El PSOE recurre el bloqueo legislativo de PP y Cs ante el Constitucional

El PSOE registró este martes en el Tribunal Constitucional un recurso de amparo ante lo que considera un "bloqueo sistemático" y partidista de la actividad legislativa por parte del PP y de Ciudadanos, que tienen la mayoría en la Mesa del Congreso y deciden cuándo frenar o activar determinadas iniciativas. Los socialistas calculan que esos partidos han paralizado medio centenar de proyectos por motivos políticos. El anuncio de ese recurso, a pocos días del final de la XII legislatura, lo oficializó en el último pleno de este mandato la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, tras avanzarlo unos minutos antes en una de sus réplicas el presidente, Pedro Sánchez, y supone un conflicto institucional.

El malestar del Gobierno de Pedro Sánchez con la Mesa del Congreso no es nuevo. El ejecutivo socialista lleva de hecho en disputa desde que se conformó, antes del verano y tras la moción de censura, pero especialmente a partir de septiembre, cuando se empezó a negociar con más partidos el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. El PSOE intentó varias estratagemas parlamentarias para superar los vetos y bloqueos con que se tropezó en la Mesa del Congreso, en la que PP y Ciudadanos tienen cinco miembros frente a los cuatro de los partidos progresistas.

Sánchez, de hecho, inició sus intervenciones de este miércoles relativas al Brexit, Venezuela y las sociedades instrumentales de sus ministros con alusiones muy directas y críticas al comportamiento de la Mesa del Congreso y al bloqueo sufrido por varios de sus proyectos. Expresó también el deseo de que tras las elecciones convocadas para el 28 de abril haya una mayoría diferente en la Cámara que le permita traer, discutir y en su caso aprobar reformas que considera básicas. La portavoz socialista, Adriana Lastra, enumeró tres de esos proyectos de ley paralizados: la ley de eutanasia, la que prevé la obligatoriedad de fichar al inicio y fin de la jornada laboral para que no se explote a los trabajadores autónomos y la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que endurece las penas por corrupción.

La mayoría del medio centenar de iniciativas legislativas bloqueadas han sido aceptadas por el pleno del Congreso y tomadas en consideración, pero están paralizadas en las respectivas comisiones en los trámites de enmienda. Es ahí donde PP y Ciudadanos solicitan periódicamente que se amplíe y prorrogue el plazo de presentación de enmiendas.

El recurso de amparo presentado por el PSOE denuncia “el uso abusivo y fraudulento de la facultad de ampliación de plazos de enmiendas” como una “constante en la actividad de la Mesa de la Cámara durante la XII Legislatura, suponiendo una continua vulneración de los derechos del Grupo Socialista”.

Los socialistas citan en el recurso numerosos ejemplos, empezando por el caso del proyecto de ley que reconoce diversos derechos y medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Ese decreto se publicó como proyecto de ley en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y la Mesa del Congreso acordó su tramitación por el procedimiento de urgencia. El PSOE constata, sin embargo, que luego se produjeron hasta 27 ampliaciones del plazo de enmiendas inicialmente fijado, vulnerándose los derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional previstos en los artículos 23.1 y 23.2 de la Constitución.

Este problema lo sufre el Gobierno, pero también otros grupos de la Cámara, cuyas iniciativas también son bloqueadas por el PP y Cs. Es el caso de las más de 60 ampliaciones de los plazos para la presentación de enmiendas a la proposición de ley que busca derogar el periodo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; o la proposición para modificar el Código Penal. Los socialistas argumentan que esa actitud de prorrogar y ampliar sin fin el trámite de enmiendas, bloqueando su trámite legislativo normal, impide "que se exprese el pleno de la Cámara" y que eso significa "violentar la Constitución española y secuestrar la voluntad" del poder legislativo.