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Un juez imputa a siete mandos de los Mossos por desobediencia en el 1-O

Un juzgado de Cornellà de Llobregat cree que existen indicios fundados de que la policía autonómica no cumplió con las órdenes recibidas de impedir la consulta

Dos 'mossos', en una imagen de archivo.
Dos 'mossos', en una imagen de archivo.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cornellà de Llobregat ha imputado a siete mandos de los Mossos d'Esquadra por un delito de desobediencia cometido durante la celebración del referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. El magistrado cita a declarar, los próximos 12 y 13 de diciembre, a siete altos mandos de la policía de la Generalitat para investigar su supuesta pasividad al impedir el 1-O.

El juez inició la investigación el 4 de octubre de 2017. Tras un año de instrucción, el magistrado cree que existen “indicios fundados de criminalidad por cuanto el dispositivo policial pareciera haberse organizado con la intención de no dar cumplimiento a las órdenes judiciales recibidas y consistentes en la evitación de la votación, en cumplimiento de las correspondientes y complementarias resoluciones judiciales que la prohibían”. Tras la destitución del mayor Josep Lluís Trapero, el juez envió un requerimiento a Ferran López -el jefe de los Mossos mientras el gobierno de Mariano Rajoy retiró el autogobierno a la Generalitat con la aplicación del artículo 155- para que identificara a los responsables del cuerpo durante el referéndum. El comisario López respondió el requerimiento asegurando que además de él se encontraban al mando, aquel día, Trapero y los comisarios Joan Carles Molinero, Emili Quevedo, la jefa de asesoramiento jurídico de la dirección general de los Mossos, María Paz Martí, el comisario Francisco Javier Gámez y los intendentes Antoni Verger y Amadeu Domingo.

El juez entiende que la actuación de los ocho jefes fue “de naturaleza conjunta y colegiada, y no meramente jerárquica con un único decisor en la figura del mayor que ejerciera su poder unilateral, contando con el resto de miembros como meros oyente u opinantes, como se dirá, parece que en sus reuniones tienen voz y facultad decisoria sus miembros explicando como cada uno decide, gestiona y ejecuta en su ámbito”. Además, el magistrado ha encargado a la Guardia Civil el análisis de toda la documentación de la Prefectura de Mossos relacionada con el referéndum.

Bajo la premisa de que las órdenes en la cúpula de Mossos no eran jerárquicas, el juez investiga a los siete responsables dejando al margen a Trapero ya que su causa en la Audiencia Nacional sigue abierta.

En el auto, el juez fundamenta la imputación de la cúpula de Mossos en documentos como el acta de una reunión celebrada el 13 de octubre de 2017 en la que el comisario Molinero explica que están realizando un esfuerzo “ingente para revisar las más de 11.000 actas confeccionadas" sobre el 1-O, "pues adolecen de falta de información y actitudes poco profesionales". En esa reunión, añade el auto, otro comisario explica "cómo se están realizando informes para dar respuesta" a varios requerimientos judiciales, y para explicar actuaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cornellà acuerda estas imputaciones después de que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela rechazara asumir la causa por desobediencia que el magistrado le remitió, para que la uniera a la investigación sobre el mayor Trapero. El partido de ultraderecha Vox está personado como acusación particular. Formuló una "querella criminal por rebelión, sedición y desobediencia". La actuación de los Mossos durante el 1-O también está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell y por el Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida.

Además, Trapero, exjefe de la policía autonómica, está procesado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por los incidentes ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Conselleria de Economía y por la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre. El instructor les imputa los delitos de sedición y organización criminal.

 

 

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