La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de Trapero y la excúpula de los Mossos

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de Josep Lluís Trapero, exjefe de los Mossos d'Esquadra, y de tres exmiembros de la cúpula del Cuerpo: los exjefes políticos César Puig y Pere Soler, y la intendente Teresa Laplana. Los magistrados rechazan así los recursos presentados por los cuatro, investigados por los incidentes ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Conselleria de Economía y por la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre. El instructor les imputó los delitos de sedición y organización criminal.

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A través de cuatro autos, los jueces descartan los argumentos esgrimidos por las defensas y asumen la petición de la Fiscalía, que el lunes solicitó que siguieran procesados. Al referirse a Trapero, la Sala habla de las "tibias medidas de seguridad y apoyo" a la comisión judicial que acudió en septiembre a la Conselleria. "[Eso] enmascaraba una absoluta condescendencia con los hechos, pues no otra cosa resulta de la pasividad observada conociendo que el edificio contaba con la sola protección de los Mossos d'Esquadra, sin refuerzo alguno a lo largo del día", expone la Sección Segunda, que insiste en que este Cuerpo no montó el perímetro de seguridad "repetidamente solicitado" por la Guardia Civil.

Los magistrados también insisten en que las diligencias de la instructora demuestran "sin duda" la cooperación de Trapero en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Es más, afirman que la investigación revela que los responsables de los Mossos incumplieron el mandato judicial, simulando para la jornada electoral y horas previas "un dispositivo engañoso, meramente formal, con designio no solo de permitir la celebración de la ilícita consulta, sino de socavar la actuación que en cumplimiento de la Ley y las resoluciones judiciales desarrollasen los otros cuerpos de seguridad del Estado".

El auto describe, además, cómo la cúpula de los Mossos diseñó un "lento e ineficaz" mecanismo de comunicación entre los agentes y sus manos, cómo se desplegó un operativo "escaso". "Y la actuación de esos efectivos fue de total pasividad, cuando no de enfrentamiento con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado para impedir la clausura de los centros, obstaculización de sus actuaciones, falta de intervención cuando los agentes de la policía estatal eran agredidos e incluso vigilancia de sus movimientos y advertencia de su llegada a los centros de votación, frustrando o al menos dificultando su actuación", concluye la Sala.