Un comisario confirma ante el juez que otro mando policial le pidió los antecedentes de los 69 diputados de Podemos

El comisario jubilado Germán Rodríguez Castiñeira, quien fuera jefe de la Brigada de Información de Madrid, ha confirmado este martes ante el juez Santiago Pedraz que otro mando de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, a quien se vincula con la denominada policía patriótica, le pidió los antecedentes policiales de 69 diputados de Podemos. Castiñeira ha declarado como imputado en la Audiencia Nacional en la causa abierta por el supuesto espionaje urdido en el Ministerio del Interior para contra la formación de izquierdas tras irrumpir en 2015 en el Congreso de los Diputados con una amplia representación. Y, según confirman varias fuentes jurídicas presentes en la comparecencia, el exjefe de Información ha detallado que García Castaño le solicitó esos datos, pero que él le cortó tajante y nunca le hizo tales gestiones.

El testimonio de Castiñeira adquiere importancia en la trama judicial que investiga la guerra sucia del Partido Popular contra su adversarios políticos como Podemos para, con la ayuda de altos cargos policiales, desacreditar al nuevo aprtido de izquierdas. En el sumario, de hecho, están incluidos los mensajes de teléfono que evidencian cómo Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y antigua mano derecha del exministro Jorge Fernández Díaz, solicitó información a García Castaño sobre miembros del partido de izquierdas. “De aquellos de Podemos que tenían antecedentes... ¿Pudiste confirmar algo?”, le preguntó Martínez a García Castaño el 30 de enero de 2016. “Pues lo pedí y voy a llamar porque no volví a preguntar. Se me pasó”, respondía el comisario. “Sería muy interesante saberlo... Y si han estado en temas abertzales, temas de extremismo violento, etc.”, continuaba el exdirigente del PP. Y añadía: “¿Digo que si los demás están limpios? ¿Tampoco violencia callejera, anarcas, etc.?”.

Esa conversación prosigue así:

García Castaño: Lo vuelvo a mirar, pero creo que no.

Martínez: Cagüenlaputa […] Alguno tiene que ser chungo.

García Castaño: Vamos a ver.

Francisco Martínez: Mira con ojos atentos.

García Castaño: Te parece poco todo lo que tienen, Castiñeira [Jefe de la Brigada Provincial de Información] tiene que tener lo que haya, porque los trabajó mucho tiempo […] Le pregunto.

Francisco Martínez: Y de los otros, ¿qué? No me mandas nada...

García Castaño: El cabrón de Germán me dice que esta tarde, porque mirar los 69, se saca, pero hay que mirar uno a uno y, claro, deja rastro.

Este intercambio de whatsapps entre el político y el mando policial fueron extraídos del móvil móvil requisado a Martínez durante la investigación del caso Kitchen, el supuesto espionaje policial ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas. El juez Pedraz admitió este febrero a trámite una querella de Podemos para investigar estas supuestas actuaciones urdidas contra el partido en el seno del Ministerio de Interior y de la Policía Nacional en época de Rajoy. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía elaboró un informe y lo envió a la Audiencia cinco meses después donde recogía cómo miembros de las fuerzas de seguridad efectuaron 6.903 búsquedas sobre integrantes de Podemos entre 2015 y 2016.

l rastreo se ejecutó desde más de 900 localizaciones de centros operativos de casi todo el territorio español por 2.726 usuarios, sin dejar claro si es número de policías. De ser así, la cifra de implicados sería excesiva y poco real, ya que equivaldría al 3,66% de la plantilla de la Policía Nacional. Las bases de datos más recurrentes son Sidenpol (sobre denuncias), Argos (sobre detenciones, antecedentes o titulares de números de teléfono) y Objetos (sobre vehículos, placas de matrículas o bienes pertenecientes a personas). No cualquier agente puede consultar estas bases de datos, en los ficheros más sensibles se exige introducir el carné profesional con chip identificativo y una contraseña. Y todas las búsquedas quedan registradas. Este informe estaba incompleto, ya que no identificaba qué agentes utilizaron las bases de datos para espiar a los diputados, qué información concreta indagaron ni quiénes ordenaron estas indagaciones presuntamente sin aval judicial.

Sobre ello, Martínez alegó que nunca le informaron a él de esas “consultas” y que, en su opinión, estas reflejan una “operativa policial normal”. A petición del magistrado, la Policía trabaja en aclararlas y, según varios análisis, varias de ellas se deben a registros automáticos por alojarse en hoteles o a labores de “contravigilancia” desplegadas por los agentes después de que miembros de Podemos denunciasen amenazas. Sin embargo, la formación política subraya que la mayoría de ellas siguen sin explicación.

El análisis de las búsquedas señala que existe una gran diferencia entre los 69 diputados: mientras que algunos contabilizan más de 900 búsquedas y otros no superan la veintena, como es el caso de Ione Belarra (líder actual del partido y entonces diputada por Navarra), Pablo Bustinduy (actual ministro de Asuntos Sociales) o Joan Baldoví (de Compromís-Podemos en las generales de 2015), que según los datos de la policía, fueron rastreados entre 13 y 15 veces. Otros políticos rastreados son Pablo Iglesias, antiguo líder de la formación, y Yolanda Díaz, actual vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda.