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12 claves para entender el juicio al ‘procés’

La Fiscalía pide entre siete y 25 años de cárcel para los 12 líderes independentistas acusados

Varias personas se manifiestan frente al Palau de la Generalitat para pedir la libertad de los políticos presos, el 1 de febrero.
Varias personas se manifiestan frente al Palau de la Generalitat para pedir la libertad de los políticos presos, el 1 de febrero.

El juicio oral al procés ya está en marcha. El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros 11 líderes independentistas serán juzgados a partir de este martes en el Tribunal Supremo por el intento de secesión de Cataluña respecto al resto de España en el otoño de 2017. Esta tentativa incluyó la aprobación en el Parlament de leyes de ruptura con el Estado, la organización y celebración de un referéndum ilegal que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional, y la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017, que desencadenó la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la intervención de la autonomía catalana. El alto tribunal estima que las sesiones se prolongarán alrededor de tres meses y en ellas comparecerán más de 500 testigos. Estas son las claves del proceso.

1. ¿Qué se juzga?

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, deberá decidir si la conducta de los acusados durante el proceso de al menos dos años que culminó con la declaración unilateral de independencia encaja en los delitos de rebelión, sedición o malversación que aprecian las acusaciones. El tribunal examinará, a través de las declaraciones de acusados, testigos y peritos, así como con las diversas pruebas documentales, si en las jornadas claves del procés se dieron los elementos de “alzamiento violento” o “tumultuario” que requieren, respectivamente, los delitos de rebelión y sedición, que figuran entre los más graves del Código Penal. Los altercados e incidentes que, según la Fiscalía y la acusación popular de Vox, permiten hablar de alzamiento “violento” se produjeron principalmente en dos fechas concretas: el 20 de septiembre de 2017 y el 1 de octubre de ese año.

2. ¿Qué pasó el 20 de septiembre de 2017?

Ese día, una multitud de 40.000 personas trató supuestamente de impedir la Operación Anubis de la Guardia Civil contra los preparativos de la consulta ilegal del 1 de octubre ante la Consejería de Economía de la Generalitat. Esta operación, ordenada por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, dirigido por el ya fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer, se vio entorpecida por una masa humana, convocada por los entonces líderes de las entidades soberanistas Òmnium y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. En los altercados, dos vehículos de la Guardia Civil quedaron prácticamente destrozados por los manifestantes y la letrada del juzgado se vio obligada a salir de la Consejería a través del tejado.

3. ¿Qué ocurrió el 1 de octubre?

En esa jornada, la Generalitat de Cataluña presidida por Carles Puigdemont, aplicó las llamadas leyes de desconexión aprobadas el 6 y 7 de septiembre anterior, y organizó un referéndum de independencia. Pese a que la consulta ilegal había sido suspendida por el Tribunal Constitucional —que había puesto multas coercitivas a los miembros de la llamada Sindicatura Electoral— y prohibida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, centenares de colegios electorales abrieron ese día en toda la comunidad en un acto de desafío al Gobierno.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy respondió con la fuerza para tratar de impedir el referéndum. Miles de policías nacionales y guardias civiles, movilizados desde distintos puntos de España, cargaron contra las personas que trataban de votar en la consulta ilegal y que impedían que se llevara a cabo la orden judicial de cerrar los colegios. "Hemos hecho lo que teníamos que hacer, actuando con la ley y solo la ley", afirmó Rajoy entonces. El Govern de Carles Puigdemont cifró en 844 personas las atendidas por los servicios médicos tras las cargas —muchas de ellas por contusiones y ataques de ansiedad—. Un ciudadano perdió un ojo por la acción policial y otro fue atendido por un infarto. Según el Gobierno, 111 agentes antidisturbios resultaron heridos en esa jornada.

Los Mossos d’Esquadra permanecieron en aquella jornada en actitud pasiva pese a que también tenían el mandato judicial de evitar la celebración del referéndum en coordinación con los cuerpos de seguridad estatales. Por ello, la cúpula de la policía catalana, con el mayor Josep Lluís Trapero, está procesada por rebelión en la Audiencia Nacional. Los Mossos sostienen que actuaron así de acuerdo con la orden del juez de garantizar la “convivencia ciudadana”. La Generalitat reivindicó la validez de la consulta, en la que el sí obtuvo el 90% de los votos con una participación del 42% del censo electoral, según sus cifras.

