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Las diferencias en las defensas marcan el juicio del ‘procés’

Algunos plantean un “juicio político” y fían todo a la justicia europea y otros se ven capaces de ganar la batalla jurídica

Carles Puigdemont este domingo en una reunión con Junts per Catalunya en Bruselas.
Carles Puigdemont este domingo en una reunión con Junts per Catalunya en Bruselas. EFE

Comparten los fines, que no los medios. Los abogados de los líderes del procés pretenden que sus clientes sean absueltos o esquiven, al menos, una abultada pena de prisión. Pero cada uno ha trazado su propio camino. A escasas semanas de que comience el juicio en el Tribunal Supremo, los escritos de defensa revelan estrategias divergentes en los 12 dirigentes independentistas. Hay quienes plantean un “juicio político” —que dan por perdido de antemano—y fían todo a la justicia europea. Y hay, por el contrario, los que se ven capaces de ganar la batalla jurídica y de convencer de que no hubo rebelión, sedición ni malversación.

Las alusiones a la naturaleza política del proceso judicial y a la supuesta vulneración de derechos fundamentales son una constante de casi todos los alegatos. Al frente de esa tesis se sitúa el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Sus abogados han convertido el escrito de defensa en un J'accuse al Estado. Para Cuixart, el juicio al procés no es más que un juicio contra derechos básicos (de expresión, de reunión, de autodeterminación…) cuya misión ha sido “proteger a toda costa la unidad territorial española” mediante una acción “concertada” de los “poderes del Estado”. Y cita, como tales poderes, al “juzgado 13”, a la fiscalía, a la Abogacía del Estado… y a Vox, partido “machista y xenófobo” que ejerce la acción popular.

Lo que logre uno puede valer para todos

Las defensas admiten que no hay un criterio unitario. Hay situaciones diferenciadas: no es lo mismo defender a miembros del Govern que a líderes sociales o a la presidenta del Parlament.

Pero esa divergencia de voces no es solo necesaria, apuntan, sino deseable: lo que logre uno puede valer para todos o varios de ellos, siempre que esas voces, alertan, no sean contradictorias.

La acusación de Cuixart es más hiriente para la fiscalía, a la que señala por “encubrir la tortura” y “generar impunidad” al no perseguir la actuación de los agentes de la Policía que golpearon a ciudadanos durante el referéndum del 1 de octubre. Esa es la única violencia de la que cabe hablar en el procés, insiste el presidente de Òmnium, que se presenta —igual que el exvicepresidente Oriol Junqueras— como firme defensor (y practicante) de las vías pacíficas. Cuixart, lo mismo que el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, insiste en que trataron en todo momento de que las concentraciones del 20 de septiembre en protesta por los registros judiciales discurrieran “por cauces pacíficos”.

La defensa de los Jordis, líderes de la movilización independentista en las calles, pasa por la denuncia de la vulneración de derechos y la invocación a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Lo mismo ocurre, aunque con matices, en el caso de Junqueras y de la mayoría de exconsejeros del Gobierno catalán encarcelados. Sus abogados están seguros de que no hubo delito de rebelión, pero están poco o muy poco convencidos de que sus argumentos vayan a hacer mella en los jueces del Supremo. “Todo esto se va a acabar jugando en Estrasburgo, en una segunda vuelta que será en terreno neutral”, apuntan fuentes de la defensa. Insisten esas fuentes en que una absolución con dirigentes en prisión provisional es una quimera. “Sería un escándalo”.

El hecho de que algunos acusados compartan abogado hace que sus planteamientos converjan. El penalista Jordi Pina patrocina a Sànchez y a los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, y sus escritos tienen el mismo aroma, que combina la denuncia del “proceso político” con la batalla jurídica. Andreu van den Eynde, por su parte, defiende a los exconsejeros de ERC: Raül Romeva y el propio Junqueras. En ambos casos, tratan de armar un relato propio y alternativo al de la fiscalía. “Los hechos [de la acusación] no se corresponden con la realidad”, sugiere el escrito de Turull, que tras repasar el contexto político (se remonta a la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut, de 2010) subraya, por ejemplo, que su presencia y participación durante las movilizaciones del 20-S fue “intrascendente”.

La aproximación de Joaquim Forn, exconsejero de Interior, es notoriamente distinta. Su abogado, Javier Melero —defensor del expresident Artur Mas en el juicio por la consulta del 9-N de 2014— ha negado, en declaraciones públicas, que el del procés sea un juicio político. Y ha destacado el “prestigio” del Supremo. Su escrito ahonda en negar responsabilidad en los hechos. Dice de Forn que no ha fomentado “ningún enfrentamiento ni algarada”, que llegó al Govern pocos meses antes del referéndum y que no dio instrucciones a los Mossos sobre cómo actuar ante el 1-O. El texto resalta frases suyas previas a la consulta en las que dice que los Mossos acatarán las resoluciones judiciales; lo mismo que él, añade el abogado, acató de inmediato la aplicación del artículo 155.
También Carme Forcadell, la expresidenta del Parlament, se desmarca de los momentos más calientes del procés. Recuerda que ella no convocó el referéndum y que la declaración unilateral de independencia (DUI) que se votó el 27 de octubre fue a petición de los grupos. El caso del exconsejero Santi Vila es paradigmático. Le defiende el mismo despacho que a Sànchez, Turull y Rull (Molins & Silva), aunque con otros abogados. Su escrito es brevísimo (nueve páginas frente a más de 150 de los demás) y se centra en subrayar que siempre fue partidario de “acciones políticas de consenso”.

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