Pintadas contra el juez que ordenó detener a altos cargos del Govern

Las pintadas aparecieron hace cosa de un mes. Primero, en el camino de ronda de Port de la Selva (Girona): en un panel informativo y en las zanjas de madera que tapan los contenedores de residuos. Más tarde, en un edificio de ese mismo municipio —de apenas 1.000 habitantes— donde el destinatario de los mensajes tenía alquilado un apartamento como segunda residencia. Las pintadas le invitaban a abandonar el pueblo. “Fora j. 13”; “M S j. 13 fora de Port”, escribieron unos desconocidos. El Ayuntamiento borró rápidamente los mensajes del paseo, muy cerca del apartamento del juez. Los de la vivienda perduraron hasta el pasado fin de semana.

Al final, “j. 13” se ha ido. No por las pintadas, sino porque el propietario de la vivienda ha decidido —sin darle explicaciones— no renovarle el alquiler. “J. 13” es una alusión a Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. No es un magistrado cualquiera. Es el responsable de la investigación que, el 20 de septiembre, culminó con la detención por parte de la Guardia Civil de altos cargos del Gobierno catalán por organizar el referéndum de secesión del 1 de octubre.

Aquellas detenciones y registros provocaron el rechazo de los independentistas, que se concentraron masivamente frente a las sedes de la Generalitat; en especial, frente a la Consejería de Economía, donde la secretaria judicial permaneció horas sin poder salir. Esos incidentes han llevado a prisión preventiva, por sedición, a los presidentes de las entidades Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Con tales antecedentes, Ramírez Sunyer no es el hombre más admirado por el independentismo. El magistrado ocupaba como segunda residencia, en régimen de alquiler, un apartamento en Port de la Selva, un pueblo de la Costa Brava cercano a la frontera francesa. Es un pueblo pequeño en el que no es difícil conocer la identidad de los vecinos. A raíz de la investigación sobre el referéndum, el nombre de Ramírez Sunyer había aparecido con frecuencia en los medios de comunicación.

El juez y su mujer acudieron a recoger sus pertenencias a la vivienda hace días. El propietario les comunicó que no les iba a renovar el contrato de alquiler. No les explicó el motivo: ni aludió a su condición de juez ni a la aparición de las pintadas. “Está en su derecho a hacerlo, pero es obvio que está relacionado”, afirman fuentes judiciales.

Ramírez Sunyer ha optado por el silencio. No ha denunciado las pintadas ni ha reclamado por el asunto del alquiler. “Ha preferido anteponer a su interés personal el interés de la causa que dirige, porque esto solo la habría perjudicado”, señalan las mismas fuentes. Las defensas de los ex altos cargos investigados han solicitado su recusación. Las grabaciones telefónicas han revelado, entre otras cosas, la escasa preparación del Govern para abordar la independencia.

La fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, se ha interesado por la situación de Ramírez Sunyer. A diferencia del juez, Magaldi sí ha presentado una denuncia después de que unos desconocidos irrumpieran en su segunda residencia en un pueblo del Pirineo y le cortaran la calefacción. Sin citar expresamente los casos de Magaldi o Ramírez Sunyer, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, denunció el miércoles en el Congreso episodios de acoso a jueces y fiscales en Cataluña.