4. ¿Quiénes son los acusados?

Los 12 líderes políticos y civiles del procés que se sentarán en el banquillo son el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los exconsellers Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa); la expresidenta de la Mesa del Parlament Carme Forcadell; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, actual diputado del PDeCAT.

5. ¿Quiénes acusan en el juicio?

Las tres acusaciones personadas en la vista son la Fiscalía del Supremo (representada en los fiscales Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno), la Abogacía del Estado (representada por la abogadas del Estado Rosa María Seoane —jefa de lo penal— y Elena Sáenz), y la acusación popular del partido de extrema derecha Vox (ejercida por el secretario general del partido, Javier Ortega, y Pedro Fernández).

6. ¿De qué se los acusa?

Los nueve acusados en prisión —Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Carme Forcadell— serán juzgados, a petición de la Fiscalía, por el delito de rebelión (la Abogacía del Estado ha rebajado el delito a sedición). Asimismo, los seis primeros, que durante el proceso independentista eran miembros del Govern, serán juzgados por malversación, al igual que los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila. Estos tres últimos no están acusados de rebelión, pero sí de desobediencia. Vox considera, además, que los 12 cometieron un delito de organización criminal.

7. ¿Por qué Carles Puigdemont no va a ser juzgado?

El expresident Carles Puigemont está huido de España desde el 29 de octubre de 2017 y se encuentra en Waterloo (Bélgica). El juez instructor del caso, Pablo Llarena, optó por retirar la orden internacional y europea de detención dictada contra él y todos los huidos, que solo serán juzgados si regresan a España. El magistrado lo hizo después de que las autoridades judiciales de Bélgica y Alemania, rechazaran la entrega de Puigdemont a España por delito de rebelión. En una situación similar están los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura, Ganadería y Pesca), fugados a Bélgica; la exconsejera Clara Ponsatí (Educación), que se encuentra en Reino Unido, y las diputadas Marta Rovira (Junts pel Sí) y Anna Gabriel (CUP), huidas a Suiza.

8. ¿A qué penas se enfrentan los 12 acusados?

La Fiscalía pide para Oriol Junqueras 25 años de prisión y de inhabilitación (la Abogacía del Estado, 12 años). Para Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, el ministerio público pide 16 años de cárcel e inhabilitación y la Abogacía del Estado, 11 años y seis meses. Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell se enfrentan a 17 años de prisión e inhabilitación a petición de la Fiscalía; para los dos primeros, la Abogacía del Estado pide ocho años y para Forcadell, diez. Estos nueve son los líderes independentistas en prisión.

Para los que están en libertad bajo fianza, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, la Fiscalía pide siete años de cárcel y 16 de inhabilitación, más una multa 30.000 euros. La Abogacía del Estado solicita para ellos, en cambio, siete años de cárcel y 10 de inhabilitación.
Por su parte, Vox pide 20 de inhabilitación para todos los acusados, además de 74 años de prisión para Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Bassa y Rull; 62 años de cárcel para Sànchez, Cuixart y Forcadell, y 24 para Borràs, Mundó y Vila. Todas las defensas solicitan la libre absolución de sus representados.

9. ¿Quiénes juzgarán los hechos?

El tribunal de enjuiciamiento está compuesto por siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Los jueces se sentarán por orden de antigüedad en el alto tribunal. En el centro, el presidente, Manuel Marchena, y a ambos lados los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer. Aunque los magistrados no han intervenido en la resolución de recursos en fase de instrucción, Marchena, Berdugo, Martínez Arrieta y Varela formaron parte del tribunal que otorgó la competencia al Supremo para investigar el papel de los aforados en el procés.

10. ¿Quiénes han sido citados como testigos?

