El juez pide más detalles sobre el posible rastreo masivo a Podemos: nombres de policías, datos obtenidos y quién dio la orden

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado este lunes a la policía que dé detalles clave sobre la investigación del espionaje a Podemos por parte del Ministerio de Interior entre 2015 y 2016. Esta solicitud llega una semana después de que la Unidad de Asuntos Internos a la Audiencia enviara como prueba de ese presunto rastreo a la formación morada un informe que contenía la lista de los diputados de Podemos que llegaron al cargo en 2015 (sus nombres, apellidos y DNI), unos ficheros de Excel con el historial de 6.903 búsquedas en esos años desde comisarías y centros de diferentes puntos de España, al menos 2.726 usuarios (además otros con un acceso general). Pero esta documentación ha resultado ser una especie de queso gruyer en el que no se identificaba a los agentes que realizaron las búsquedas, ni cuántos fueron, la información que buscaron y luego recopilaron, ni tampoco quiénes ordenaron estas indagaciones presuntamente sin aval judicial, detalles que Pedraz ha solicitado.

El juez ha insistido en que Interior debe aclarar por qué en la diligencia previa no se envió información sobre algunos diputados —de los 69 diputados de Podemos en esa legislatura que fueron investigados, la policía solo envió el de 54—; la identidad completa de los usuarios que accedieron a las bases de datos policiales; que se revisen los turnos de trabajo para quienes lo hicieran con un acceso colectivo; que se identifiquen los dispositivos utilizados, que se especifique en qué consistió cada acceso, si fue para incorporar o modificar datos o fue una consulta, y de ser así, qué se obtuvo de ella; y, finalmente, de quién fue la orden o instrucción para llevar a cabo dichas búsquedas.

La solicitud del juez llega meses después de haber admitido a trámite una querella de Podemos para investigar actuaciones concretas de Interior contra esta formación. Seguía la línea de investigación que se abrió a raíz de una conversación de WhatsApp entre el número dos del ministerio de Interior de Rajoy, Francisco Martínez, con un alto cargo de la brigada política, el comisario Enrique García Castaño. En esos mensajes el político le solicitaba al comisario encontrar algo “chungo” de todos los diputados recién electos de Podemos. La petición quedaba clara en los mensajes de WhatsApp intercambiados entre el político y el mando policial que fueron extraídos del teléfono móvil requisado a Martínez durante la investigación del caso Kitchen, el supuesto espionaje policial ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas.

“De aquellos de Podemos que tenían antecedentes... ¿Pudiste confirmar algo?”, le preguntaba la mano derecha del ministro Jorge Fernández Díaz al comisario. “Pues lo pedí y voy a llamar porque no volví a preguntar. Se me pasó”, respondía el policía. La conversación continúa sobre algunos de ellos y cuando el comisario García Castaño le responde que no han encontrado nada, su jefe, Francisco Martínez, se queja: “Cagüenlaputa (…) Alguno tiene que ser chungo”. Y le ordena: “Mira con ojos atentos”. Después de que a través de otros casos de corrupción se conocieran las intenciones de algunos altos cargos de la policía de Mariano Rajoy de dañar la reputación de los de Podemos, falta por saber hasta qué punto estuvo implicada la policía.

Tras la aportación del informe de Asuntos Internos a la Audiencia Nacional con el rastro que habían dejado las búsquedas con los apellidos de los diputados, el que fuera número dos de Interior ha alegado en un escrito al juez que las numerosas búsquedas policiales sobre 54 diputados (los que aparecen en los archivos de Excel) de Podemos no son “más que el resultado de una actividad policial normal y ordinaria, como la realizada sobre cualquier ciudadano”. “Se aportan consultas, desde distintas comisarías de toda España, que pueden tener muy variadas razones, como renovación de DNI y pasaporte, controles en aeropuertos, datos sobre hospederías (que se remiten a la policía por los propios hoteles), denuncias interpuestas por estas personas y un largo etcétera”, expone el exsecretario de Estado, que añade que los agentes se han confundido y han contado, como búsquedas de diputados de Podemos, búsquedas sobre otros ciudadanos que tenían los mismos apellidos.

El informe al que ha tenido acceso EL PAÍS, sobre el que el juez ha pedido más detalles, muestra cómo por ejemplo al entonces líder de la formación, Pablo Iglesias, lo rastrearon tres veces desde Zaragoza el 19 de junio de 2016 en las bases de datos de Sidenpol (sobre denuncias) y Objetos (sobre vehículos, placas de matrículas o bienes pertenecientes a personas). El 3 de marzo de ese año, tres veces desde diferentes puntos: la Unidad Central Inteligencia Criminal, la Brigada de Extranjería de Talavera de la Reina y la Casa Real. La policía tiene ahora que aclarar si este tipo de búsquedas responden a una actividad policial “normal y ordinaria” como alega el ex alto cargo de Interior.

Tampoco explica el informe por qué si se tratara de una actividad ordinaria y no hubiera tal espionaje, algunos diputados cuentan con más de 900 búsquedas y otros con menos de 20, como es el caso de Ione Belarra (líder actual del partido y entonces diputada por Navarra), Pablo Bustinduy (actual ministro de Asuntos Sociales) o Joan Baldoví (de Compromís-Podemos en las generales de 2015), que según los datos de la policía, fueron rastreados entre 13 y 15 veces.

Pedraz pide también en esta nueva diligencia para la instrucción del caso que la policía explique por qué enviaron los archivos de 54 diputados de Podemos en esos años y no del resto que faltan. Cita a 13 diputados que no aparecen en el informe y ordena aclarar si es que nunca se les rastreó o que, de no ser así, se aporten todos los datos obtenidos al nuevo informe.