La Mesa del Congreso frena la tramitación de 36 iniciativas de la mayoría parlamentaria

No todo viene de la llegada al poder de Pedro Sánchez, pero antes de la moción de censura contra Mariano Rajoy los socialistas, los parlamentarios de Unidos Podemos y los nacionalistas acumulaban quejas contra decisiones de la Mesa del Congreso. Los socialistas cuentan hasta 36 iniciativas cuya tramitación está parada a base de prórrogas del plazo para presentar enmiendas. Con tanta ampliación se ralentizan iniciativas que una mayoría parlamentaria respaldó en el pleno para que empezaran su andadura.

Entre el listado figura una proposición de ley del PSOE sobre el registro obligatorio de la jornada de trabajo (32 ampliaciones desde el 17 de octubre de 2017); una proposición de ley de Podemos sobre el salario mínimo (63 ampliaciones desde el 22 de noviembre de 2016); iniciativa legislativa popular sobre atención a personas en situación de dependencia (53 ampliaciones desde el 7 de marzo de 2017); y así hasta 36 iniciativas. La ley de eutanasia, aunque se presentó recientemente, ha entrado también en la vía de las prórrogas.

Las quejas se acumulan sobre el caso omiso que la Mesa hace de las propuestas que formulan los grupos parlamentarios de la Cámara. El 5 a 4 que arroja la votación de la Mesa (PP y Ciudadanos superan al resto) se alza con un enorme poder ante la mayoría contraria que existe en la Junta de Portavoces y en el pleno del Congreso por los grupos que han apoyado la investidura de Sánchez. Así, las decisiones que se aprueban en el pleno por 181 votos frente a 164 chocan en la Mesa. Esa es la votación más citada en los últimos días tras el rechazo de este órgano a incluir una enmienda, en una ley distinta a la de Estabilidad Presupuestaria, para que saliera adelante con rapidez y permitiera aprobar los Presupuestos de este año. No hubo enmienda —truco utilizado por los Gobiernos del PP y del PSOE y desautorizado por la doctrina del Tribunal Constitucional— ni tampoco se permitió que la propia ley se tramitara por la vía de urgencia. Este cambio en la Ley de Estabilidad Presupuestaria es vital para el Gobierno. El objetivo es evitar que la última palabra la tenga el Senado. La modificación permitiría que esa norma vuelva a ser una ley como todas las demás, en las que el broche lo pone el Congreso. Fuentes del PP y de Ciudadanos reconocen que, por mucho que se pidan prórrogas, al ser un texto de tres párrafos tiene difícil justificación dilatarlo mucho.

Defensa del reglamento

En general, PP y Ciudadanos no creen que haya nada que reprocharles porque aplican estrictamente el reglamento del Congreso y la doctrina del Tribunal Constitucional. Las fuentes consultadas en ambas formaciones argumentan que las prórrogas a la presentación de enmiendas para las leyes no son responsabilidad de la Mesa. En todo caso, aunque tienen que solicitarlas al menos dos grupos, siempre decide la Mesa. Y en los últimos tiempos, además, esos dos grupos suelen ser PP y Ciudadanos.

Los reproches se acumulan. En la Diputación Permanente del pasado 25 de julio solo se incluyó la solicitud del PP de que Rosa María Mateo, administradora única de RTVE, pasara por la Comisión de Nombramientos, y quedaron fuera propuestas de otros grupos. En este mismo ámbito, las mesas conjuntas Congreso-Senado admitieron el recurso del exsenador del PP José Manuel Peñalosa para participar en el concurso público de RTVE, pese a incumplir el requisito de titulación universitaria fijado por las mesas.

La casuística se envuelve con la acusación severa de que la Mesa del Congreso actúa como contrapoder a la mayoría parlamentaria. “Es innegable la disociación entre el órgano administrativo de la Cámara con la mayoría parlamentaria”, reconocen fuentes jurídicas del Congreso, que se preguntan retóricamente si el espíritu del reglamento se cumple cuando la Mesa quiebra la voluntad de la mayoría.