La Fiscalía ha solicitado 256 testigos y la Abogacía del Estado se ha adherido a esas peticiones. La acusación particular de Vox ha pedido alrededor de 60. Y la defensa ha solicitado más de 400. La Sala ha aceptado la comparecencia de más de 500, entre los que se encuentran el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; el presidente del Parlament, Roger Torrent; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el expresident Artur Mas, el lehendakari Íñigo Urkullu y diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardà. En cambio, ha rechazado testificales como la del Rey (porque lo prohíbe la Ley de Enjuiciamiento Criminal), Puigdemont y otros de los procesados que están declarados en rebeldía en la misma causa.

11. ¿Cuáles son las fases del juicio?

La vista oral tendrá cuatro fases: la de cuestiones previas, la de prueba, la de conclusiones y la de informe. Al inicio del juicio, las partes podrán exponer ante el tribunal lo que estimen oportuno, como por ejemplo, la vulneración de algún derecho fundamental, y los magistrados podrán resolverlas o diferir la decisión hasta la sentencia. En la segunda etapa, se sucederán las declaraciones de los acusados, de los testigos y de los peritos, y la exposición de las pruebas documentales. Luego las partes emitirán sus conclusiones definitivas, en las que indicarán cuáles son los hechos que se han cometido, cuales son los delitos que consideran aplicables y qué penas se deben imponer por ellos.

Por último, las partes expondrán sus argumentos al tribunal en el siguiente orden: Fiscalía, abogados de las acusaciones y letrados de los acusados. Y finalmente, los acusados tendrán derecho a la última palabra para decir lo que consideren conveniente. El juicio concluirá y quedará visto para sentencia.

12. ¿Cuándo se conocerá la sentencia?

Hasta ahora la intención del Tribunal Supremo es que la vista oral termine a principios de mayo para que las sesiones no se solapen con las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. Los magistrados estiman que la sentencia estará lista antes de agosto, mes inhábil para el alto tribunal.

¿Cómo se llegó hasta aquí?

La Fiscalía sitúa el inicio del desafío independentista catalán en septiembre de 2012, cuando el entonces president de la Generalitat, Artur Mas (Convergència), pidió al Gobierno de Mariano Rajoy (PP) un “pacto fiscal”, es decir, un modelo de financiación para Cataluña mejor que el del resto de comunidades del sistema común. Rajoy dijo no. Una semana después Mas disolvió el Parlament y convocó elecciones. Dos días más tarde, el 27 de septiembre de 2012, la Cámara catalana acordó, a instancias del president, celebrar una consulta de autodeterminación en la legislatura siguiente que no sería vinculante.

Se celebró el 9 de noviembre de 2014. El Gobierno aseguró que no intervendría para evitar la votación si era un ejercicio ciudadano de “libertad de expresión”. Votaron 2,3 millones de personas (un tercio de los que tenían derecho a voto) y ganó el a la independencia con un 80,7%. Mas anunció comicios para el 27 de septiembre de 2015, en los que Convergència y ERC concurrirían por primera vez juntos en una lista única, Junts pel Sí, y centrarían la campaña en la aspiración independista.

Un año más tarde, obtuvieron el 47,8% de los votos y la mayoría absoluta de los escaños. El 9 de noviembre de 2015, el Parlament aprobó un texto que declaraba el “inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente”. Como respuesta, el Gobierno de Rajoy aprobó en solitario una reforma legal que daba al Constitucional poder para inhabilitar a cargos públicos. El tribunal advirtió al Parlament de que cualquier iniciativa vinculada a la resolución de noviembre era ilegal, y avisó de consecuencias penales. Forcadell, los diputados independentistas y el Govern —ya presidido por Carles Puigdemont, tras forzar la CUP la renuncia de Mas— ignoraron esas advertencias y aprobaron resoluciones referidas a un nuevo referéndum.

En marzo de 2017, el Parlament destinó una partida presupuestaria para la consulta, a pesar de los avisos de los letrados de la Cámara. Puigdemont puso fecha para celebrar el referéndum en junio y en septiembre la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP aprobó Ley de Transitoriedad Jurídica para activar la ruptura de España en 24 horas y sin debate parlamentario cuando se convocara la consulta. El Tribunal Constitucional la suspendió 14 días después, pero la consulta se celebró de todos modos el 1 de octubre de 2017.

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