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Los insumisos de las mesas del 1-O

El juez investiga decenas de denuncias por violación de datos privados en el referéndum del 1-0

El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga delitos de sedición, desobediencia y malversación derivados del procés, aglutina decenas de denuncias de personas a las que la Generalitat avisó por carta para que formasen parte de las mesas electorales del referéndum ilegal del 1 de octubre o incluyó sus datos en páginas web de Internet. "Insumisos" que se negaron a formar parte de la convocatoria electoral y denunciaron el uso de su filiación personal.

El juez tiene una pieza separada por revelación de secretos sobre este asunto; y en ellas los afectados detallan cómo se les avisó para estar en las mesas bajo apercibimiento y otras muestran su sorpresa tras ver que sus nombren y demás datos privativos figuraban en una web radicada en el extranjero. Algunos denunciantes apuntan directamente como promotores últimos de esta infracción de la Ley de Protección de Datos al expresidente Carlos Puigdemont y a su exvicepresidente Oriol Junqueras. El primero está fugado y el segundo, en la cárcel.

referendum cataluña
Unas personas se aferran a la urna, puño en alto, en el interior de la escuela Ramon Llull de Barcelona.

El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer investiga esta causa a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, adonde primero llegaron las denuncias procedentes de distintos juzgados catalanes al entender los damnificados que los instigadores últimos de este supuesto delito eran Puigdemont y Junqueras, entre otros aforados. Tras el referéndum del 1-0, algunos juzgados archivaron denuncias y otros pidieron informes a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cataluña para tratar de localizar a los responsables.

"No pensaba acudir  a ninguna mesa porque la cita era ilegal", afirma uno de los denunciantes. Otro se declara "angustiado"porque le convocaron

La Fiscalía recurrió los archivos ante el Tribunal Superior de Cataluña, bajo el argumento de que podía haber aforados en la causa. La Fiscalía, en un informe del pasado 18 de octubre en el que pedía a un juzgado de Gavá (Barcelona) que no archivase la denuncia de Isabel M.C., indicaba la necesidad de investigar las denuncias.  Hay que "realizar un mínima instrucción que permita dilucidar si los hechos denunciados constituyen infracción penal y, en su caso, [ver] ver quién o quiénes son los responsables”.

El Tribunal Superior, que lleva las causas de los aforados, dictaminó entonces que todas las denuncias se aglutinasen en el Juzgado de Instrucción 13 para que este las investigase y, en su caso, se las elevara si concluía que había aforado detrás de la web en la que la Generalitat volcó el censo electoral del referéndum ilegal del 1-0. El Juzgado 13 investiga si hubo delitos de descubrimiento y revelación de secretos. En la actualidad tiene a una treintena de imputados por este y otros delitos relacionados con el procés.

Algunos denunciantes señalan que, tras recibir las cartas instándole bajo apercibimiento a formar parte de mesas electorales, se sintieron “angustiados” porque la Generalitat utilizase sus datos y tratara de forzarles a intervenir en un referéndum ilegal.

Una policía se negó a atender una denuncia. "Vete de aquí si no quieres ir a Garjolas (cárcel en catalán)", le espetó a un ciudadano

Isabel M. C. denunció que había recibido “una carta de la Generalitat, a su nombre, que alguien había metido debajo de la puerta del edificio comunitario de vecinos”. Y que en ella se la citaba para que formase parte de una mesa, pero que ella, explica, “no pensaba ir a ninguna mesa” porque la cita electoral “era ilegal”.

Otra de las denuncias es de Jonathan M. H., vecino de Tarragona, quien asegura que su madre votó ese día y que le preguntó por teléfono si él tenía intención de hacerlo, a lo que respondió que no porque era ilegal. Y que su madre le comentó “que lo mejor es que fuese aunque votase que no”. Añade que a su madre le dieron instrucciones ese día en el colegio electoral para que pusiera el “teléfono en modo avión” puesto que el sistema telemático se caía constantemente. Cuatro horas duró la espera de su progenitora para votar, cuenta. La Guardia Civil actuó ese día contra los sistemas informáticos que habilitó la Generalitat para el referéndum.

Asegura Jonathan M. H. que sus datos, al igual que los de su madre, constaban en una web de la Generalitat y que fue a presentar denuncia ante los Mossos d`Esquadra de la comisaría que hay delante del Hospital Juan XXIII de Tarragona. Y que la agente policial que le atendió, “con el pelo rizado y castaño”, rehusó recogerle la denuncia. "Vete fuera de aquí y no la líes más si no quieres ir a Garjolas [rejas, en catalán]”. En vista de ello, acudió la Guardia Civil. Entiende que los hechos, aparte de revelación de secretos, constituyen otro delito, imputable a la agente, de omisión del deber de perseguir delitos.

Otros denunciantes, como Pilar A. S. y Arturo F. R., denunciaron que a través de una página de Internet de la Generalitat supieron “en qué colegio podían votar (…) en el referéndum, declarado ilegal y prohibido por el Tribunal Constitucional”. Y denuncian el uso ilícito de sus datos para un fin ilegal. José Francisco M. denunció, por su lado, que el 21 de septiembre de 2017 recibió en su WhatsApp una notificación para votar el 1-0. En concreto se le remitió un enlace de la web https:onvotar.garantiespelreferendum.com/onvotar, respaldada por la Generalitat de Cataluña "con sus logotipos oficiales". Esa página estaba redirigida a otra después de quedar "inutilizada” por la Guardia Civil. Según este denunciante, fue el propio expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont quien informó de los avatares que sufría esa web. La página fue desviada a un servidor situado en el extranjero para esquivar que quedase bloqueada por los ataques de la Guardia Civil.

Antonio V., natural de Sabadell, es otro de los denunciantes. Cuenta que supo que sus datos carecían de protección tras ver en un periódico digital catalán “varios enlaces que dirigían a una página web de la Generalitat”.  Antonio introdujo su DNI en esa web y salió una ventana con todos sus datos personales y se le avisaba de que debía presentarse el 1-0 en una mesa electoral “sita en la cap Rosa dels vents, de Barberá del Valles, districte: 1, sección 26, mesa: OB”, destaca.

Sorteo ilegal

Un nuevo informe de la Guardia Civil revela que la Generalitat obtuvo el censo para el 1-0 del Registro de Población de Cataluña, que contiene datos del padrón municipal y que fue usado como base censal para asignar a los ciudadanos por sorteo público la participación como miembros de las mesas electorales. El Registro de Población de Cataluña es el que tiene los datos actualizados de los vecinos inscritos en los padrones municipales de toda Cataluña. Los datos de este registro, según la investigación judicial, llegaron, entre otros, a las manos de David Palanques, quien se encargaría de tratar y distribuir esta información para el 1-0. Palanques fue uno de los arrestados el 20 de septiembre de 2017 durante el registro en la sede de la Consejería de Economía que concluyó con tres coches de la Guardia Civil destrozados.

Palanques "participó en el uso de datos personales" de al menos 56.000 personas para la celebración del citado referéndum, según el sumario. El sorteo para elegir a los convocados a las mesas se hizo el 15 de septiembre de 2017. Los datos fueron utilizados sin el consentimiento de los afectados y extraídos del Registro de Población de Cataluña.