El Consejo de Ministros aprueba medidas sociales en Barcelona en medio de protestas
El Ejecutivo insiste en que no ha hecho concesiones al independentismo y critica que Casado y Rivera "invoquen reiteradamente la aplicación del 155 como si fuera casi el único artículo constitucional"
Cortes de carreteras, choques entre CDR y el dispositivo de seguridad y algunos momentos de tensión que han acabado con una docena de detenidos. Barcelona ha amanecido hoy blindada por un contingente de casi 10.000 agentes para proteger el Consejo de Ministros. Pero a falta de lo que ocurra en la manifestación, el dispositivo de seguridad ha funcionado relativamente bien. Tras una semana marcada por el deshielo entre el Gobierno y la Generalitat, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha multiplicado los gestos hacia Cataluña pese a las durísimas críticas de Ciudadanos y el PP, que acusan al presidente de "irresponsable" y de "claudicar" por la reunión del jueves con Quim Torra.
Sánchez ha aprobado varias medidas cargadas de simbolismo: rebautizar el aeropuerto de El Prat como Josep Tarradellas (primer presidente de la Generalitat tras el franquismo), revocar la sentencia condenatoria del expresidente republicano Lluís Companys y conceder algo más de 100 millones para inversión en infraestructuras. El Govern, que llevaba varios días acumulando declaraciones destinadas a rebajar la tensión, ha desdeñado esas medidas. Pero el Consejo de Ministros viene a culminar una semana de cesiones por ambos bandos, destinadas a restablecer el bloque que permitió la moción de censura que llevó a La Moncloa a Sánchez, a pesar de las continuas arremetidas de Pablo Casado y Albert Rivera, líderes del PP y Ciudadanos, respectivamente.
El Gobierno ha hecho una "valoración muy positiva" de la reunión al máximo nivel del palacio de Pedralbes y del Consejo de Ministros pese a las protestas y altercados alrededor de la Llotja de Mar (el edificio donde se ha reunido el Ejecutivo) y en otros puntos de Cataluña en medio de un despliegue que no se corresponde con la normalidad a la que han apelado distintos miembros del Gobierno. La Generalitat ha reaccionado al optimismo del presidente y los ministros agrandando de nuevo la distancia con el Gobierno sin que hubieran transcurrido 24 horas del pacto del palacio de Pedralbes en el que se apostó por una vía de diálogo para resolver la crisis de Cataluña.
Un acuerdo muy criticado por PP y Ciudadanos por más que el Gobierno insista en no haber incurrido en ninguna concesión a los independentistas y en el cumplimiento de la Constitución. Entre medias, las protestas callejeras y disturbios capitaneados por los autodenominados CDR, que han condicionado la vida de la ciudad y el tránsito por carreteras de Cataluña, como consecuencia de los cortes de tráfico. Al menos 12 personas han sido detenidas en relación con los incidentes. Sectores independentistas veían además la celebración del Consejo de Ministros precisamente hoy como una provocación, ya que la fecha coincide con el primer aniversario de las elecciones autonómicas que se celebraron en Cataluña tras la aplicación del artículo 155.
La conclusión general en el Ejecutivo, como ha resumido la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, es que el encuentro de este jueves —en el que también participó junto a la vicepresidenta, Carmen Calvo, y se vieron con el vicepresident Pere Aragonès y la consellera de Presidencia y portavoz de la Generalitat Elsa Artadi— "lo que expresa es que la apertura del diálogo durante estos seis meses para resolver un problema político ha dado sus frutos con medidas concretas". La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha insistido en que servirá para "encauzar políticamente las relaciones con Cataluña" y la salida del conflicto territorial. "Queremos que la solución venga por el camino político", ha reiterado. "Para tomar acuerdos menores quizás no hacía falta venir", ha sido la respuesta que han encontrado en Artadi. Los términos y el tono empleados por la número dos del Govern contrastan con el gesto que la víspera ERC y PDeCAT tuvieron con su apoyo, fundamental, para la aprobación de la senda de déficit en el Congreso y corroboran que la aprobación de los Presupuestos de 2019 dista de estar despejada.
Frente a las críticas del PP y Ciudadanos, que acusan al Gobierno de "traición" y de no aplicar el artículo 155 de la Constitución, Batet ha remarcado que el Ejecutivo no ha realizado concesiones al secesionismo. "No existe el derecho a la autodeterminación, los derechos existen en tanto a una norma jurídica que los reconocen. No hay seguridad jurídica sin respeto a la Constitución ni al estatuto de autonomía y al resto de normas del ordenamiento jurídico”. La solución que los socialistas proponen para resolver la crisis catalana es el reforzamiento de su autogobierno.
Defensa de la España de las autonomías
En esta línea, Celaá ha reprochado a Rivera y Casado que "invocan reiteradamente la aplicación del 155 como si fuera casi el único artículo constitucional". "Su aplicación no aporta ninguna respuesta política salvo que tras su invocación se busque un afán de recentralización perpetua de la autonomía de Cataluña. Y con esto no está de acuerdo en absoluto el Gobierno. El Gobierno defiende en su integridad la Constitución, la España de las autonomías", ha subrayado.
La diplomacia floral también ha estado muy presente en el Consejo de Ministros. El Gobierno ha colocado por la mañana en distintos espacios de la Llotja de Mar flores de Pascua rojas y amarillas. También las había a los lados de la foto de familia que se ha hecho el Ejecutivo. En la reunión de Pedralbes el director de protocolo de La Moncloa, Andrés Costilludo, añadió una flor de Pascua roja a las dos amarillas —color asociado al independentismo y a su petición de que los líderes del procés en prisión salgan en libertad— que había en una mesa al comienzo del encuentro entre Sánchez y Torra.
La primera en llegar ha sido la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, una histórica del PSC. Como ella, también han acudido andando Calvo, Batet y las titulares de las carteras de Economía, Nadia Calviño, y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. Las dos habían acompañado la víspera a Sánchez a una gala organizada por la patronal catalana.
La mayoría de los ministros han llegado en un autobús poco después de las diez de la mañana al edificio elegido para la celebración del Consejo, que combina los estilos gótico y neoclásico y se encuentra a unos metros del puerto de Barcelona. El último en acceder a la Llotja de Mar ha sido el presidente, que lo ha hecho caminando con su equipo más cercano de La Moncloa, entre ellos el jefe de gabinete, Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, tras recorrer los 300 metros que le separaban del hotel en el que se había reunido previamente con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El encuentro, que no estaba previsto en la agenda, se cerró la noche anterior, después de que ambos coincidieran en una gala organizada por la patronal catalana. Como detalle, Colau le ha regalado a Sánchez el libro Barcelonas, de Manuel Vázquez Montalbán.
Alicante y Mérida, siguientes destinos del Consejo de Ministros
El Gobierno tiene decidido que los consejos de ministros no sean siempre en Madrid. La intención es evitar la vinculación con cierta idea de centralismo que, según el Ejecutivo, subyace a la reunión más importante del Ejecutivo, en la que se adoptan las decisiones que marcan el destino del Gobierno. De ahí la elección de Sevilla como sede del Consejo del pasado 26 de octubre y de Barcelona para albergar la última reunión ministerial del año.
Dentro de los guiños a las distintas sensibilidades y reivindicaciones de las comunidades autónomas, el Gobierno celebrará en Alicante el próximo Consejo de Ministros fuera de Madrid. La previsión es que sea en el primer trimestre de 2019. Para después se tiene pensado otro en Mérida. "El Gobierno busca acercarse a la ciudadanía y mostrar afecto a aquellas comunidades a las que sirve. El Consejo de Ministros no va a cejar y se va a seguir celebrando en distintas comunidades relacionándose con los ciudadanos", ha afirmado Celaá.
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