Nieto le corta un traje al independentismo

Un buen traje, a medida, como el que lucía Artur Mas la otra tarde, lleva su tiempo. Y sin embargo, a José Antonio Nieto, el secretario de Estado de Seguridad durante la intentona secesionista, le bastaron cuatro horas para confeccionar no uno, sino dos, y de excelente factura. El primero, por acción, se lo cortó Nieto a los líderes independentistas que se sientan en el banquillo, ofreciendo datos y ejemplos para mostrar que, contraviniendo los mandatos judiciales, utilizaron a los Mossos d’Esquadra para garantizar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. El segundo traje, por omisión, se lo cortó Nieto a su antiguo jefe, Juan Ignacio Zoido.

El exministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy se sentó en la misma silla el pasado jueves, pero hizo todo lo contrario que Nieto: aseguró que no sabía nada de nada y que la responsabilidad de la actuación tan contundente de policías y guardias civiles la tuvieron los “operativos”. Su secretario de Estado, en cambio, asumió toda la responsabilidad desde los primeros minutos del interrogatorio. “Fui yo”, llegó a decir, “y lo que hicieron los agentes fue un uso legítimo de la fuerza, algo que en todos los países del mundo está autorizado en unas circunstancias como las del 1 de octubre”. Al terminar, un policía veterano que seguía la declaración desde una estancia anexa al Salón de Plenos exclamó:

—Este sí nos ha defendido. No como el otro…

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Una vez que dejó claro que, desde el 28 de septiembre al 3 de octubre de 2017, permaneció en Barcelona como máximo jefe del operativo policial, José Antonio Nieto, cordobés de 48 años, se dedicó durante más de cuatro horas a explicar que, en contra de lo que los líderes independentistas se han esforzado en repetir hasta ahora, nunca tuvieron intención alguna de colaborar con la Policía Nacional y la Guardia Civil. “La situación era bastante surrealista”, contó en referencia a una junta de seguridad a la que asistió bajo la presidencia de Carles Puigdemont, “estábamos sentados en una mesa para evitar la celebración del referéndum con quienes habían organizado el 1 de octubre”.

Hasta ahora, y después de que Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Juan Ignacio Zoido escurrieran el bulto sucesivamente en sus respectivas declaraciones, la única versión de los hechos que se había escuchado en el Salón de Plenos era la de los independentistas. José Antonio Nieto puso en circulación una historia distinta de lo que sucedió en dos momentos críticos. Los sucesos del 20 de septiembre, cuando una multitud rodeó la Consejería de Economía mientras la Guardia Civil practicaba un registro, y la actuación policial durante el domingo 1 de octubre. Hace unos días, tanto Jordi Cuixart como Jordi Sànchez, los líderes de Òmnium Cultural y de la ANC, se presentaron ante el tribunal como líderes pacifistas que permanecieron delante de la consejería para asegurarse de que la concentración multitudinaria fuera pacífica. La visión que ofreció Nieto es muy distinta.

Dijo que, ante la inacción de los Mossos, los agentes de la Guardia Civil que estaban dentro de la consejería “se vieron obligados a negociar con personas que no se sabe qué autoridad tenían en materia de seguridad ciudadana”. Esas personas con misteriosas atribuciones eran, efectivamente, Cuixart y Sànchez, los jefes de la calle, aquellos que, sin ser políticos ni policías, hicieron uso en todo momento de una extraña autoridad de facto.

Desde que llegó a Barcelona, sostuvo ayer lunes José Antonio Nieto, se percató de que “el relato independentista había conseguido darle la vuelta a la realidad”. Y puso un ejemplo: “A quien se veía que estaba haciendo algo malo era a la policía, que intentaba hacer cumplir la ley, mientras que quienes intentaban quebrantarla eran los buenos. Se estaba intentando crear una legalidad paralela para ajustarla a esa realidad paralela”.

Una distorsión de la realidad que, en cierta manera, contagia al juicio. La sesión de este lunes también pareció por momentos un mundo al revés. Daba la impresión de que se estaba analizando el desastre de operativo policial ante una desobediencia civil de dos millones de personas —alentadas por el Gobierno legítimo de esa autonomía— sin poner el énfasis en el gigantesco incumplimiento de la Ley. Los abogados de la defensa intentaban demostrar con más voluntad que acierto que los Mossos colaboraron, pero que el dispositivo montado por el Ministerio del Interior fue un despropósito. Muy interesante todo salvo en una cuestión: no es eso lo que se está juzgando. Lo que sí se juzga es si el Gobierno catalán, con la ayuda del Parlamento catalán y de determinadas asociaciones civiles, impulsaron la ruptura con España saltándose la ley y alentando a la masa a presionar con sus movilizaciones para rendir al Estado central. Pero eso, claro está, es mucho más aburrido.

Sobre todo en un juicio como este, tan mediático y tan televisado, donde todos quieren su minuto de gloria, en especial el abogado defensor Jordi Pina, inasequible al desaliento pese a los mandobles que le propina a diario el juez Manuel Marchena:

—Y no ponga esa cara de sorpresa, señor letrado. Usted sabe que tengo razón.