Historia de un desafío en cinco actos

Lo primero que Artur Mas pidió fue dinero. El “pacto fiscal”. Casi cinco años después, el Gobierno de su sucesor, Carles Puigdemont, ha anunciado la fecha y la pregunta de un referéndum de independencia que estaría, si se celebra, fuera de la ley, y con el que pretende —si triunfase el sí—que Cataluña se separe automáticamente del resto de España. Entre medias ha habido un reguero de declaraciones de intenciones y hechos consumados con los que la Generalitat catalana ha ido asfaltando su camino. La respuesta del Gobierno del PP ha sido siempre la misma: impugnar cada envite ante los tribunales y esperar a que un día cesaran. Este es un resumen de lo sucedido en un lustro vertiginoso en el que una institución del Estado, la Generalitat, se declaró al margen de las leyes del Estado.

1. El pacto fiscal

Habían pasado dos años de la sentencia que recortó el Estatuto de Autonomía por inconstitucional —generando un fuerte rechazo en una parte de la población de Cataluña— cuando, en 2012, la Generalitat planteó su pulso. Fue el 20 de septiembre con una reunión en La Moncloa entre Mariano Rajoy y Artur Mas. El entonces presidente catalán, cuyo Gobierno, ahogado por la crisis económica, llevaba dos años aplicando profundos recortes en Cataluña —y sufriendo las protestas ciudadanas por ello—, y que acababa de pedir formalmente el rescate al Estado para poder afrontar pagos, llegó a La Moncloa con una exigencia: el “pacto fiscal”. Una reclamación que había aprobado dos meses antes el Parlamento de Cataluña y que había estado en el centro de la Diada del 11-S de ese año (la que inició el ciclo de las Diadas multitudinarias). Lo que pedía la Generalitat era un modelo de financiación para Cataluña mejor que el del resto de comunidades del sistema común, es decir, similar al vasco y al navarro. Rajoy dijo no.

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En la conferencia de prensa tras ese encuentro, Mas afirmó: “No tiene sentido obcecarse en un camino que está cerrado”. “Constatando que esto no ha ido bien, sería un error insistir. Cataluña tiene que hacer una profunda reflexión”, dijo, emplazándose a “tomar decisiones” en breve. Subrayó, eso sí, que no lo planteaba “en términos de ruptura con España”, porque “esto en Europa no se entendería” y llevaría “al aislamiento total”.

2. Cataluña, soberana

Sólo una semana después de esa conferencia de prensa, a mitad de legislatura, Mas disolvía el Parlament y convocaba elecciones. Y dos días más tarde, el 27 de septiembre, la Cámara catalana acordaba, a instancias del president, celebrar una “consulta” de autodeterminación en la legislatura siguiente. Mas detalló: “Primero hay que intentarlo de acuerdo con las leyes, y, si no se puede, hacerlo igualmente. La consulta debe producirse en cualquier caso. Si se puede hacer la vía del referéndum porque el Gobierno lo autoriza, mejor. Si no, debe hacerse igualmente”. La campaña de las autonómicas del 25 de noviembre —inicio del declive de Convergència y de la ascensión de ERC— giró así en torno a un único tema: soberanismo sí o no.

Apenas dos meses después, el 23 de enero de 2013, el Parlamento catalán aprobaba otra resolución en la que declaraba que “el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”. El Gobierno de Rajoy impugnó ese texto ante el Tribunal Constitucional y este lo anuló un año más tarde, señalando que la soberanía es de todo el pueblo español, no de una parte.

Pero, apoyándose en esa resolución e ignorando al tribunal, los partidos independentistas —para esa fechas Convergència ya lo era, tanto como siempre lo habían sido ERC y la CUP— emplearon los meses siguientes en anunciar que de una u otra forma el referéndum se haría. Crearon la Comisión del Derecho a Decidir, reservaron dinero en los presupuestos... Y en diciembre de ese año, en un acto solemne, anunciaron la fecha: 9 de noviembre de 2014. Rajoy respondió: “Garantizo que ese referéndum no se va a celebrar. Es inconstitucional”.

3. La consulta del 9-N

El referéndum se celebró, aunque con otro nombre. Mas lo convocó dos veces: primero lo llamó “consulta sobre el futuro de Cataluña”, y firmó el decreto de convocatoria de su puño y letra. Al ordenar su suspensión el Constitucional (a instancias del Gobierno), Mas rebautizó el referéndum como “proceso participativo” y ya no firmó ningún decreto: se limitó a anunciarlo en rueda de prensa, sin papeles que impugnar. Aun así el Constitucional volvió a suspenderlo. La Generalitat siguió adelante, alegando que la consulta había quedado en su fase final en manos de voluntarios, aunque todo lo fundamental estaba ya hecho: la campaña publicitaria, la compra de urnas y papeletas, las indicaciones para abrir los colegios...

