Junts pel Sí y la CUP aprueban la ley de ruptura en una Cámara dividida

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Editorial | ‘La dignidad de Cataluña’

Lo hicieron la noche del miércoles y lo han vuelto a hacer esta medianoche, esta vez para aprobar la ley de transitoriedad con la que el independentismo pretende armar una república catalana. Junts pel Sí y la CUP impusieron su mayoría para forzar el reglamento de la Cámara y aprobar la que quieren que sea la ley suprema de Cataluña en el caso de que el sí se imponga en el referéndum del 1 de octubre. Lo han hecho a costa de un Parlamento roto en dos, en el que se ha manifestado la mayor unidad vista hasta ahora entre los cuatro grupos que integran la oposición.

El bloque independentista invocó este jueves el artículo 81.3 del reglamento y, pese al rotundo rechazo de la oposición, pasó el rodillo de su mayoría para forzar la votación primero y aprobar la ley de desconexión después. En la votación definitiva, sus 71 votos se impusieron en una cámara semivacía, de la que, otra vez, se ausentó la mayor parte de la oposición. Solo 10 miembros de Catalunya Sí que es Pot se mantuvieron en su escaño, para votar en contra.

“El pueblo tiene derecho a saber qué ha de pasar a partir del día siguiente del 1-O”, ha afirmado Jordi Orobitg (Junts pel Sí) para defender la necesidad de aprobar la ley. Desde la CUP, Benet Salellas, la ha ensalzado como “un instrumento que declare nuestra soberanía” y una forma para acabar “con el procesismo” que ha copado la política catalana en los últimos 18 meses.

La jefa de la oposición, Inés Arrimadas (Ciudadanos), ha denunciado que Junts pel Sí se ha puesto “a jugar en el campo de la CUP”, el “de la desobediencia”. Y ha acusado que la fórmula escogida para aprobar la norma se “va a cargar la legitimidad de este Parlament”. El popular Xavier García Albiol consideró el 1-O como “solo una estrategia de agitación y propaganda” al negar la posibilidad de que este se pueda celebrar.

El socialista Miquel Iceta ha censurado todo el articulado de la ley y ha cuestionado la forzada aprobación de la ley. En su opinión, esas prisas solo tienen un objetivo: “Saben que no se celebrará el referéndum y que al menos quede alguna cosa en el boletín oficial del Parlament, aunque solo sea 48 horas. Pasar a la historia aunque solo sea con una nota a pie de página”. Joan Coscubiela, de Catalunya Sí que es Pot, lamentó que en las últimas “48 horas negras” el soberanismo “se haya pulido su capital político” y hayan facilitado la “estrategia antidemocrática del PP y la criminalización del derecho a decidir”.

La de este jueves ha sido una jornada similar a la del miércoles. Maratoniana y que no ha tenido como principal escenario el hemiciclo, sino la sala donde mantienen sus reuniones la Mesa y la junta de portavoces del Parlament. Debate agrio y trabado por las continuas pausas forzadas por las peticiones de la oposición, cuyo objetivo pasaba por reforzar una imagen de aprobación anómala en un marco de desbarajuste general. El objetivo de los independentistas tampoco albergaba dudas. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, lo dejó claro en uno de los muchos encuentros de la Mesa: “De aquí no nos vamos hasta que esto se vote”. Y no ha sido hasta las 00.50.

El frente independentista hizo caso omiso, de nuevo, a un escrito del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que insistía en la potestad de los grupos parlamentarios de demandar un dictamen sobre cualquier proposición de ley impulsada desde la Cámara Catalana. El PSC anunció que también pediría amparo ante el Tribunal Constitucional para evitar la aprobación de esta segunda ley de desconexión, una suerte de norma suprema con la que se quiere activar la declaración de independencia de Cataluña, crear una república y armar una estructura institucional que define quién es el jefe del Estado, quién es catalán, cuáles son las lenguas oficiales (catalán, castellano y aranés) y, entre otras cosas, cómo se configura el poder judicial (la elección de sus figuras clave quedaría en manos del Gobierno catalán).

La victoria del independentismo con la aprobación de la ley de ruptura dejó una imagen que le debilita, la mayor unidad de la oposición desde que se puso en marcha la legislatura: La mayoría de los miembros de los cuatro partidos de la oposición (Ciudadanos, PSC, PP y Sí que es Pot) puestos de pie y aplaudiendo unas palabras de Joan Coscubiela (CSQP), miembro de uno de los grupos que más se ha aproximado a las posiciones a favor del referéndum del Govern: “No quiero que mi hijo Daniel vea que una mayoría puede tapar los derechos de los que no piensen como ella”.