadros que escribió Federico García Lorca en 1933.
—Señor.
—¿Qué?
—Ahí está el público.
—Que pase.
Y, por delante del tribunal que preside Manuel Marchena, empieza a circular la gente corriente. La secretaria judicial que aquel 20 de septiembre sintió miedo y llegó a pedir incluso un helicóptero para que la sacaran de allí. El práctico del puerto de Palamós que un día, leyendo unas declaraciones de Josep Rull en relación con el atraque del barco destinado a albergar policías, se indignó con ciertas falsedades y escribió una carta al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para poner la verdad en su sitio. Ahora está aquí, en una guerra que no es la suya, intentando evitar que las declaraciones de Rull puedan perjudicar injustamente a funcionarios del Estado. El fiscal pregunta:
—¿Era técnicamente viable atracar el barco en el puerto de Palamós?
—Afirmativo, señor.
—Dígame por qué.
—El barco estaba en buen estado, el mar en calma y los muelles desocupados.
La sesión de la tarde también trae al Salón de Plenos una nómina de personajes aparentemente anodinos. Pero conforme avanza la tarde, y para sorpresa del público, empieza a conformarse un puzle muy revelador. Uno tras otro, empiezan a sentarse en la silla de los testigos diversos profesionales —programadores informáticos, diseñadores gráficos, expertos en comunicación— con un curioso denominador común. Todos fueron requeridos por los más altos dirigentes de la Generalitat, incluidos Carles Puidemont y Oriol Junqueras, para que realizaran diferentes trabajos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre —un sistema de votación electrónica, una página web, una campaña de publicidad— que nunca llegaron a ser cobrados. Una de las interrogadas, Olga Solanas, directiva de Focus Media, explica un modus operandi que se repite en el resto de los casos. La Generalitat encarga un trabajo, se pacta un precio —en este caso una campaña de publicidad de 130.000 euros—, la empresa factura, pero nunca cobra, y curiosamente no pasa nada. Ante la incredulidad del fiscal, algunos testigos se bloquean. La diseñadora Teresa Guix da la misma respuesta de forma consecutiva a cuatro preguntas distintas: “No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo”. Después de que el juez Marchena le llame la atención ante lo extraño de su desmemoria, la testigo acaba reconociendo:
—Hice una factura negativa en julio de 2017 para no cobrar ese trabajo porque me citaron en la Guardia Civil y pensé que era mejor anular este trabajo.
Un fiscal que observa la sesión ve muy clara la sombra de la malversación: “Si una empresa realiza un servicio a la administración, la administración está obligada al pago, aunque sea una contratación fuera de la ley. De lo contrario habría un enriquecimiento injusto por su parte. Luego la deuda existe, y si te la reclaman hay que pagarla”.
Por la mañana, antes de la declaración de la secretaria judicial Monserrat del Toro, el fiscal Javier Zaragoza pide al tribunal que su imagen no sea reproducida por las cámaras en directo. Las demás acusaciones están de acuerdo. El juez formula entonces la petición a los abogados defensores y también todos, menos uno, admiten que el rostro de la funcionaria, ridiculizada en las redes sociales desde que se conoció su huida por los tejados, no sea difundido. El único que se opone es Andreu Van den Eyden, el letrado de Oriol Junqueras, que incluso formula una protesta.
Hace unos días pasó algo parecido. Juan Ignacio Zoido, un pésimo ministro del Interior, tuvo la oportunidad de rehabilitarse al menos personalmente asumiendo la actuación de policías y guardias civiles, pero prefirió escurrir el bulto. El letrado Van den Eyden, que todavía no ha demostrado ninguna habilidad en la defensa de Junqueras, puede tener ahora un gesto de cercanía con una mujer que tiene miedo, pero prefiere no hacerlo. La condición humana, al fin y al cabo.
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