El Gobierno del PP aseguró hasta tres días antes de la jornada de votación que esa consulta no se celebraría. Dirigentes del PP y del PSOE sostenían en privado que estaban convencidos de que Mas no cruzaría el rubicón de saltarse la ley y desafiar a los tribunales de forma tan expresa. Pero el jueves anterior a la consulta, cuando ya parecía evidente que Mas sí iba a cruzar esa línea, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, compareció para deslizar que el Gobierno no intervendría para evitar la votación, siempre y cuando esta fuese un mero ejercicio ciudadano de “libertad de expresión” y no hubiera una participación directa de la Generalitat.

Así que la consulta se celebró. Votaron 2,3 millones de personas (un tercio de los que tenían derecho a voto), ganó el sí a la independencia con un 80,7%. Casi tres años más tarde, en este 2017, los tribunales dictaminarían que aquella consulta estuvo siempre en manos de la Generalitat, que la cesión a los voluntarios fue una mascarada.

4. El ‘plebiscito’

Como el propio Govern había restado carácter vinculante al 9-N, lo siguiente que hizo fue volver a adelantar las elecciones autonómicas a mitad de legislatura, poniéndoles esta vez el apellido de “plebiscitarias”: Mas anunció en enero de 2015 unos comicios que se celebrarían nueve meses más tarde, el 27 de septiembre —de modo que no se habló prácticamente de otra cosa en todo el año—. Y adelantó que interpretaría el resultado como un sí o un no a la independencia. Para enfatizar esa opción, Convergència y ERC concurrirían por primera vez juntos en una lista única, Junts pel Sí, y centrarían la campaña —de nuevo— en la aspiración soberanista.

“Estamos actuando en legítima defensa ante el ataque sistemático del Gobierno y muchos poderes del Estado”, dijo el president, después de pactar con Oriol Junqueras, líder de ERC, una hoja de ruta que implicaba declarar la secesión en 18 meses si ganaban el 27-S. Ese salto sin red de Convergència dejó otro daño colateral: la ruptura de la histórica alianza democristiana CiU.

El independentismo ganó las elecciones pero perdió el “plebiscito”: Junts pel Sí y la CUP sumaron el 47,8% de los votos, aunque —en aplicación de la ley electoral— se hicieron con la mayoría absoluta de escaños. A eso se agarraron para no cejar. “No aflojaremos. Hemos ganado con todo en contra, y esto nos da una enorme fuerza y una gran legitimidad para sacar adelante este proyecto”, dijo Mas la misma noche electoral. Y Junqueras: “Tenemos una mayoría más que suficiente para sacar adelante la independencia de Cataluña”. Rajoy compareció al día siguiente: tras señalar que la independencia, además de ser ilegal, no tenía “el apoyo de la mayoría de la sociedad catalana”, ofreció a la Generalitat “diálogo y lealtad institucional”.

5. Desobediencia en cascada

A partir de ese 27-S de 2015, todo se acelera. El 9 de noviembre, el Parlamento catalán aprueba la resolución que pretende ser definitiva: un texto que declara el “inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente”, insta a desobedecer al resto de instituciones españolas (empezando por el Tribunal Constitucional) y conmina a la Generalitat a cumplir solo las leyes emanadas de la Cámara regional. El Gobierno de Rajoy también cambia el paso: aprueba en solitario una reforma legal muy controvertida que da al Constitucional poder para inhabilitar a cargos públicos. Mientras, el tribunal advierte al Parlament y a su presidenta, Carme Forcadell, de que cualquier iniciativa vinculada a la resolución de noviembre es ilegal, y avisa de consecuencias penales.

Forcadell, los diputados independentistas y el Govern —ya presidido por Carles Puigdemont, tras forzar la CUP la renuncia de Mas— ignoran esas advertencias: el Parlament aprueba resoluciones referidas a un nuevo referéndum, al “proceso constituyente”, a las tres “leyes de ruptura” para una Cataluña independiente... Llegan en 2016 las querellas de la fiscalía contra Forcadell y otros miembros de la Mesa; y las notificaciones al Govern recordándole que debe acatar las sentencias del Constitucional. Al mismo tiempo se produce el juicio a Mas y tres exconsejeros (Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau) por la consulta del 9-N. Los cuatro son condenados a penas de inhabilitación por desobediencia. Afirman: “Lo volveríamos a hacer”.

En marzo de este año, el Parlament destina una partida presupuestaria para el referéndum, a pesar de los avisos de los letrados de la Cámara. Y los partidos independentistas impulsan un nuevo reglamento para aprobar, si llega el momento, una Ley de Transitoriedad Jurídica que active la ruptura en 24 horas y sin debate parlamentario. Desde ayer hay un nuevo horizonte: otro referéndum de independencia, el 1 de octubre, que esta vez, según pretende la Generalitat, sí sería vinculante. El Gobierno de Rajoy asegura que “no se celebrará”. El envite se ha convertido en órdago.